ANÁLISIS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

ANÁLISIS DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA

La justicia transicional es una forma de justicia especial adoptada por el gobierno colombiano con el objeto de resolver los conflictos armados que existían en el país con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Es esta se emplean procesos penales alternativos distintos a los tradicionales, sin embargo esto no quiere decir que los victimarios cuenten con inmunidad, por cuanto no deben confundirse con el propósito tradicional de la sanción ordinaria.

Es por esto que primeramente, es importante precisar el concepto de justicia transacción para poder comprender a ciencia cierta a que se refiere esta. Por cuanto, la justicia transicional se entiende como el esfuerzo por construir la paz tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos con el objetivo de llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, reparar a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación (Van Zyl, 2008, p. 14).

De esta definición, se puede resaltar que la justicia transicional debe ser vista como una herramienta para llevar la paz, mas no supone una interrupción en el escenario legal, sino que se adapta a las necesidades políticas de la integración del proceso de paz, sin embargo esto no significa que los criminales no deban ser procesados, sino que sigue los parámetros de un marco especial para la justicia transicional. Por lo tanto, el proceso de justicia transicional debe ser más flexible en su implementación, pero no promueve la inmunidad bajo ninguna circunstancia. Por lo que definir el alcance y la función de cada medida de justicia transicional es fundamental en la mesa de negociaciones.

Ahora bien, en el caso particular de Colombia ha sido uno de los países con mayor resonancia en lo que respecta a conflictos armado que atentaron dramáticamente contra la dignidad de todo un pueblo, como la desaparición forzosa, el desplazamiento, la tortura, el secuestro, el narcotráfico, violencia, la posesión ilegal de tierra, el tráfico de armas, los genocidios (como el del Palacio de Justicia), los falsos positivos (desaparición de campesinos a manos del Estado), la represión y persecución de políticos, la limitación a la libertad de prensa, las pésimas condiciones de los servicios públicos, la pobreza e indigencia, entre otros, son algunos resultados de un conflicto que llevaba más de 50 años.

En este mismo orden ideas, cabe destacar el caso Ingrid Betancourt conocida política colombiana que fue secuestrada por la FARC el 23 de febrero de 2002 y quien luego de 6 años, 4 meses y 9 días de cautiverio en la selva fue liberada el 2 de julio de 2008 junto con 11 miembros de la fuerza pública y tres contratistas norteamericanos. La experiencia personal de Ingrid Betancourt ha sido fundamental para resaltar las consecuencias del secuestro. Su recuperación es una voz de aliento y esperanza para las miles de víctimas del conflicto.

Así mismo, en Colombia no existe un contexto, que permita esclarecer los hechos que han mortificado al País, no hay medidas claras y concisas para la protección de testigos. Aquellas personas que pudieran tener una información, son potencialmente blanco de los grupos criminales y altos funcionarios del Estado. Un ejemplo de esto fueron los testigos Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco, quienes tenían información sobre el supuesto vínculo que tenía ‘Jorge 40’ con los hombres que comandaba el coronel Mejía, quienes fueron asesinados (Revista Semana, 2008). Lo que comprueba la falta de garantías, así como la ausencia de un contexto para la reparación integral de las víctimas en el País originando más perjuicios para los damnificados y sus familias.

Como se señaló anteriormente, Colombia ha sido testigo de uno de los conflictos armados más largos y complejos, debido a múltiples actores armados con ambición política, tensiones sociales y económicas y ambición por controlar los recursos, generando un gran número de víctimas conformadas principalmente por campesinos ,maltratados no sólo en su esencia, si no en sus tierras y en sus vidas, debiéndoseles reconocer los derechos legítimos que les corresponden de verdad, justicia y reparación integral ,que son fundamentales en el proceso de justicia transicional.

        Este hecho es claramente expuesto por Ingrid Betancourt (2021), cuando antes la CEV expresa que quienes padecimos las acciones y las omisiones de los antiguos integrantes de las FARC saben que la reconciliación es una palabra que pesa mucho y que el camino que llega hasta ella más allá de cualquier perdón por parte de las víctimas pasa por una búsqueda de redención por parte de quienes fueron los victimarios. Es decir, que para que la justicia de transición pueda darse primeramente los victimarios o verdugos deben estar en disposición de aceptar la verdad de sus hechos, afrontar antes sus víctimas los daños y perjuicios que les causaron y estar dispuestos a asumir sus culpan con el propósito de que gane la justicia y estos hechos no vuelva a ocurrir.

Puesto que, la justicia transicional tiene como objetivo poner fin a la guerra civil interna, fortalecer la legalidad y las instituciones y contribuir a la paz, por lo que las multas alternativas deben estar en línea con estos objetivos. Debe haber condena, como debe haber sentencia, pero debido a la aplicabilidad de la sentencia alternativa, el criminal también debe estar en disposición de reconciliarse con las víctimas y para ello un reconocimiento del daño antes y después de la ejecución de la pena. En nuestro país la reconciliación como fin de la pena, debe entenderse como un conjunto de perdones, valores, reconocimiento de responsabilidad y estimulo en la confianza del Estado, resaltándose como consecuencia de la imposición de la pena el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

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