Auditoría forense. Delitos contra la administración pública

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Auditoría forense. Delitos contra la administración pública

Muna D. Buchahin Abulhosn

AUDITORÍA FORENSE.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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Es propiedad,

© 2015,        Muna D. Buchahin Abulhosn

Para la presente edición:

© 2015,        Wolters Kluwer España, S.A.

C/ Collado Mediano, 9 28231 Las Rozas (Madrid)

http://www.editorialbosch.mx

Primera edición: septiembre, 2015 ISBN: 978­84­9090­059­8 (papel)

ISBN: 978­84­9090­060­4 (digital)

Diseño, Preimpresión e Impresión Wolters Kluwer España, S.A.

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La impunidad es un ácido corrosivo que el autor del dolor ajeno vierte sobre la lápida de la esperanza

colectiva. Los deudos, justicia y ley, devienen deudas.

Jorge Mansilla

Prólogo

Es para mí un honor presentar esta obra realizada por la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosn que, por la exhaustividad de su elaboración teórica y el rigor científico, constituye un importante e invaluable documento de trabajo para los estudiosos de Derecho.

La tesis destaca, por su análisis riguroso, la investigación exacta sobre un tema: el de los delitos cometidos en contra de la Administración Pública, que hoy en día constituyen, en todos los estados de derecho, una emergencia que afecta a la democracia y a la misma credibilidad de las instituciones públicas.

De hecho, no cabe duda de que la ilegalidad constituye un freno al desarrollo, y la debilidad de las instituciones repercute también en las tasas de crecimiento y en la misma colocación de inversiones que, como es sabido, se concentran en las áreas geográficas donde las instituciones públicas son consideradas más confiables.

A menudo se habla de «legalidad» con referencia a las conductas o a las actitudes de cada ciudadano, sin embargo, se olvida que la ilegalidad depende, a su vez, de un insuficiente ejercicio del poder coercitivo de los aparatos públicos.

En mi opinión, solo la credibilidad ética de las instituciones podrá favorecer la legalidad, no solamente como una correcta observación de la norma, sino como una actitud psicológica de quien obedece a la norma porque siente el deber de hacerlo. En este orden de ideas, sería apropiado hablar de sentido cívico o de ética pública, porque constituyen el verdadero capital social a contraponer al consenso social, con el cual la mafia ha podido contar.

Bajo este perfil, es extremadamente significativo mencionar el consenso social que se registró en Italia, en 1992, después de la investigación judicial contra la corrupción política, apodada

«tangentopoli» –que marcó la caída de la llamada Primera República–. Esto constituyó una señal evidente de una nueva primacía de la legalidad.

A propósito de esto, si no se crean las condiciones para la formación de dicho capital social, entonces, se tendrá lo que los sociólogos llaman la «legalidad débil» la cual sobreviene cuando en la colectividad se genera, respecto de las normas jurídicas vigentes, una previsión de ineficacia, o bien, una aplicación distorsionada, particular, impuntual y poco fiable.

El poder no es dueño de la norma, sin embargo tendría que ser su guardián. Es decir, estrictamente inherente al principio de legalidad, tendría que haber una mayor intransigencia hacia los que disponen de dosis crecientes de poder.

Estoy profundamente convencido que educar a la legalidad significa, sobre todo, promover y fomentar a diario en los ciudadanos esta sensibilidad de intransigencia hacia los poderes: esta intransigencia es el ethos difundido de la legalidad.

Solo la práctica de esta intransigencia hacia los poderes podrá promover la conciencia en cada ciudadano de los propios deberes individuales.

La prevención y el combate en el sector de los delitos de los servidores públicos contra la Administración Pública constituye una prioridad, antes que nada, porque el derroche de recursos públicos –en un momento histórico de crisis económica mundial– determina una grave disminución del gasto nacional y, por lo tanto, de los servicios públicos. Así, dicha spending rewiew paradójicamente afecta a las clases más pobres y débiles (pienso, por ejemplo, en el gasto en sanidad o en la educación).

Se estima que la corrupción cuesta anualmente a mi país (Italia) 60 millardos de euros, la evasión fiscal 120 y la mafia 150. Entonces, cada recuperación de legalidad es una recuperación de renta, y constituye el medio justo para salir de la crisis. La lucha contra la corrupción es de importancia fundamental para la reactivación socioeconómica de muchos países afectados por este grave problema.

No pudiendo disponer cada año de sesenta millardos de euros, nuestra comunidad tendrá un campo deportivo menos y un centro de ancianos menos; hospitales, escuelas y transportes públicos menos equipados; menor tutela del medio ambiente, del territorio y del patrimonio artístico. Por lo tanto, la legalidad nos conviene. Para decirlo con un eslogan: Más legalidad, menos corrupción; mejor calidad de vida.

Pero hay otro perfil que merece ser subrayado en una perspectiva más amplia de desarrollo

sociopolítico. Me refiero a la estrecha conexión entre la «opacidad» de la gestión de la «res publica», la corrupción y criminalidad, sobre todo en países como Italia y México caracterizados por la fuerte presencia y operatividad de peligrosas organizaciones.

Estoy profundamente convencido de que las organizaciones mafiosas no solo se han ido adecuando, y simultáneamente han condicionado ciertos mecanismos tergiversados de desarrollo, con la finalidad de crear espacios de intermediación «parasitaria», sino que se han ido imponiendo y arraigando progresivamente en el tejido social –sobre todo en las áreas geográficas en las que con mayor intensidad se ha manifestado la crisis ético­social de las instituciones– como estructura de poder político y económico que suele vivir en simbiosis con el poder político oficial.

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