Proyecto Nacional y Nueva Hegemonia

Estado: El Estado se define como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Poder popular: El poder popular es el ejercicio efectivo, a través de la organización y la participación real, de la amplia mayoría de un pueblo en la decisión de los asuntos básicos que le conciernen. El poder popular es más, infinitamente más que la atención de los problemas puntuales de una comunidad acotada, el alumbrado público o el adoquinado de un barrio, la resolución de un problema específico del transporte colectivo de un sector urbano, o la instalación del agua potable o la edificación de una escuela en una comunidad rural. El poder popular es la democracia real, directa, efectiva, participativa del pueblo soberano, no sólo para atender problemas prácticos puntuales sino para definir y controlar la implementación de políticas macro a nivel nacional, e incluso internacional.  Hegemonía: Se denomina hegemonía al dominio de una entidad sobre otras de igual tipo. Se puede aplicar a diversas situaciones con el mismo significado: un bloque de naciones puede tener hegemonía gracias a su mayor potencial económico, militar o político, y ejerce esa hegemonía sobre otras poblaciones, aunque estas no la deseen. Relaciones estado-sociedad de acuerdo al modelo de estado Las relaciones estado-sociedad (incluyendo su dimensión económica) se producen entre planos distintos, y en cada uno de ellos establecen un pacto de características diferentes. Por una parte, un pacto de gobernabilidad, según el cual se fijan las reglas de juego que determinan las condiciones bajo las cuales se accede a las posiciones superiores del estado y se despliega el escenario en el cual se desarrollarán las fuerzas productivas y la distribución del ingreso y la riqueza. Por otra, un pacto funcional, que establece un esquema de división social del trabajo según el cual el estado en sus diferentes niveles, el mercado y las organizaciones sociales asumen la responsabilidad de satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos. Por último, un pacto distributivo en el cual se deciden quienes participan en los frutos del progreso económico y del cual resultan ganadores y perdedores. Por lo tanto, la relación estado-sociedad es una triple relación. Pero cada uno de los planos de esta relación genera una cuestión fundamental, que forma parte de la agenda esencial del estado. Nos referimos a la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Estas son cuestiones permanentes de un modo de organización social cuyo eje ordenador es el sistema capitalista. Estas cuestiones fueron siempre las que dieron contenido sustantivo a la agenda estatal y, en última instancia, justificaron históricamente su conformación. Relaciones estado-sociedad en el estado liberal Este modelo esencialmente plantea que el estado se debe abstener de intervenir en el mercado, manteniéndose tan como  garante externo del orden social establecido. Su activación -se suponía- debía limitarse a momentos de crisis y desorden, limitándose exclusivamente a restablecer el orden del mercado capitalista. Se suponía que el mercado espontáneamente equilibraría necesidades y demandas de la manera más conveniente reduciendo derechos de los trabajadores y llevando los salarios a la baja. Como consecuencia de la lucha social llevada a cabo por las clases populares. la aplicación de este modelo agrega dos implicancias prácticas: f) Apertura a la Importación: es decir el neoliberalismo postula que el estado no debe intervenir en el mercado de modo que alcanza a toda la población ciertos estándares mínimos establecidos de bienestar. Sociedad y Estado, un desarrollo necesario: Las relaciones históricas entre la sociedad y el Estado han evolucionado según el sistema político, la naturaleza del régimen jurídico, los intereses de los grupos, el tiempo y las circunstancias colectivas presentes y futuras. El Estado ha ejercido de manera variable, acertada o desacertamente su rol frente a la sociedad. Las libertades y los derechos avanzan como conquistas irrenunciables, impidiendo que se desconozca el fin de las instituciones y el deber de protección y acatamiento que el Estado para con la sociedad. En los regímenes de gobierno democrático donde la voluntad popular es prioritaria, la sociedad adquiere su imperio como arbitro de su propio destino y significado histórico. En los modelos de democracia participativa que superan esquemas tradicionales de representación, se debe acentuar más este carácter y esta condición.   