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Cervecería Nacional en jaque por resolución judicial

Directivos de la Cervecería en rueda de prensa.

Accionistas conocieron ayer las medidas cautelares dictadas por el juzgado noveno de la Niñez y la Adolescencia que ordenó, el pasado 26 de noviembre, el congelamiento de fondos de la empresa, la prohibición de salida del país de sus ejecutivos, y la explotación y comercialización de sus marcas estrellas. Pílsener representa el 95% del negocio de la subsidiaria de SABMiller.

Un reclamo laboral por pago de utilidades, iniciado en 2008, impide desde hoy a la Cervecería Nacional (CN) vender sus productos estrellas: Pílsener y Club. La decisión se anunció ayer en la tarde, una vez que los ejecutivos de la empresa comparecieron ante el juzgado noveno de la Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas.

La jueza temporal de la judicatura, Pilar Calva, dispuso, el 26 de noviembre último, la retención de las marcas de cervezas, así como la suspensión de la utilización, explotación, venta, exportación y distribución de estos productos.

También ordenó la retención de los depósitos de la cervecería en los bancos hasta por 90 millones de dólares, la prohibición de la enajenación de las acciones del grupo SABMiller Latin American Limited, quien adquirió en el 2006 casi la totalidad de la Cervecería Nacional (CN). La resolución incluyó además, la prohibición de salida del país de Roberto Jarrín, Mauricio Patiño, Sandra Rivillas, Luis Ibáñez y Martha Mata, funcionarios de la empresa.

En rueda de prensa ofrecida ayer, a las 17:00, Pedro Jarrín Tamayo, presidente ejecutivo de CN, anunció que las decisiones de la jueza Calva, obligan a los directivos de la subsidiaria de SABMiller, a reducir su fuerza de empleo.

Se trata del despido de un grupo importante de los 1.700 trabajadores que tiene la empresa; no especificaron la cifra. A eso se añade que enviarán de vacaciones inmediatamente a otra parte del personal.

“Estas decisiones de las juezas dejan sin sustento a un gran número de familias ecuatorianas, que comienzan con los trabajadores de la empresa, los trabajadores de las empresas distribuidoras, los proveedores y corta los gran parte de los ingresos de 130 mil familias de tenderos, dueños de puntos de venta del país, para los cuales la venta de cerveza es un rubro importante”, dijo Jarrín.

El presidente ejecutivo de la CN, añadió que la Cervecería suspende de forma inmediata la emisión publicitaria en todos los medios de comunicación, que tenga que ver con las marcas Pílsener y Club. Con ello se posterga de forma indefinida todos los auspicios deportivos vigentes con la Selección Nacional de Fútbol y Clubes.

También se suspenden todos los pagos a los proveedores, en vista del congelamiento de las cuentas de la empresa, la recepción de materiales y servicios de estos, así como otros contratos relacionados.

Inicialmente las medidas cautelares fueron dictadas por una funcionaria temporal, lo que fue cuestionado por los representantes de la Compañía. “Es un contrasentido que una juez de la Niñez y Adolescencia, de paso temporal, ordene la paralización de una empresa y de un caso que ha sido fallado por el Ministerio de Relaciones Laborales, por tres instancias y de manera positiva a favor de cervecería”, dijo Hernando Segura, director de Asuntos Corporativos. Pero el viernes pasado la jueza titular de ese juzgado, Daisy Aveiga, ratificó la resolución de Calva.

Los ejecutivos manifestaron que aún no está clara la duración de las medidas cautelares por lo que las acciones que tomó con respecto a sus productos son indefinidas. Aclararon que solamente queda en el mercado lo que poseen por ahora los distribuidores y detallistas, hasta agotar existencia.

La CN estima que unos 1.300 tenderos distribuyen los productos Pílsener y Club. Sus ejecutivos creen que por tanto las medidas legales afectarán a similar número de familias.

“Las decisiones judiciales representan un oscuro mensaje a los inversionistas internacionales, quienes han estado pendientes del desarrollo de este proceso, y miran con mucha preocupación la inseguridad jurídica que este tipo de decisiones genera”, indicó Jarrín.

Todo empezó en el 2008

La pugna legal por el pago de utilidades de un total de 90 millones de dólares a unos 1.200 trabajadores activos y pasivos de la Cervecería Nacional se inició en el 2008, cuando un grupo de trabajadores instauró en ese año un proceso en reclamo del pago de quince años (de 1990 al 2005).

En ese tiempo, según el secretario general del Sindicato de la CN, Roberto Sánchez Torres,

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