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“Pena y Estructura Social”


Enviado por   •  19 de Abril de 2020  •  Apuntes  •  1.070 Palabras (5 Páginas)  •  187 Visitas

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 Los autores de “Pena y Estructura Social” afirman en el texto que el surgimiento de la forma moderna de la prisión está ligada directamente a:

a. La expansión del capitalismo como sistema de producción basado en la explotación de mano de obra disciplinada.

b. La reforma de la legislación penal ocurrida en el Siglo XVII, inspirada por los ideales de la Revolución Francesa.

c. La simplicidad y justa distribución del castigo en la forma privativa de la libertad, frente al carácter arbitrario y excesivamente doloroso de los suplicios.

2. El aislamiento en celda individual, aplicado como sanción por una infracción al Reglamento de Disciplina para Internos, puede proceder:

a. Ante cualquiera de los tipos infraccionarios establecidos en los arts. 16, 17 y 18, con una duración máxima de 10 días continuados y prorrogable por 5 más, siempre y cuando sea necesario para garantizar la integridad física del detenido.

b. Ante las infracciones graves, en celdas que no impliquen un agravamiento de las condiciones de detención, hasta un máximo de 15 días corridos.

c. Ante cualquiera de los tipos infraccionarios establecidos en los arts. 16, 17 y 18, pudiendo prolongarse hasta 20 días en tanto se cuente con la autorización previa de un médico.

3. Al reflexionar en torno de las principales problemáticas carcelarias es posible sostener que:

a. El problema de la sobrepoblación en el sistema carcelario argentino se encuentra controlado, en parte, debido al alojamiento de presos en comisarías y dependencias policiales, y de otras fuerzas de seguridad.

b. El problema de la sobrepoblación en el sistema carcelario argentino se encuentra irresuelto y exige de la revisión de las políticas públicas en materia penitenciaria y de seguridad, así como de la actuación de la administración de justicia.

c. El problema de la sobrepoblación en el sistema carcelario argentino se encuentra en vías de solucionarse ya que, en el contexto de la actual inflación punitiva, el Estado argentino ha proyectado la construcción de nuevas cárceles y establecimientos penitenciarios.

4. En la Argentina la pena privativa de libertad tiene por función declarada:

a. La incapacitación de los delincuentes, para lo que aplica un tratamiento penitenciario basado en la progresividad.

b. La reinserción social en la medida de lo posible, pero en caso de delincuentes incorregibles la Constitución Nacional y la Ley de Ejecución también permiten su neutralización como método de defensa social.

c. La reinserción social del condenado, para lo cual la Ley de Ejecución prevé la aplicación de un régimen penitenciario progresivo.

5. La incorporación de un detenido al Régimen de Ejecución Anticipada Voluntaria (REAV) previsto en el Reglamento General para Procesados (Decreto 303/96) supone:

a. La posibilidad de la persona detenida en calidad de procesada de acceder a algunas fases del régimen penitenciario progresivo, sin renunciar por ello a la instancia del juicio que determine o no su culpabilidad.

b. La posibilidad de la persona detenida en calidad de procesada de acceder a algunas fases del régimen penitenciario progresivo, siempre y cuando se comprometa a renunciar a la instancia del juicio, debiendo resolverse el proceso mediante juicio abreviado.

c. Una incorporación completa al régimen penitenciario progresivo, sometiéndose a él en los mismos términos que una persona condenada, en miras a poder solicitar salidas transitorias y libertad condicional aún sin poseer sentencia condenatoria.

6. Thomas Mathiesen considera que la pena de prisión:

a. No puede ser justificada en ningún caso y en función de ello postula su abolición.

b. Solo puede ser justificada si se aplica un tratamiento penitenciario que efectivamente logre la reinserción social de los condenados.

c. Solo puede ser justificada en el marco de un derecho penal mínimo, y con un límite de 10 años de duración máxima.

7. La pena de multa es:

a. Una pena que opera sobre el patrimonio del condenado, con objetivo reparador y que puede ser aplicada siempre que haya existido ánimo de lucro al cometer el delito.

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