El Estado, en su concepto y en sus fines, es una forma de organización de la sociedad y no un mecanismo para sustuirla. El Estado ha de servir al colectivo y su actuación se enmarca en las atribuciones, competencias y procedimientos formalmente establecidos, con el objeto de desarrollar los principios y valores esenciales de la sociedad contenidos en la Constitución, en la historia, en el espíritu esencial de un país. La sociedad y el Estado representan entidades diferenciadas, con roles y jerarquías específicas, no cabiendo duda que por encima del Estado está la sociedad, que es el sustrato fundamental de la Nación, y en el cual reside el mandato político y la soberanía, como definición además de jurídica, social y humana. El poder político que corresponde al pueblo, se organiza y se manifiesta muchas veces a través del Estado y sus agentes cumple un mandato, sujetos a reglas ya establecidas y se rigen por un principio de responsabilidad. La autoridad del Estado es delegada y su alcance y contenido lo regula la propia Constitución, ley suprema que establece todas las competencias.   Por su origen y por su finalidad, por sus objetivos y por sus resultados, el Estado debe entenderse como parte de la sociedad y subordinado a su control en términos políticos, administrativos, colectivos, cada vez más pleno y exigente en las naciones democráticas que desarrollan y perfeccionan el ejercicio de la libertad.    En la complejidad de los sistemas políticos modernos tanto los individuos como las instituciones formulan decisiones, y se corresponde con una etapa más profunda de la democracia una evolución e implementación mayor del poder de la persona y de la sociedad organizada en todas las materias, lo cual representa la gran virtualidad de la democracia participativa, que ya en los años 80 había sido expuesta como parte de la doctrina política y que hoy se impulsa en sociedades en transformación, en Venezuela y en América Latina.    Cada vez más resulta indispensable el rol legitimador de la sociedad, el ejercicio capaz y responsable de las competencias ciudadanas, la comprensión y la inserción de la sociedad en el nuevo mecanismo institucional, la estructuración eficiente y armónica de las competencias públicas, estén en el individuo, en la colectividad o en el propio Estado.    El concepto de democracia participativa es renovador y abre espacios para el ejercicio directo de la soberanía popular, más allá del voto, en la gestión de competencias públicas y en la manifestación de la autoridad ciudadana, y que es precisamente el Estado Comunal. El mismo redefine y obliga a la transformación del propio Estado y crea nuevas instancias de participación y posibilita la estructuración de una sociedad menos dependiente.    La proclamación de esos principios en la Constitución y su adecuado desarrollo legislativo, propicia un más profundo modelo de democracia participativa que debe conducirnos a un mayor fortalecimiento de la sociedad y hacia un concepto de Estado, ya no de Bienestar, sino de Justicia con mayor equilibrio y compromiso institucional y ciudadano.  * Abogado, escritor, biógrafo del Gran Mariscal de Ayacucho    2. Estado liberal  El cambio de la administración pública patrimonial a la burocrática apoyó la formación del Estado liberal autoritario en el siglo XIX, pero el ascenso del Estado social liberal adopta la nueva gestión pública, por lo que se les asocia, como en el caso de los regímenes ultraliberales aunque no necesariamente en el de los socialdemócratas. Es social liberal porque cree en el mercado como un excelente, aunque imperfecto, agente en asignación de recursos, y ve la tercerización de servicios y la competencia administrada como excelentes herramientas de accountability.   La democracia liberal legitima encubiertamente al capitalismo en el dominio del hombre por el hombre, mediante los procesos de elaboración de las normas jurídicas que implementan las políticas económicas formuladas en beneficio de los intereses de las estructuras del poder económico de grandes corporaciones y del capital financiero especulativo transnacionales que dominan el mercado internacional.   La democracia liberal representativa que promueve el neoliberalismo económico como la forma idónea de organización política, queda marcada en una profunda crisis de legitimidad. Así, al modelo de Estado liberal en donde predominó el Derecho y la herencia liberal del Siglo XIX, sucede al modelo de Estado corporativo que tiene problemas para incorporarse plenamente al sistema democrático y acaba presentándose como una democracia corporativa.  