SEGURIDAD CIUDADANA EN AMERICA LATINA

Y aunque hoy no puede negarse el papel que puede jugar el sector privado en la movilización de esfuerzos para controlar la inseguridad, ello deberá ser siempre bajo la guía y el liderazgo del aparato público. Si hay algo claro es que la débil capacidad de respuesta del Estado está originada, entre otras, en una gran debilidad institucional del sector público para generar seguridad, que ha de concebirse como un "bien público" cada vez mas preciado y escaso.

Mas aún, la potestad del Estado debe ser consecuencia de su fortalecimiento en el nivel local, debido a los efectos nocivos de la violencia en el ámbito de la gobernabilidad municipal y urbana. Uno de los mayores impedimentos para el desarrollo local es la violencia urbana. Esta afecta directamente a más del 75% de la población latinoamericana, que se encuentra en las ciudades. Sin perjuicio de las competencias del Gobierno Central para la definición de las políticas de seguridad, cada día se hace más urgente combinar adecuadamente esas políticas con los nuevos instrumentos de la descentralización y los mecanismos de la participación ciudadana en el nivel municipal. Hablar de seguridad ciudadana al margen del fortalecimiento de la gestión de los gobiernos locales es ignorar una dimensión central del problema.

La etiología del crimen

El crimen en su doble connotación, como síntoma de las fragilidades del Estado de Derecho y del sistema judicial, y como patología social, compromete a muy diversos agentes, dada la multiplicidad de causas que lo generan. Por ejemplo, si los marcos de socialización son ineficaces y la estructura del capital social es endeble, el crimen florecerá de manera casi silvestre. Los métodos que aplican las ciencias sociales y particularmente la estadística criminal, aunque todavía incipientes, pueden demostrar por ejemplo que en el caso latinoamericano mas de un 70% de la población penitenciaria son hombres, que viven en ciudades, en condiciones de pobreza, y son menores de treinta años. De allí se podrían derivar relaciones de causalidad entre el crimen, la migración a las urbes, el género y la juventud, que no necesariamente corresponden a una secuencia lineal [8]. Valga resaltar de entrada que el uso de estadísticas e indicadores no goza todavía de la legitimidad pública por su falta de integralidad, periodicidad, objetividad, y a veces de consistencia, ante la falta de intercambio de información entre las agencias involucradas en este sector.

Un caso concreto es el debate en el que se pretendía establecer una correlación entre los niveles de pobreza y las tasas de criminalidad. Si las correlaciones se dieran tan puntualmente como algunos lo predicaban, la criminalidad de los Estados Unidos, que es cuatro veces superior a la de Europa y Canadá, implicaría que los niveles de desarrollo y crecimiento económico fueran en Estados Unidos muy inferiores frente a estas últimas. Ello se trae a colación porque, aparte del grado de desarrollo y de los niveles de pobreza, nunca deben desestimarse el impacto que tienen la multiplicidad de variables que intervienen en este problema. De hecho, en América Latina los países más pobres de la región no son necesariamente los más violentos, ni los mas desarrollados son necesariamente los menos violentos. Sin embargo, que esa relación no sea lineal no pone en cuestión las evidentes repercusiones que tiene la inequidad y la violencia social generada por la exclusión, como factor de criminalidad. Como lo ha demostrado Mauricio Rubio en el estudio ya citado, existe la categoría del "pandillero rico" que desvirtúa la relación entre la capacidad de ingreso y la tendencia a delinquir. Sin perjuicio de lo anterior, resulta claro que la apertura política y los espacios que ha abierto la democratización en la región latinoamericana, son condiciones necesarias -a lo mejor no suficientes- para disponer de estrategias efectivas de lucha contra el crimen y la violencia. En consecuencia, debe reafirmarse la necesidad de diferentes respuestas y acciones simultáneas para enfrentar la criminalidad. Esto último, porque las bases fundamentales del Estado de Derecho, y las condiciones de predecibilidad, libertad, apertura política y seguridad económica que le son propias aparecen de nuevo interactuando mutuamente.

En el plano de la política criminal, la ocurrencia de más de tres millones de crímenes violentos en los Estados Unidos cada año, ha llevado a nuevas aproximaciones científicas que ameritan su tratamiento como epidemia. Sin embargo, ese constituye sólo un aspecto de la intrincada problemática de la violencia. De nuevo, la visión útil pero limitativa de la salud pública debe aparecer complementada por otro tipo de racionalidad, sobre todo en el campo de la gestión pública de una política criminal del Estado que no sólo debe apuntar a la represión.

El Estado democrático de derecho como punto de partida

Las condiciones de un Estado de Derecho que suponen, entre otras cosas, previsibilidad, seguridad jurídica, vigencia efectiva de los derechos fundamentales ciudadanos, apertura política, transparencia, rendición de cuentas, etc... son esenciales para fundamentar cualquier estrategia contra la violencia, tanto a nivel preventivo como represivo [9].

La criminalidad refleja de manera alguna el grado de impunidad con que la sociedad retribuye a quienes protagonizan la trasgresión de las leyes. La gran debilidad institucional de las agencias del poder ejecutivo en esta áreas, de los poderes judiciales y la escasa eficacia de las herramientas normativas e institucionales de la justicia penal a la hora de enfrentar el crimen y la violencia son limitantes reales del Estado de Derecho. Como ya se ha dicho, el grado de disposición de la sociedad para sacrificar sus libertades individuales a cambio de seguridad es un dilema propio de sociedades en transición que golpea con fuerza la gobernabilidad democrática. Esa disposición al sacrificio de libertades fundamentales debería ser cada vez menor, y su aparente relación de causalidad con la eficacia de fuerzas represivas es un círculo vicioso que debe romperse desde políticas públicas democráticas, eficaces, transparentes y de mediano y largo plazo.

El sistema de justicia está llamado a cumplir en esa dirección un papel que apunta en dos direcciones: por una parte, como instancia de resolución de conflictos, y por otra, como dispositivo de respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. Desafortunadamente, la

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