Arbitraje Internacional en América Latina

El autor en su introducción destaca que el Arbitraje Internacional en América Latina ha sido estudiado o analizado en cada uno de los procesos de reformas legislativas de la materia sin dejar de lado los tratados internacionales vigentes y aplicables para cada Estado en particular, haciendo una crítica severa a tales estudios o análisis por dejar de lado el impacto del derecho constitucional en la eficacia de la regulación tanto para el ámbito nacional como internacional.

Por otro lado, examina la implicancia de la constitucionalización o no del “arbitraje”, a partir de ciertas conclusiones que se emitieron en distintas actividades académicas- científicas a nivel internacional.

Destaca que se trabajó la temática a partir de dos posiciones, una sobre las virtudes de la constitucionalización y otra sobre los obstáculos que presenta dicha aplicación al desarrollo del derecho del arbitraje internacional.

Cuando aborda el impacto del discurso de aquellos que proclaman la constitucionalidad del arbitraje, a partir de diferentes visiones (Cultural, filosófico, etc.), considera que el problema se presenta a partir de definir la esencia del arbitraje internacional, su naturaleza jurídica, su régimen, sus métodos y sus valores.

En tal sentido, entiende que cabe realizarse una serie de preguntas sobre  de la fuente de poder del Árbitro Internacional como ¿La fuente del poder de los árbitros del comercio internacional proviene de una especie de delegación o autorización constitucional o, por el contrario, proviene de la voluntad de las partes? ¿El arbitraje comercial internacional es una creación del Estado o, por el contrario, es una creación de la comunidad internacional de comerciantes? ¿El arbitraje comercial internacional es una institución del orden jurídico constitucional o, por el contrario, es una institución del orden jurídico transnacional específico de las relaciones comerciales internacionales?

Reitera el autor que la incorporación del tema del arbitraje bajo el discurso de su constitucionalización ha sido posible a través de dos situaciones, por una parte la constitucionalización del arbitraje y por el otro, la influencia del constitucionalismo en ese proceso.

A su vez sostiene que se ha reflotado el tema del arbitraje al incorporarse disposiciones específicas sobre el arbitraje en los textos constitucionales o por aplicación de la decisión de los jueces, como ser en cuestiones de conflictos sociales, pensiones de la seguridad social, en materia de fronteras, en materia de contratos de Estado e incluso consagran la obligación del Estado de proponer el recurso al arbitraje en los tratados internacionales como también darle plena validez y eficacia a los laudos arbitrales internacionales. Ve importante que se convierta en una excepción a la constitución de tribunales especiales ajenos al poder judicial instituido en cada país.

Señala como un aspecto relevante que para el desarrollo del arbitraje comercial internacional, no se necesitó de la consagración constitucional ni de ninguna otra herramienta jurídica. La mecánica implementada para ese desarrollo en los países latinoamericanos se dio mediante la reforma de sus derechos internos sobre el arbitraje comercial internacional y a través de la ratificación de las convenciones internacionales que interesan la materia.

En el punto 5 de la introducción, el autor entiende que interpretar el significado de la constitucionalización del arbitraje y su relación con el arbitraje comercial internacional implica analizar por un lado, la función de la Constitución dentro del orden jurídico estatal y por el otro, la función del arbitraje comercial internacional dentro de la lex mercatoria, el orden jurídico transnacional específico de las relaciones comerciales. De esa manera se impone la exigencia de plantear como es la relación de las instituciones jurídicas pertenecientes a cada ámbito. Dicho en otras palabras, cuáles son las instituciones relevantes en materia de arbitraje constitucional y la lex mercatoria.

Ya ubicados en el punto 6, el autor entiende esencial establecer el alcance exacto del principio de la supremacía constitucional y su relación con las normas de rango infraconstitucional (leyes formales) y supraconstitucional (derecho internacional). Partiendo de una visión absoluta y exclusiva del derecho constitucional, y bajo esta perspectiva reductora, el arbitraje pasa de ser una institución autónoma regida por principios y reglas propias a ser una institución más del derecho constitucional regida por los principios y normas constitucionales; por lo tanto el árbitro sería entonces un delegado de la “función constitucional” de administrar justicia y el laudo arbitral debería garantizar la vigencia de los valores constitucionales.

Tal como se destaca en el texto, atendiendo la visión antes desarrollada, los asuntos que se plantean ante los tribunales estatales en materia de arbitraje están siendo transformados artificialmente en discusiones de derechos constitucionales, que sólo pueden ser solucionados a través de las normas constitucionales, los procedimientos del contencioso constitucional y los jueces de la justicia constitucional.

El desorden de derechos, de procedimientos y de jurisdicciones que esto ha generado no es sino una de las preocupaciones.

De esa manera, concluye la introducción (punto 7) al decir que también se ha intentado enmarcar y regular la actividad de los árbitros del comercio internacional dentro del orden jurídico constitucional favoreciendo el surgimiento de una verdadera cultura constitucionalista del arbitraje comercial internacional que es necesario combatir en todos sus frentes (postura netamente a favor de su autonomía).

Agrega que por una parte la lex mercatoria (rige para las relaciones de negocios o mercado internacional), reconoce, bajo ciertas condiciones la existencia, el contenido y la eficacia del orden jurídico constitucional y por el otro, el orden jurídico constitucional, reconoce, bajo ciertas condiciones, la existencia, el contenido y la eficacia de la lex mercatoria. A modo de ejemplo cita que jueces estatales, por ejemplo, están dispuestos, bajo ciertas condiciones, a reconocer y ejecutar los laudos arbitrales internacionales.

Conforme la introducción realizada, examina la discusión planteada a partir de una reivindicación de la autonomía del arbitraje comercial internacional frente al orden jurídico constitucional (I) (punto de estudio para la evaluación), y en un segundo lugar, desarrollando las implicaciones de esa autonomía, analizando las relaciones de relevancia en materia de arbitraje entre el orden jurídico constitucional y la lex mercatoria, el orden jurídico transnacional específico de las relaciones comerciales (II) (punto que no ingresa para la evaluación).

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