La democracia es un concepto dinámico y evolutivo, cuyos principales modelos son el liberal y el republicano. En el modelo liberal de democracia en que se conjuntan los intereses particulares de los ciudadanos en la economía de mercado, es por tanto un instrumento para que los individuos desplieguen sus derechos subjetivos negativos que garantizan el ámbito de actuación y acción política de los individuos sin que sean coaccionados y, a su vez, una igualdad legal.  Los componentes del concepto de la democracia liberal son: el control del Estado (sus decisiones y asignaciones se fundamentan en las autoridades electas); un poder ejecutivo limitado por otras instituciones estatales autónomas; el respeto y reconocimiento de derechos a las minorías culturales, étnicas y religiosas; multiplicidad de canales de comunicación, expresión y representación de los intereses partidistas y de grupos, etc.    Prats (2001) señala que algunos de los componentes de la democracia liberal consisten en que las autoridades electas tienen la facultad de tomar las decisiones, hacer las asignaciones y el control del Estado; instituciones autónomas estatales limitan al poder ejecutivo; resultados electorales inciertos; se reconocen ciertos derechos a las minorías; los ciudadanos son iguales en derechos políticos, tienen libertad de conciencia, opinión, discusión, etc., y usan como canales de expresión y representación de sus intereses a los partidos políticos y a las elecciones; se tienen fuentes alternativas de información, etc.  El desarrollo político o governance ocurre en todas las instancias del sistema político y orienta los cambios con fundamento en la democracia liberal. La implantación de un sistema democrático liberal requiere de cultura política e instituciones. De acuerdo con Prats (2002),   «El mensaje del neoinstitucionalismo económico es una buena nueva para la democracia liberal: en las condiciones actuales las instituciones necesarias para definir y garantizar los derechos individuales requeridos para el mayor y mejor desarrollo económico, no sólo son compatibles sino que son las mismas necesarias para disponer de una democracia duradera» (Olson, 1993; citado por Prats, 2002).   Un asociacionismo denso en un medio ambiente político y económico que propicie el respeto de los valores e intereses de todos los actores sociales, son las condiciones básicas de todo sistema liberal democrático. Las actividades de la sociedad civil consolidan la democracia a partir de formas asociacionistas definidas por valores liberales. Un sistema político liberal fuerte que se oriente hacia la democracia, no necesariamente requiere de una sociedad civil también fuerte, pero sí apoyarse en valores liberales que fortalecen las estructuras políticas, de tal forma que tienda a equilibrar las diferencias económicas y sociales que crea el mercado.  En las democracias liberales, los partidos son los intermediarios entre la sociedad y el gobierno descubriendo, aunando y seleccionando intereses. Los políticos que quieren permanecer en su puesto emplean políticas que los conducen a resultados de corto plazo pero que pueden tener funestas consecuencias a largo plazo. En un proceso político instrumental se agregan las preferencias de los ciudadanos en el sentido más restringido del término.  Este modelo de democracia liberal representativa se encuentra en agotamiento en parte debido a que las decisiones de la mayoría se convierten en una dictadura de una clase política que supuestamente es capaz de canalizar las preferencias individuales. Los sistemas de representación democrática están balanceados a favor del poder político que ejercen los grandes intereses y que nulifican las bondades de la democracia liberal porque inciden en la falta de compatibilidad entre los conceptos de igualdad moral y jurídica con una creciente y profunda desigualdad social.   No obstante, desde una perspectiva procedimental, la democracia liberal representativa no satisface los requerimientos de un sistema político democrático en el que todos y cada uno de los miembros de la comunidad participan activamente en los procesos de elaboración de normas. La soberanía que debe residir en el pueblo, ahora recae sólo en los legisladores quienes una vez elegidos no mantienen vínculos de comunicación con sus electores. La democracia liberal representativa sustrae de los ciudadanos su derecho de decisión política para establecer la voluntad colectiva. Esta conceptualización de democracia liberal representativa es contradictoria, pues los ciudadanos no participan en la elaboración de normas que luego están obligados a cumplir.  