Politica fiscal EL ESTADO Y SU EVOLUCION HISTORICA EN LA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL EN GUATEMALA.

Universidad Galileo [pic 1]

Maestría en Derecho Tributario Empresarial

Curso: Política Económica y Fiscal

Lic. Carlos Colindres

Ensayo:

EL ESTADO Y SU EVOLUCION HISTORICA EN  LA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL EN GUATEMALA.

Carlos Alberto Vásquez Lara

Carné: 15000619

Guatemala 09 de Agosto de 2015.

Introducción

El Estado, como garante de la estabilidad económica y social de la nación, dispone de la política fiscal como el conjunto  de medidas económicas para participar en los procesos  productivos y distributivos mediante el gasto público y los  impuestos, incidiendo en la equidad y el bien común, los  cuales constituyen la mejora en el desarrollo humano. Las  implicaciones de una política fiscal sobre el bienestar social  pueden ser significativas en la medida en que tiendan a  mejorar los niveles de crecimiento económico y generar  fuentes de empleo, reducir los impactos de choques adversos  a la dinámica económica nacional y  propiciar efectos distributivos, atendiendo necesidades vitales  como la salud, educación, vivienda y seguridad.

Una propuesta de política fiscal en función del desarrollo humano puede constituir la base de un contrato social renovado entre la ciudadanía y el Gobierno. Para ello es fundamental proporcionar bienes y servicios públicos mejores y más justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación democrática

En el presente trabajo se revisa de la política fiscal desde el punto de vista teórico pero especialmente desde el punto de vista práctico dándole un enfoque a la efectividad y eficiencia de como debería hacer el estado para percibir sus ingresos tributarios y no tributarios y si estos son los suficiente para cubrir con las necesidad de los Guatemaltecos, el presupuesto del estado siempre crea controversia al inicio del periodo fiscal ya que nunca se llega a un acuerdo y nunca les es suficiente para cubrir las necesidades del país, eso se debe a la falta de fortalecimiento en el tema de recaudación y la distribución y buen uso de los recursos en cada ministerio, es importante señalar que Guatemala es uno de los países a nivel Latinoamérica con menor porcentaje en carga tributaria eso se refiere a que su porcentaje de recaudación en cuanto al PIB es bajo, es por ello que debe haber una propuesta de política fiscal en función del desarrollo humano puede constituir la base de un contrato social  renovado entre la ciudadanía y el Gobierno. Para ello es  fundamental proporcionar bienes y servicios públicos mejores y más justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación democrática. Un instrumento clave de la política fiscal es el gasto público, que permite desarrollar los objetivos del Estado; para ello debe presentar fortalezas financieras y potencial para reducir las asimetrías y desigualdades.

EL ESTADO Y SU EVOLUCION HISTORICA EN  LA POLITICA ECONOMICA Y FISCAL EN GUATEMALA.

EL ESTADO Y SUS ETAPAS DE DESARROLLO

Un breve recorrido en la historia de la política fiscal de los últimos 30 años, desde la crisis de la deuda hasta un esquema de mayor intervención estatal, constituye un buen marco referencial para entender la crónica debilidad financiera del Estado. En la década de los 80 del siglo XX, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se aprobó el 11 de julio de 1983 un paquete de reformas que, al exonerar al sector agro exportador, introducían el impuesto al valor agregado (IVA) por un 10%, reducido posteriormente al 7%.

Con la llegada en 1986 del primer gobierno civil electo democráticamente, surge el Programa de Reordenamiento Económico y Social, de corto plazo, que propuso fortalecer la estructura tributaria, racionalizar los incentivos fiscales, sistematizar normas de control y recaudación y concienciar a los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias.4 Los objetivos fiscales se presentaron en coordinación con los objetivos de desarrollo, que priorizaban el fomento de las exportaciones no tradicionales, la apertura comercial y la existencia de incentivos fiscales a sectores industriales. Además, en la Constitución Política de la República se planteó un nuevo rol del Estado. Todo esto conllevó a una reducción de los aranceles como elemento importante de la financiación del gasto público.

En la búsqueda del fortalecimiento fiscal, a inicios de los 90 del siglo XX, se aprobó una reforma tributaria que constituye la base del sistema tributario actual. El Estado recurrió a un impuesto extraordinario y a la emisión de bonos del tesoro de emergencia económica para atender necesidades de educación, salud, infraestructura, seguridad y deuda externa. Durante el primer quinquenio de los 90, las contracciones y expansiones del producto interno bruto (PIB) estuvieron acompañadas por la carga tributaria y el gasto público, lo cual puso de manifiesto el carácter pro cíclico de la política fiscal.

Con la firma de los Acuerdos de paz, en 1996, la política fiscal adquiere una relevancia especial para que el Estado cumpliera con sus obligaciones constitucionales. Se propuso organizar el sistema tributario como justo, equitativo y globalmente progresivo, universal y obligatorio, y estimular el ahorro y la inversión. Se fijó incrementar la carga tributaria por lo menos en un 50% respecto a la de 1995, es decir, alcanzar un 13.2% del PIB, a la fecha.6 En 1998, se creó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con el propósito de fortalecer la administración tributaria e incrementar la carga.

Los antecedentes del Pacto fiscal se remontan a octubre de 1998, cuando el Gobierno convocó un proceso de diálogo que tenía el fin de procurar la formulación de una política fiscal de manera integral y participativa. Después de una intensa y prolongada negociación, el 25 de mayo de 2000 se suscribió un acuerdo entre sectores representativos de la sociedad y los tres poderes del Estado.

 El Pacto incluyó un Acuerdo político que tenía seis componentes:

• Fortalecimiento de la administración tributaria
• El combate a la evasión y el contrabando.
• Revisión de privilegios, exenciones y exoneraciones fiscales; fortalecimiento de los ingresos tributarios.
• Garantías de cumplimiento del salario mínimo en zonas urbanas.
• Puesta en marcha de un programa de reactivación económica y social, para el estímulo del crecimiento y el desarrollo social.
• Implementación de un programa de gasto público con el objeto de consolidar el proceso de paz, el desarrollo social y la reactivación económica.

En la primera década del nuevo siglo, entre 2003 y 2006, hubo esfuerzos por parte del Estado para retomar el Pacto fiscal. Se creó una Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF), que propuso una reforma tributaria aprobada en 2004. Se sustituyó el Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias (IEMA) por el impuesto extraordinario y temporal en apoyo a los Acuerdos de Paz  (IETAAP), y se incrementó la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR). En enero de 2008, el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz formuló una Propuesta de modernización fiscal en Guatemala que retomaba el espíritu de los Acuerdos en materia de política fiscal. Durante 2009, en el marco del Programa de Emergencia y Reactivación Económica, se planteó una propuesta de reforma fiscal para obtener recursos adicionales para las municipalidades, la educación, la salud, el desarrollo rural y la seguridad. Los objetivos de esta reforma que fue modificada en más de una ocasión en 2010, aún siguen pendientes de aprobación.

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