Reformas que ha hecho Venezuela Interpretando a Lindemann y Llambí

Reformas que ha hecho Venezuela Interpretando a Lindemann y Llambí (2001), El 17 de diciembre de 1984 es creada la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), en consecuencia con el VII Plan de la Nación, en cuyo enunciado parece anunciarse como próximo paso. Según se expresa en el decreto, se irá a un “Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos”. Ramón J. Velásquez es designado presidente de la COPRE. Se inicia un amplio proceso de consultas a distintos sectores de la sociedad para recoger sus opiniones y sugerencias. A resultas de esto, la COPRE logra una amplia aceptación y consigue el respaldo de diversos grupos de opinión. A finales de 1985 comienzan a ser presentadas las propuestas: “Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela”; “Reformas inmediatas del Poder Judicial”; “Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela”; “Lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela”. Un documento producido por este organismo, “Propuestas para reformas políticas inmediatas” es rechazado por el gobierno debido a que sale a la luz pública antes de su aprobación. Con esto disminuye el entusiasmo gubernamental por la COPRE, a pesar del importante lugar que ha alcanzado como escenario de debate y de intermediación social. El documento propone la elección popular, directa y secreta de los gobernadores de estado; profundización de la democracia en los partidos; reformas a la Ley Orgánica del Sufragio, y reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en la cual se contempla la creación de la figura de los alcaldes. Acción Democrática no mira la propuesta con simpatía, por lo que el Parlamento demora su discusión hasta que finalmente alega falta de tiempo para considerarlo en el

