Planificacion

FUNCIÓN Y POLÍTICA PORTUARIA.

Las Autoridades Portuarias están definidas en la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante.

Los objetivos de las autoridades portuarias son entre otros:

• La prestación de los servicios portuarios generales y la autorización y control de los servicios portuarios básicos

• Ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios.

• Planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios del puerto y de las señales marítimas.

• Gestión del dominio público portuario y de las señales marítimas.

• Gestión económica del patrimonio y recursos del puerto.

• Fomento de actividades industriales y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario.

• Coordinación de las operaciones de las distintas modalidades de transporte en el espacio portuario

La Autoridad Marítima de Panamá tiene las siguientes funciones:

Fungir como la autoridad marítima suprema de la República de Panamá para ejercer los derechos y dar cumplimiento a las responsabilidades del Estado panameño dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982 y demás leyes y reglamentos vigentes.

Administrar, promover, regular, proyectar y ejecutar las estrategias, normas, planes y programas que están relacionados con el funcionamiento y desarrollo del Sector Marítimo.

Promover, coordinar y ejecutar la Estrategia Marítima Nacional.

Administrar el registro de buques de Panamá.

Proponer y coordinar los planes de desarrollo del sistema portuario nacional, explotar y operar los servicios portuarios y fiscalizar aquellos que no operen directamente.

Salvaguardar los intereses nacionales en los espacios marítimos y aguas interiores.

Hacer cumplir las normas vigentes sobre dotación, formación, titulación y guardia de la gente de mar.

Velar por el estricto cumplimiento de los tratados, convenios e instrumentos internacionales en materia marítima ratificados por Panamá.

Mantener actualizado el sistema de señalización y ayudas a la navegación para el paso seguro de los buques por los espacios marítimos de Panamá

• Privatización de los monopolios.

La privatización de monopolios, con su poder para fijar precios no restringido por la competencia, está llena de problemas especiales y pone de relieve la necesidad de esquemas normativos confiables.

Cuando los gobiernos transfieren empresas estatales al sector privado, generalmente tienen una serie de objetivos: mejorar la eficiencia, reducir las obligaciones fiscales del estado, suministrar mejor servicio a los clientes, obtener beneficios de las ventas y sentar las bases para una economía de mercado competitivo.

Sin embargo, puede haber conflictos entre los objetivos. Por ejemplo, puede aumentar el beneficio de la venta para el gobierno si éste vende una empresa grande como una entidad única, mientras que si se reestructura la empresa en unidades más pequeñas aumenta la competitividad del sector y la economía, pero se reduce el beneficio de la venta.

Monopolios

Los dilemas inherentes a la privatización de los monopolios son aún más complejos. Dado que el abuso del poder del monopolio lleva a precios más elevados para los consumidores y a la subutilización de un bien o servicio, los gobiernos a menudo intervienen mediante la reglamentación de los mercados de los monopolios o, lo que es más común en muchas partes del mundo, suministran el servicio directamente por medio de una empresa estatal auto reglamentada. La privatización de tales empresas se critica con frecuencia por convertir un monopolio público en un monopolio del sector privado, donde hay riesgo de posibles abusos adicionales.

En algunos casos se pueden reestructurar los monopolios en unidades más pequeñas con lo que se erosiona su poder en el mercado. Los gobiernos también pueden crear un mercado más competitivo aplicando leyes antimonopolio y revocando la capacidad legal que sirvió para crear y apoyar el monopolio.

Para determinada clase de monopolios, sin embargo, la reestructuración no tiene los mismos efectos saludables. Estos son los llamados "monopolios naturales", que existen cuando las economías de escala son tan importantes que el tamaño óptimo de una empresa es mayor que el mercado mismo. De hecho, con los "monopolios naturales" sólo hay cabida en el mercado para una firma; la competencia no es factible o eficiente. Ejemplos tradicionales de monopolios naturales son las "industrias de redes", como las de los servicios públicos de energía, telecomunicaciones y transporte. La privatización de los monopolios naturales requiere que los gobiernos se aseguren cuidadosamente de restringir el poder de monopolio de la firma para que no pueda ser abusado por el sector privado.

• Métodos de Privatización.

Las medidas indicadas en los puntos anteriores suponen facilitar al puerto su participación en el mercado, pero sin cambiar la naturaleza pública de la gestión. La privatización portuaria en un sentido general, como el ahora analizado, es la introducción de una cultura comercial en lo que fue previamente una empresa orientada al servicio público. La nueva cultura se materializa mediante la participación, en diferentes grados, del sector privado en la gestión, inversión, propiedad y control de una actividad o servicio, cuya responsabilidad correspondía al Estado.

Se analiza aquí la privatización como una actitud ante la necesidad de introducir cambios en la gestión del puerto, en otros apartados se tratará la forma de enviarla a cabo. La privatización es un concepto amplio que comprende una gran variedad de situaciones, desde el contrato de alquiler o de gestión de un determinado servicio, a la transferencia total de los bienes del puerto al sector privado.

La privatización portuaria habitual conlleva una gradual transferencia de la gestión de determinados servicios, propiedades o bienes del puerto al sector privado. En este caso la Autoridad Portuaria controla y gestiona los servicios generales y los no transferidos, en general, no hay cambio del estatus público de la propiedad.

En cuanto al grado de participación privada en la actividad portuaria pueden considerarse dos categorías, según que el sector público siga jugando un determinado papel, o bien que no tenga función alguna. En muchos casos el puerto adopta opciones de participación en joint-venture, lo que supone que el sector público permanece en la

...