Origen Ley de Arrendamiento de Inmobiliario para Uso Comercial.
Enviado por Abraham Tradde • 15 de Octubre de 2016 • Ensayo • 329 Palabras (2 Páginas) • 285 Visitas
ORIGEN DE LA LEY.
La Ley de Arrendamiento Inmobiliario reguló de manera especial los contratos de arrendamiento cuyo objeto fueran los bienes inmuebles. A partir de esa Ley, se concertó por primera vez en un solo texto normativo toda la regulación concerniente al arrendamiento inmobiliario, lo que reflejó el avance y especialización del Derecho Venezolano en esta materia. Esta Ley fue derogada parcialmente por la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas y por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos para el Uso Comercial, en los cuales se desarrollaron de una manera especializada las materias sobre arrendamiento de viviendas y de inmuebles comerciales respectivamente.
Asimismo, téngase en cuenta también el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación arbitraria de viviendas, según el cual se prohíbe el desalojo forzoso y la desocupación coactiva ejercida contra los arrendatarios sin que medie procedimiento previo.
La Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (LRAIUC), es un decreto Ley dictado por el Presidente de la República, en uso de las facultades que le fueran atribuidas por la Ley Habilitante. La necesidad de la Ley en esta materia viene dada por la circunstancia de que se trata de normas limitativas de derechos constitucionales; la propiedad y la libertad contractual.
En este sentido, un primer aspecto que llama a la reflexión es que a los fines de regular una materia que forma parte del ámbito de la reserva legal, el Presidente dictó un Decreto Ejecutivo, la aludida norma transitoria, la cual estuvo contenida en el Decreto 602° vigente desde el 29 de noviembre de 2013 hasta el 23 de mayo de 2014 cuando se publicó la Ley, y con este que no tenía el rango de Ley intervino transitoriamente la materia que regularía posteriormente por ley sobre la protección a los arrendatarios de inmuebles destinados al desempeño de actividades comerciales, industriales o de producción, en los términos que se exponen en la ley.
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