UNION CIVIL

ntes de escribir sobre la propuesta de la unión civil entre personas de la misma preferencia sexual en el Perú, considero pertinente expresar, lo más claramente que pueda, mi posición sobre estos vínculos. Creo que el Estado no debe intervenir, de ningún modo, en la unión entre dos personas para convivir. El Estado no debe sancionar ni entrometerse en la relación privada más íntima de dos seres humanos, como no debe hacerlo cuando compran una casa, adquieren un seguro, o deciden en qué colegio deben estudiar sus hijos. Por ende, a mi entender, la tarea correcta que un liberal debería acometer al respecto es la de luchar por privatizar las uniones civiles entre dos personas, del mismo modo que debería combatir por la privatización de la educación pública o de los servicios médicos a cargo del Estado.

Por supuesto, la unión entre dos personas de la misma preferencia sexual se incluye dentro de los vínculos en los que el Estado no debería intervenir. Desde una perspectiva liberal o libertaria, la vida más íntima de ninguna persona puede ser objeto de una pesquisa, reconocimiento o sanción por parte del Estado o los particulares. Nunca. Eso comprende, por cierto, a los que hacen pública su preferencia sexual; peor todavía, sin ser consultados por ella. Los que creemos en la libertad, respetamos su privacidad y no estamos interesados en saberla.

Ahora bien, las uniones privadas a las que aludo pueden ser entre dos personas, o varias; entre personas de la misma o distinta preferencia sexual; entre personas que hayan transformado su apariencia por la de una mujer, o un varón; por un tiempo o por toda la vida; para que una mantenga al otro, o viceversa; un varón y una mujer (o varias mujeres) unidos por toda su existencia según la religión que profesan; y un larguísimo etcétera, sin que a nadie interese o importe los términos de tales vínculos más que a los involucrados.

Esa perspectiva que acabo de describir someramente no se encuentra por ningún lado en la propuesta que se promueve por estos días en el Perú. Tal como está planteada, la iniciativa busca que el Estado sancione un vínculo de convivencia adicional al del matrimonio y el concubinato, con privilegios exclusivos para un tipo específico de preferencia sexual. En consecuencia, no es una defensa a favor de la libertad; es a favor de la coerción. Si, como los activistas de esta proposición sostienen, “nadie, ni siquiera aquello llamado ‘Estado’ o ‘Iglesia’ puede imponerte formas de vida” prescribir una nueva forma de vida —más preciso decir, de convivencia mutua— entre dos personas por la vía coercitiva del Estado, que legisla y ordena mandatos y cumplimientos, es exactamente lo contrario a la libertad que dicen enarbolar. Por otra parte, las iglesias (en plural) amparan, y es su derecho, un modo de convivencia acorde con sus respectivas doctrinas. Lo que desafía al sentido común es convertir esa defensa legítima en una imposición a las personas, cuando la decisión de formar parte de una de muchas religiones es del libre albedrío individual, pudiendo uno renunciar en cualquier momento a ellas, y siempre, cuestionarlas, como a lo largo de milenios de historia. La contradicción es evidente.

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