3. El liberalismo económico del modelo neoliberal de globalización  Es el mercado el eje de un sistema mundial único inducido por procesos de globalización bajo principios del liberalismo económico que eleva las libertades del individuo hasta lograr su aislamiento. La globalización representa la fase más avanzada del desarrollo capitalista del cual se benefician las elites económicas mediante los procesos de integración global sustentados en el neoliberalismo como una doctrina de ideología económica y política. La elite económico-política y sus agentes realizan campañas para legitimar la ideología neoliberal del capitalismo transnacional que promueve el libre mercado.  Las corrientes neoliberales y neoestructuralistas alcanzaron un cierto nivel de consenso en sus propuestas sobre las funciones del mercado y del Estado en la década de los noventa del siglo pasado, basándose en el reconocimiento de que son elementos complementarios más que antagónicos, capaces de desarrollar una relación armónica facilitadora de procesos de desarrollo.  El neoliberalismo se impuso como la mejor alternativa al agotamiento del periodo de mayor crecimiento expansivo de la economía mundial después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1970, considerado como la «era de oro del capitalismo» con un alto crecimiento económico global caracterizado por la expansión industrial de países de la periferia capitalista y con el fortalecimiento de las economías de los países socialistas. La emergencia de la OMC es una fuerza para la liberalización comercial mundial. La forma y la velocidad en que la liberalización ha ocurrido, no es un buen indicador de que esta fe en la liberalización y la no discriminación necesariamente se alcancen.   El neoliberalismo como modelo hegemónico del capitalismo a escala global, fue asumido e impulsado por Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos con el apoyo de las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, quienes promueven políticas de liberalización económica y financiera, desregulación, privatización, apertura de las economías al mercado mundial, precarización de las relaciones de trabajo y retracción de la presencia del Estado en la economía.  Las instituciones financieras internacionales son parte de las extensiones de las redes formadas por los Estados imperialistas para mantener la supremacía política y económica sobre los Estados neocoloniales, los cuales se subordinan a sus dictados, siguen el modelo de corte neoliberal y se convierten en los actores más dinámicos a favor del proyecto hegemónico.    Las relaciones entre Estado, sociedad y mercado se han redefinido en las últimas décadas para lograr el equilibrio fiscal, bajo un enfoque político cultural denominado neoliberalismo caracterizado por un retiro forzado del Estado de las actividades económicas que se concentran en el mercado el cual es considerado como el mejor instrumento para asignar los recursos sociales, liberador de las relaciones sociales y para disciplinar los comportamientos sociales. Para los neoliberales, el Estado debe jugar un papel subsidiario, mientras que la sociedad civil se conforma mediante un conjunto de organizaciones y agrupaciones de individuos que en forma voluntaria logran objetivos conjuntos.   El papel del mercado en el desarrollo es revalorizado por el proyecto neoliberal que, bajo una cultura de la desigualdad (Calderón, 2000), apela al mercado como el único, natural y eficiente distribuidor de los beneficios y oportunidades de desarrollo para los individuos; lo considera como el reconstructor del orden socio político y económico para lo cual subordina al Estado, la sociedad y el régimen político en una dinámica que tienen efectos perversos para el desarrollo. Pero los procesos de globalización económica empujados por la competencia abierta de los mercados globales bajo el modelo neoliberal de desarrollo, desafían las formas de gobernabilidad institucional de los estados-nación, presionan para que tenga lugar la liberalización y desregulación de los sistemas económicos y financieros, promueven la privatización de amplios sectores de empresas públicas e instituciones de investigación y educación superior, las adaptaciones de políticas ambientalistas y sociales, entre otros.  