PRINCIPIOS PROCESALES

Todo juicio presenta una alteración de la tranquilidad y la paz social y en virtud de ellos pretende que la justicia sea administrada lo mas brevemente posible, sin alargar injustificadamente los procesos, la norma Constitucional al igual que la procesal permiten ante la solicitud de las partes o por necesidad del procedimiento, que el órgano jurisdiccional debe tomar la decisión conforme sus lineamientos, caso contrario se estaría violentando no solo el principio de celeridad, si no el derecho a una tutela judicial efectiva a lo cual está obligado el órgano jurisdiccional, de tal modo el principio de la celeridad procesal debe entenderse no como un derecho individual de la persona humana, si no como un instrumento de tutela con rango constitucional, que garantiza a todas aquellas personas que concurran ante los órganos jurisdiccionales, una justicia equitativa, sin dilataciones indebidas sin formalismos o reposiciones inútiles, conforme a lo establecido en el artículo 49, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el principio de celeridad concede el derecho a todos los ciudadanos de tener un proceso sin retraso ya que este es un derecho fundamental dirigido a los órganos jurisdiccionales, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable, en este orden de ideas resalta el principio de inmediatez donde el juez basándose en pruebas contundentes en la fase preliminar debe emitir una decisión inmediata y sin retraso alguno cuando en esta fase las partes concilian y llegan a un acuerdo favorable para ambos.

Por otra parte, el principio de concentración tiene intima relación con los principios anteriormente mencionados, pues este facilita el efectivo cumplimiento del proceso en los plazos determinados ya que permite al juez tener acceso a varios actos procesales que se conecten entre sí, permitiendo de este modo dar cumplimiento al principio de celeridad, pues al estar todas las actividades procesales unidas acelera el proceso para administrar justicia, para ello debe existir una apreciación imparcial sobre la realidad de los hechos, es por eso que el derecho procesal laboral establece una prioridad donde el juez no se conforme solo con los alegatos de las partes si no que busque ir mas allá superando aquellas practicas del pasado que constituían una verdadera estafa al trabajador por parte de su patrono, ya que esto al conformarse solo con las pruebas presentadas por parte del patrón perjudicaban al trabajador, con el principio de apreciación de los hechos se busca proteger la parte más desvalida en la relación laboral, para hacer diferencia en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse en prevalencia a lo que surge en la práctica para de tal modo conseguir una equidad entre las partes

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