Articulo de division de las entidades territoriales

Introducción

En el marco de poder entender y valorar los mecanismos que rigen la administración territorial de Colombia y la manera en que los mismos configuran las situaciones actuales de los diferentes territorios del país, surge la necesidad de estudiar la organización política, económica y social que determina la constitución de 1991 para todo el territorio nacional.

En esa medida el propósito de este artículo es analizar la forma en que opera la organización territorial y así vislumbrar las virtudes y falencias de la administración pública que recaen sobre las comunidades que conforman el país.

División de las entidades del Territorio y sus funciones.

Colombia, en términos constitucionales, es un Estado unitario territorialmente descentralizado, lo que nos lleva a pensar inmediatamente en un conjunto de entidades territoriales soberanas e “independientes” las unas de las otras; donde se busca que sean las comunidades las que intervengan, conforme a lo estipulado por la ley, en los planos políticos, culturales, económicos y sociales de cada uno de sus respectivos territorios y con esto pasar a la praxis la noción de una democracia participativa. Actualmente, Colombia cuenta con 32 departamentos,

1.102 municipios, 132 provincias, 6 regiones, 6 distritos y 6 zonas metropolitanas; sin embargo, las regiones y provincias responden más a principios geográficos e históricos que a principios jurídicos y los territorios indígenas aún no son definidos por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT). Cabe anotar que no me detendré en describir o explicar cada una de las características y delegaciones que posee cada división territorial porque no es el fin de este artículo.

En primer lugar, al estudiar estas divisiones territoriales se observa que los municipios son la base de la organización política del país por ser la entidad “más próxima” al ciudadano y por lo tanto se les asigna un considerable peso de funciones; como lo son suministrar salud, educación, servicios y obras públicas, entre otros, a todos los ciudadanos que agrupan. Pero si inspeccionamos las funciones que tienen los departamentos y otras entidades territoriales, en especial los municipios, no hay una clara distinción entre las funciones de unos y otros, lo cual no permite una plena diferenciación de las competencias de cada entidad territorial.

En segundo lugar, el fomento de las actividades económicas para la recaudación de tributos fiscales está determinado en buena medida por las condiciones geográficas e industriales de cada territorio, las cuales pueden jugar a favor o en contra del crecimiento económico de la zona. El resultado de ello es una escasez tributaria que se tiene que aliviar con el presupuesto general que designa la nación para los diferentes sectores y que, en la mayoría de casos, no es suficiente.

Por otro lado, si bien existe un órgano de control (Contraloría General de la Nación), que es por naturaleza burocrática y designada de arriba hacia abajo, se evidencia una significativa negligencia y corrupción de esta institución como lo demuestra el caso de la desviación de recursos en La Guajira. Y si eso pasa en lugares donde existe este órgano de control, no podemos imaginar el grado de corrupción y autocracia en zonas donde debe haber un mínimo de población para que este órgano exista, como lo estipula la constitución.

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