POLITICAS DE ESTADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA

. POLITICAS DE ESTADO EN MATERIA DE DELINCUENCIA.

No existen soluciones fáciles al problema de la delincuencia, y en especial al de la delincuencia juvenil. Las causas de la violencia infantil y juvenil son complicadas y tienen muchos aspectos, por lo que deben afrontarse a distintos niveles y de manera simultánea por múltiples sectores de la sociedad. Esto incluye hacer frente a los factores individuales, domésticos y comunitarios y especialmente a factores mas amplios como los culturales, sociales, políticos y económicos que contribuyan desafortunadamente a la proliferación de la delincuencia juvenil.

Existen diferencias importantes en el modo en que los distintos países formulan política de intervención, una observación que podemos realizar al respecto es que en los últimos años hemos visto un cambio en las formas de pensar a la hora de hacer frente a la violencia. Durante mucho tiempo el centro de atención estaba en reaccionar a la violencia juvenil con represión y en prevenir comportamientos anormales (embarazos de adolescentes, adicciones a las drogas y el alcoholismo, así como abandono de la escuela) en vez de intentar prevenirlos implementando cambios estructurales para corregirlos.

Sin embargo el reciente brote de delincuencia juvenil ha permitido llevar a cabo más estudios del fenómeno y se han adoptado nuevos enfoques a la hora de comprender y contener el problema.

La delincuencia juvenil tiene su origen en múltiples formas de vulnerabilidad y exclusión, lo que a su vez tiene su origen en un modelo de desarrollo económico que perpetua y refuerza la desigualdad. Así los esfuerzos a nivel de la comunidad corren el riesgo de ser frustrados si no se hace frente a las causas de la delincuencia juvenil de manera pronta.

Estudios recientes de la delincuencia juvenil ´parecen estar de acuerdo en que las políticas de intervención, reformas económicas y ´programas sociales capaces de reparar esas desigualdades crónicas.

Este fenómeno incluye la introducción de políticas de redistribución de la riqueza, la promoción de formas de gobierno competentes mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo, la introducción de un sistema de seguridad social sólido y la promoción y defensa de los derechos humanos.

Dentro de las recomendaciones de políticas requieren de medidas estructurales y así hablamos de la protección social y de asistencia que garanticen beneficios a aquellos segmentos de la población que se han visto más gravemente afectados por el trastorno de la economía.

Una mejora en los ingresos tributarios que tiene como finalidad reducir el desempleo y la mejora de la capacidad de los gobiernos para recaudar impuestos y generar ingresos.

Una mejora en el gasto social en el ramo de la educación toda vez que las inversiones en capital humano, en particular en los últimos años han sido muy inadecuadas toda vez que la expansión de la educación ha sido lenta y muchas veces discriminatoria para con el sector más pobre de la población.

La generación de empleo otro factor que debería hacer frente al inmenso desafío creando nuevas oportunidades de trabajo en el mercado de trabajo formal.

El promover la inclusión a fin de que la ciudadanía tenga acceso a un mejor nivel de vida en especial de los jóvenes. Sin embargo la creación de una sociedad más justa requerirá mayores esfuerzos y en especial una voluntad política más rigurosa. La educación de los jóvenes y su evolución a ciudadanos productivos es hoy uno de los mayores desafíos que afronta el país. A pesar de que se han realizado mejoras significativas, estas no han sido suficientes y miles de adolescentes siguen viviendo en la pobreza excluidos de la sociedad y atrapados en círculos de ilegalidad e informalidad que dan como resultado la delincuencia juvenil.

Reinsertar a estos jóvenes en el grueso de la sociedad no es solo cuestión de alcanzar un crecimiento sostenible; también es cuestión de elegir un modelo de desarrollo más digno, humano y justo.

Las causas aparentes de la delincuencia juvenil no desaparecerán a corto plazo a menos de que se efectúen reformas estructurales de un modo inmediato. La delincuencia juvenil es un problema social y como tal puede combatirse mediante una política de estado, una política de intervención en donde la pobreza y la desigualdad se eliminen.

La literatura nos sugiere que pueden darse más pasos hacia la prevención y reducción de la delincuencia juvenil mediante varios enfoques diferentes. Estos incluyen esfuerzos en todos los sectores de la sociedad y en todos los niveles de gobierno mediante programas específicos para jóvenes en riesgo que impliquen la participación de todos los sectores de la sociedad. El gobierno debe coordinar esfuerzos interinstitucionales, definiendo prioridades, corrigiendo distorsiones del mercado, generando empleo y garantizando la prestación de servicios la cual no es necesaria sino drásticamente urgente. Un modelo social de desarrollo más humano y una prestación más efectiva de servicios contribuirán no solo a una mejora del crecimiento económico y el desarrollo social sino también a proporcionar un suelo fértil para la juventud mexicana.

El gobierno hoy en día debe estudiar y analizar de manera profunda la problemática de la delincuencia juvenil y con ello formular y aplicar una política de estado cuyas medidas y estrategia dentro y fuera del sistema de justicia penal para prevenir la violencia en el hogar, y todo el entorno social en el que se desenvuelve el joven y que les garanticen un trato justo a las víctimas de este tipo de delincuencia.

La política de estado debe implementar acciones de inclusión para los jóvenes, de educación y de oportunidades laborales que los alejen de la comisión de delitos, otro factor importante es el combatir la delincuencia a través del aumento de la cobertura y calidad del sistema educativo y sobre todo con el fortalecimiento de la familia, porque contribuyen en gran parte a las oportunidades

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