Proyecto Alcatraz

Instituto de Estudios Superiores de Administración

Maestría en Administración

Cátedra: Introducción a la Gerencia

Las Iniciativas Sociales de Ron Santa Teresa

“Proyecto Alcatraz”

Estudiantes:

Fermín, Adelsi        C.I.: V-20.473.794

Hossne, Alfredo        C.I.: V-19.294.342

Patiño, Juan                C.I.: V- 6.127.203

Peñuela, Naylet        C.I.: V-16.604.189

Junio 2016

1.  Planteamiento del Problema

Según el Instituto Nacional de Estadística, el Estado Aragua reportó para el año 2003 que de cada 100 personas económicamente activas, 20.4 se encontraban desocupadas. Esta estadística afectaba en mayor proporción a los jóvenes entre 15 y 24 años cuya tasa de desocupación representaba 35,4% de la población. Los índices de delincuencia se ubicaban en 114 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La Hacienda Santa Teresa (propiedad de C. A. Ron Santa Teresa en adelante CARST) ubicada en la población de El Consejo, Municipio Revenga del Estado Aragua, no podía desvincularse de esta realidad. Los principales problemas que afectaban al Municipio eran el desempleo y la delincuencia.

El 15 de febrero de 2003 tres jóvenes que formaban parte de una banda de delincuentes conocida como La Placita, entraron en las  instalaciones de la Hacienda para realizar un atraco a mano armada a uno de los vigilantes. Una vez capturados, a los atracadores se les dió la alternativa de elegir entre ir a la cárcel o pagar su falta con trabajo no remunerado durante tres meses. Aceptaron esta última opción y pidieron que se incorporara al resto de los integrantes de la banda.

Las reacciones de los grupos de interés no se hicieron esperar. Para algunos miembros de la comunidad de El Consejo la iniciativa social emprendida era motivo de celos y desconfianza.

La policía del Estado Aragua era un foco de resistencia ya que la iniciativa rompía con los paradigmas tradicionales de administración de la justicia. Además, afectaba una red de corrupción que involucraba a varios de los delincuentes.

El Gobierno Nacional liderado por el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías elogió la iniciativa para apoyar a jóvenes mal encaminados.

Por otro lado, la Junta Directiva de CARST sostenía que los objetivos eran producir y vender ron, no ocuparse de la política social ni de elaborar el plan estratégico del Municipio Revenga.

2.  Análisis de la situación

Aplicaremos la teoría de Ian Mitroff  “Influencias Externas de los Administradores” y “Análisis en la Formulación de Políticas Corporativas” para el análisis de actores, la formulación de supuestos y la recomendación de las acciones a seguir.

Por su capacidad de organización

A.- Delincuentes

Análisis: Al operar en grupos estructurados que se dedicaban a robar, traficar drogas, cometer secuestros y asesinatos; eran una amenaza directa para el normal desarrollo de las operaciones de la Hacienda.

Supuesto: La delincuencia operaba fuera del control del gobierno y de la sociedad, lo que   podría causar efectos económicos y sociales adversos, como obstaculizar la estabilidad y el crecimiento de la Hacienda.

Acción: Convertir a los delincuentes en colaboradores del proyecto de CARST.

Por su opinión

B.- Comunidad

Análisis: Tiene la capacidad de impactar en forma positiva o negativa en la percepción e  imagen pública de CARST.

Supuesto: La comunidad percibe a CARST como un terrateniente centrado en la explotación de su actividad comercial sin beneficiar el entorno que lo rodea.

Acción: Coludir a la comunidad con las iniciativas sociales enfocadas en cambiar su entorno. 

Por su posición

C.- Policía

Análisis: Su función es mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos a través de la administración de la justicia.

Supuesto: La policía municipal puede rechazar y bloquear una iniciativa de manejo de delincuentes argumentando el resguardo y protección de criminales.

Acción: Identificar a los policías con los resultados favorables que se deriven de la implementación del proyecto.

Por su posición

D.- Gobierno Nacional

Análisis: En su rol de elaborador de políticas públicas es responsable del marco legal que regula la producción y comercialización de bebida alcohólicas.

Supuesto: El Gobierno Nacional, obedeciendo a intereses políticos, económicos y sociales, tiene la facultad de paralizar las operaciones inclusive plantear una expropiación.

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