PARTICIPACION CIUDADANA

PARTICIPACION CIUDADANA

En las décadas de los 60, 70 y 80, la realidad de América Latina caracterizada por los regímenes dictatoriales y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, dio lugar a un importante cambio de ideas a nivel político y social. En este contexto fueron apareciendo los movimientos sociales para la defensa de los derechos humanos y la consecución de una democracia plural, en los que las mujeres estuvieron presentes desde el principio (Jelin, 1996). Sin embargo, los movimientos sociales mixtos no se caracterizaron por ser precisamente espacios inclusivos o abiertos a los planteamientos feministas sobre las desigualdades de género.

La participación de las mujeres en movimientos y agrupaciones ciudadanas, tiene antecedentes mucho más remotos. Las mujeres estuvieron presentes en las movilizaciones que dieron lugar a la constitución de los estados, tal y como hoy los conocemos. Hacia mediados del siglo XIX, pequeños grupos de mujeres de clase alta comenzaron a reivindicar el acceso a las universidades, y en la primera mitad del siglo XX aparecieron las primeras voces del movimiento sufragista que reivindicaba el derecho al voto de las mujeres, y las primeras huelgas de trabajadoras que exigían condiciones laborales dignas. Sin embargo, su importante papel en la historia ha estado invisibilizado hasta hace poco años, cuando los estudios históricos sobre la participación política de las mujeres comenzaron a poner de relieve su protagonismo en circunstancias y escenarios determinantes para la definición de los actuales sistemas democráticos (Bareiro, 1997).

Todas estas luchas por la consecución de una serie de derechos y por la igualdad de trato efectiva por parte del estado, nos acercan al concepto de ciudadanía, entendido como la pertenencia a un grupo, comunidad, sociedad o estado, y los derechos y responsabilidades que dicha membresía confiere. Es al mismo tiempo una condición – o una identidad – y una práctica o proceso de relación con el mundo social mediante el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones (Meer et alt., 2004).

La teoría de la ciudadanía hunde sus raíces en el pensamiento político occidental, concretamente en la formulación de T.H. Marshall, quien sostuvo que la ciudadanía es un status de plena pertenencia de los individuos a una sociedad y se confiere a quienes son miembros a pleno derecho de una determinada comunidad, en virtud de que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, político y social (Gordon, 2000).

Este modelo se basa en el “ciudadano universal”, un individuo con derechos, que se involucra en las instituciones de gobernabilidad o con el Estado en el ámbito público del debate político (Meer et alt., 2004). Pero tal ciudadano universal, fue concebido en realidad como un hombre blanco, occidental, heterosexual y de clase media, y todavía a día de hoy, este es el modelo que predomina en nuestras sociedades. Y eso se traduce en personas incluidas y personas excluidas e ilustra el abismo existente entre la ciudadanía formal, de derechos y deberes, y la ciudadanía real, que implica la existencia de ciudadanos/as de primera y segunda

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