El neoliberalismo disuelve las fronteras nacionales a favor de un proyecto global mediante la ejecución de un programa de reestructuración económica que conlleva, a su vez, la reestructuración política que redistribuye el poder entre el Estado y la sociedad hacia los grupos locales con mayor orientación transnacional. El neoliberalismo se caracteriza principalmente por promover el libre mercado, la eliminación del gasto público por los servicios sociales, desregulación, privatización, la supresión del concepto de bien público o comunidad. En la segunda mitad del siglo pasado se sucedieron tres reformas del Estado: la administración burocrática y no patrimonialista; las reformas de la primera generación del Estado que redefinen sus funciones bajo el modelo de desarrollo basado en la liberalización económica: y las reformas de la segunda generación orientadas al desarrollo y perfeccionamiento democrático institucional del sistema político burocrático mediante mecanismos de comunicación y organización entre el Estado y la sociedad. Las nuevas formas de organización postfordista neoliberales se fundamentan en los avances de la revolución técnico-científica que transforman las barreras espaciales y temporales para acelerar los patrones de generación, reproducción y acumulación del capital. La inminente crisis fiscal del Estado benefactor propició a mediados de los ochenta las reformas denominadas como de «primera generación» que se orientaron a lograr el crecimiento económico mediante una política de liberalización económica, la redefinición de las funciones y reducción de tamaño del Estado, y por ende de sus costos, transfiriendo la responsabilidad de dirección de la nueva estrategia de desarrollo al mercado y a los particulares. Las instituciones financieras internacionales que actúan como agentes de la elite económico política, redefinieron el desarrollo en los ochentas como «una participación exitosa en el mercado mundial» que incluye una política de amplia liberalización (Robinson, 2000), basado en la «rearticulación de cada país a los mercados mundiales a través de la introducción de nuevas actividades económicas ligadas a la acumulación capitalista.» En la década de los ochenta se presentan las reformas denominadas de la primera generación que redefinen y reducen las funciones del Estado bajo un nuevo modelo de desarrollo dirigido a lograr un crecimiento económico orientado por la liberalización económica. La reforma neoliberal de Estado implica la reducción de la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, las cuales se transfieren a los gobiernos locales. Ideológicamente, la reforma del Estado se define como la reducción de su tamaño y sus funciones para lograr mayor eficiencia y eficacia. Las reformas a la arquitectura financiera global son un elemento importante en los procesos de liberalización y desregulación que tienen costos diferenciales. Las reformas comerciales y financieras deben ser vistas como medios para el desarrollo humano y para la eliminación de la pobreza global. En este contexto, surgen las propuestas de políticas neoliberales que retoman los principios y tesis clásicas del liberalismo económico promotoras de una libertad económica como ideología hegemónica del mercado, y que transforman la economía mundial en diferentes grados conforme a la región y al país.    La región puede continuar siguiendo el mismo curso de los eventos de integración creciente en la economía global capitalista bajo la continua influencia de la ideología neoliberal y de los regímenes civiles moderados de derecha. El consejo ofrecido por el Banco Mundial en las dos últimas décadas pasadas sobre la reforma a la política comercial, se basó parcialmente en la promoción de las exportaciones particularmente en la agricultura.    El poder capitalista o hegemónico cuenta con los recursos y el poder para imponer, como una hegemonía transnacional, las reglas del desarrollo del capitalismo global a través de estructuras supranacionales. La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece. Los gobiernos de los Estados imperialistas transnacionales y las instituciones financieras internacionales de mayor influencia, comparten un concepto del desarrollo global y del alivio de la pobreza centrado en la expansión económica sin límites de los mercados abiertos y de la liberalización del comercio. Los neoliberales rechazan el estatismo como una deformación de las funciones del Estado que asume las funciones de la sociedad y de los individuos. El modelo de desarrollo neoliberal con su estrategia que favorece a los capitalistas estimula la formación y funcionamiento de una sociedad civil motivada en los valores democráticos que se contraponga a las decisiones autoritarias del Estado, y reduzca sus funciones para dar más campo de acción al libre mercado. Los indicios empíricos de la teoría económica neoliberal «contradicen por completo» las principales premisas y los resultados del análisis económico.    