Reforma Administrativa(Unidad IV) 9/18 período de sesiones que concluyen con la presidencia de Lusinchi. No obstante, en julio de 1988 el Congreso aprueba la Ley de Régimen Municipal que crea la figura del alcalde y en agosto, la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, y la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados. En diciembre de 1989 se realizan las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes regidas por esta ley. Los dos aspectos más conflictivos del programa de ajuste fueron la desregulación de los mercados agrícolas y la apertura económica. En 1990 el gobierno decidió la apertura casi total de la economía nacional. Sin embargo, ya en 1991, tuvo que dar marcha atrás y reestablecer alguna forma de protección para algunos productos agrícolas, ahora juzgados "vulnerables", y para algunos alimentos ahora juzgados "básicos". Así, se estableció una nueva lista de alimentos básicos, cuyos precios serían controlados por el estado, aunque se mantenía la desregulación del resto de productos del sector. Por un largo período, esta constituyó la política agrícola de facto, ya que cualquier otra forma de intervención fue juzgada inadecuada en un país que implementaba una política comercial sectorialmente "neutra". En febrero 1991 el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron un préstamo de ajuste sectorial: el Programa de Inversión para la Transformación del Sector Agrícola (PITSA), con tres componentes principales: 1) un programa de inversión público; 2) un programa de reforma de las políticas públicas que abarcaba una reforma comercial y la desregulación del sector financieros y de los principales mercados de insumos y productos agrícolas; y 3) un programa de fortalecimiento del sector público agrícola que incluía, además de un plan de catastro de tierras, la reducción del empleo público en el sector, la transferencia de algunos servicios hacia los gobiernos subnacionales (descentralización territorial), y la transferencia de otros servicios hacia la empresa privada (privatización). El gobierno sabía perfectamente que estas reformas sectoriales generarían una fuerte oposición política por parte de la mayoría de los agricultores, quienes verían en peligro los beneficios logrados durante el modelo económico anterior. Por lo tanto, a fin de garantizar la irreversibilidad de las reformas se diseño una estrategia de atar las políticas a compromisos con la banca multilateral y a acuerdos internacionales. A pesar de estos esfuerzos, ya en junio de 1991 la persistencia del clima de inestabilidad política, particularmente en el medio rural, produjo un retroceso parcial en algunas de las políticas del programa de ajuste estructural. Estos retrocesos demostraban la gradual pérdida de legitimidad social y política del programa, exactamente lo mismo que se buscaba evitar desde el inicio. En junio 1993 el Congreso nombró un Presidente interino a fin de que culminara el período de gobierno iniciado por el presidente depuesto. La elección de la nueva administración manifestaba el consenso social que para ese momento existía en el país de que el programa de ajuste macroeconómico y de reforma del estado debía ser revisado en su totalidad. De modo que, el nuevo gobierno sancionó un programa de ajuste revisado, que ahora buscaba una apertura económica selectiva y negociada y el regreso a algunas formas de intervención en los mercados domésticos; aunque estas medidas sólo se planteaban como temporales. Por el contrario, el gobierno interino juzgaba prioritario el fortalecimiento de la descentralización territorial iniciada algunos anos antes. En 1993, el gobierno interino decidió transferir a los estados un gran número de responsabilidades, incluyendo algunos servicios de apoyo al sector agrícola. Sorpresivamente, algunos gobernadores resistieron la transferencia de muchas de estas funciones hasta tanto el gobierno central no procediera a su previa reestructuración. El temor de los gobernadores era que más bien se transfirieran deudas, así como la carga de unas nóminas de funcionarios públicos excesivamente onerosas. Por otra parte, los intereses electorales de corto plazo de algunos gobernadores favorecían la transferencia de los servicios sociales "urbanos", ya que incluso en los estados que dependen de la agricultura, la mayoría de la población habita en centros urbanos. Por el contrario, una descentralización de facto de algunas funciones por parte de algunos gobiernos locales (estaduales y municipales) también tuvo lugar. La mayoría de los gobernadores decidió, por ejemplo, la creación de agencias públicas regionales completamente nuevas, más que la transferencia de las ineficientes agencias centrales. Para esto, diseñaron organizaciones que, en gran medida, que contrataban a empresas privadas y a organizaciones no- gubernamentales (ONGs) la prestación de los servicios. Fenómeno éste que en la literatura académica ha sido bautizado como "tercerización". El resultado final, muchas veces, fue el surgimiento de múltiples conflictos jurisdiccionales y el solapamiento de funciones por parte de organizaciones públicas de diferente tipo y origen. En 1994 un nuevo presidente fue electo, dando lugar a una tercera etapa de reformas. Algunos días después de la transmisión de mando, sin embargo, el sector financiero colapsó, amenazando no sólo la estabilidad de los demás sectores de la economía sino también de todo el sistema democrático de gobierno. La estabilidad política, y no el ajuste macroeconómico, pasó a ser la prioridad de la agenda gubernamental. Esta vez, la peligrosa coexistencia de una crisis política y una económica, se utilizó como argumento no solo para un regreso temporal a los controles, sino también para la postergación de gran parte del programa de reforma del estado. El fondo inter-gubernamental para el financiamiento de la descentralización (FIDES), creado anteriormente por el gobierno interino, se convirtió en el principal motivo de discordia. Para el GC, la prioridad era reducir el déficit fiscal público, mientras que para los gobernadores la creación del fondo era el logro más importante de todo el proceso de reforma. Aún así, el GC logró convertir el poder de negociación que le permitía el FIDES en una poderosa palanca para morigerar la hostilidad de los gobernadores estaduales. Paralelamente al proceso de descentralización "desde abajo", liderizado por los gobernadores estaduales, surgió también un programa de descentralización "desde arriba" centrado en la municipalización, y auspiciado por el GC y los organismos multilaterales. En 1994 el Banco Mundial y el Ministerio de Agricultura dieron inicio a un Programa de Extensión Agrícola (PEA), basado en una supuesta fórmula de cofinanciamiento GC-gobernaciones estaduales- municipios-agricultores. A fin de acceder a los recursos proporcionados por el BM al GC, muchos alcaldes se apresuraron a crear agencias municipales de extensión agrícola, siguiendo los lineamientos del programa. No obstante, a muchos otros, y a pesar de que sus municipios eran rurales, el programa no les interesó. Un fenómeno que revelaba el sesgo urbano que aún poseían muchos gobiernos locales. El PEA fue diseñado a fin de dar cuenta de dos importantes debilidades en el anterior programa de reforma. Primero, la necesaria reconversión productiva de los sistemas productivos a fin de dar cuenta de las redefinidas ventajas comparativas locales como resultado de la apertura económica. Una reconversión que sólo podría ser lograda si se establecía un fuerte vínculo entre, por una parte la investigación agrícola, y por otra la diseminación de la información tecnológica y de mercados. A nuestro juicio, los parciales resultados del PEA sólo pueden ser explicados si tomamos en cuenta que el programa de Investigación Agrícola no ha podido ser reorganizado en función de la demanda, y que la mayoría de los agricultores han refutado vincularse a estos programas (menos aún pensar en financiarlos) ya que están aún a la espera de resultados concretos. Existen, no obstante, otros casos de exitosa descentralización en el sector público agrícola. El más importante, a nuestro juicio, ha sido la transferencia de facto (no de jure) del manejo de los pequeños sistemas de irrigación (mayormente en la región andina), anteriormente bajo la autoridad de agencias regionales del Ministerio de Agricultura. La transferencia ha sido sólo de facto, debido al no ejercicio por parte del Ministerio de las responsabilidades que anteriormente le competían en el manejo de los sistemas, no porque se haya tomado ninguna decisión sino debido a insuficiencia presupuestaria. Este ejemplo nos permite ilustrar otro importante aspecto del proceso. El súbito retiro del GC, como consecuencia de las reformas, no solo ha dado como resultado la creación de importantes vacíos sino también la ausencia de una estrategia de desarrollo agrícola coherente, capaz de establecer prioridades, y por lo tanto coordinar las iniciativas sectoriales de los gobiernos subnacionales. Durante 1998-99 comenzó una cuarta etapa del proceso de reforma. El viejo sistema de partidos políticos finalmente colapsó y una nueva Constitución fue aprobada. Aún es demasiado prematuro decidir hacia donde dirigen las nuevas

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