El modelo hegemónico neoliberal multiplica los mecanismos de libre mercado bajo una concepción de política de valores y relaciones mercantilistas para gobernar una sociedad mediante el condicionamiento y cooptación de intelectuales, fuerzas sociales, partidos políticos y gobiernos. El modelo neoliberal de globalización sólo concibe la coordinación de mercados anónimos para la asignación global de los mercados.    Los procesos de destrucción creativa del capitalismo, según Schumpeter, explican con más acierto el desarrollo del capitalismo internacional en su fase superior, la globalización, que la interpretación neoliberal de Hayek cuando expresa que «el empresario, bajo su responsabilidad, decide qué produce, qué servicios ofrece y cómo lo hace; en la actividad empresarial, es totalmente libre.» Bajo el modelo hegemónico neoliberal, los empresarios asaltan al Estado y concentran el poder económico y político. ESTADO DEMOCRATICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA Escrito por jnblanco 26-03-2008 en General. Comentarios (2) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, en  el articulo 2  consagra que ”Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.  Esta constitución democrática compromete su existencia axiológica en el privilegio que le asigna a los derechos humanos como derechos fundamentales caracterizados por la universalidad de sus titulares. Las funciones esenciales del Estado Social coinciden el Estado de Derecho, los pactos, tratados y convenios suscritos por Venezuela. Su finalidad radica en crear, conservar y comprometerse a materializar esos derechos para satisfacer las demandas y necesidades de sus habitantes para lograr el bienestar general. Por ello, la justicia, la educación, la salud, la seguridad social, el propender a un desarrollo integral de la sociedad y del individuo, el establecimiento y la protección de los derechos humanos, siendo funciones indelegables del Estado. Aquellas que pueden acometer con mayor eficacia y eficiencia en la medida en que podríamos decir que son inherentes a la persona humana, es decir funciones que cuadran al estado en virtud de los fines y medios que estén a su alcance, asi como la mejor preparación de sus actores gubernamentales para ejecutar las tareas que la Constitución y las leyes de la República le emanan. Por lo tanto, el Estado venezolano en tiempos de la modernidad, estimula a sus conciudadanos a fomentar el espíritu de solidaridad, responsabilidad y ponderación en sus acciones ante otros organismos que no se inscriben en la función social.  En este sentido, el cumplimiento de su función debe avocarse a orientar y apuntalar a la sociedad hacia la protección de los derechos humanos. No basta establecer bases teóricas y leyes para el entendimiento de estos derechos, sino que debe ir más allá, hasta llegar a la función de educar, proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les han sido conculcados sus derechos humanos.   La justicia social comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables de acuerdo al tipo de organización de la sociedad en general, o en su caso, de acuerdo a un colectivo social determinado. Comprende por tanto el tipo de objetivos colectivos que deben ser perseguidos, defendidos y sostenidos y el tipo de relaciones sociales consideradas admisibles o deseables, de tal manera que describan un estándar de justicia legítimo. Un estándar de justicia sería aquello que se considera más razonable para una situación dada. Razonable significa que determinada acción es defendible ante los demás con independencia de sus intereses u opiniones personales, esto es, desde una perspectiva imparcial; así, para justificar algo hay que dar razones convincentes que los demás puedan compartir y comprender.  Es tambien un término utilizado para referirse a las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población. Alejandro Korn sostiene que la justicia social es un ideal que solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social[1] . Algunos estudiosos[2] , sostienen que el concepto «justicia social» se corresponde con la «justicia distributiva» de Aristóteles, en tanto que la noción de «justicia conmutativa» del estagirita, corresponde a la idea clásica de justicia, en la sociedades modernas. Algunos de los temas que interesan a la justicia social y a las políticas socio-económicas son la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado del bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos laborales, entre otros. El porder Popular en la formación de una bueva hegemonía Por: Juan Antonio Montenegro  El fortalecimiento y consolidación del poder popular en Venezuela ha sido impulsado de manera acelerada mediante la constitución de una nueva estructura social, que desde diciembre 2010 dispone de una plataforma legislativa solida compuesta por cinco (5) Leyes Orgánicas: Ley del Poder Popular, Ley de las Comunas, Ley de Planificación Publica y Popular, Ley de Contraloría Social y Ley del Sistema Económico Comunal. Estas iniciativas legislativas forman parte de las directrices estratégicas trazadas en el Primer Plan Socialista o Proyecto Nacional Simón Bolívar para el periodo 2007-2013, dando lugar a que el poder popular avance como pueblo legislador, haciendo leyes desde su conocimiento y necesidades, apegado a su realidad en los lugares donde viven y trabajan como ciudadanos.  Así mismo se da cabida, al sujeto social emancipado, colectivo, que coopera, que es solidario dentro de una lógica democrática, dirigiendo su interés hacia el logro de la suprema felicidad social; contribuyendo a alcanzar un gran proyecto histórico Bolivariano de libertad, igualdad, solidaridad y desarrollo de la vida humana plena, como producto de la acción voluntaria, consciente y aplicada, entendido este como un proceso en construcción permanente que toma en consideración la interculturalidad como piedra conceptual fundante de una nueva racionalidad plural y multidimensional. La construcción de las comunas populares concebido como espacio de acumulación de fuerzas propias y con una práctica política orientada cada día,  a que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho de la soberanía y desarrollen la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del Estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia; además teniendo como objetivo la construcción de poder propio y simultáneamente dirigida a la destrucción y  neutralización de la estructura de poder hegemónico, de sus medios y modos de dominación. La apuesta es construir redes y nodos de articulación social basados en la profundización de la democracia y la participación de los protagonistas, y en relaciones horizontales entre los diferentes actores, mediante estructuras flexibles, abiertas, capaces de articular a los actores sociales y políticos diversos, a los ciudadanos organizados y a los no organizados; su ejercicio implica la superación de las tradicionales relaciones verticalistas-subordinantes implementadas al interior de las organizaciones sociales y políticas, y desde ellas hacia la sociedad. Lo fundamental consiste en no imponer políticas, objetivos y vías, ni suplantar los procesos colectivos de toma de conciencia, tanto a lo interno de la organización como en su relación con otras organizaciones sociopolíticas. Como señala Dussel (1999), “La subjetividad es más que conciencia, es el vivenciar lo que acontece (…) en la realidad”.  Es decir, la subjetividad contiene la conciencia pero no se reduce a ella.  Este proceso de organización social tiene como referencia la unidad como camino y premisa para alcanzar el propósito de conquistar el poder, construyendo puentes articuladores entre los actores y sujetos sociales fragmentados, entre sus problemáticas, propuestas y aspiraciones; permitiendo recrear el ámbito y el sentido de lo político, haciendo de la política una actividad colectiva, protagonizada centralmente por el pueblo que habita y es gestor de su propio desarrollo en sus comunidades.  Se plantea construir una nueva mística, recuperar la confianza, los afectos y desarrollar lazos solidarios, desplegando la batalla cultural con el desarrollo de  estrategias de comunicación a través del manejo directo de medios alternativos comunitarios a objeto de disputar el sentido común de la población; lo cual significa instalar las propuestas alternativas y el deseo de vivir de un modo diferente como parte del sentir, el pensar y el hacer cotidiano del pueblo, permeando todos los espacios para avanzar en el desplazamiento de la ideología y el pensamiento  liberal-burgués, abriendo paso hacia una cultura de solidaridad y paz vertebrando una nueva intersubjetividad revolucionario-liberadora. patria_buena@yahoo.com

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