CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL

Ballon &Mendoza, 2018 nos cuentan que, respecto a la conflictividad social  en torno a la minería, se tiene 2 frentes: el de las autoridades  aliados con la prensa por un lado,  que muestran el conflicto como “resultado de la presencia de agitadores y militantes políticos que crean artificialmente tensiones y manipulan la voluntad de masas”; y otro lado, “aquellos que entienden los conflictos como resultado de aspectos estructurales, enraizados en la pobreza, la desigualdad y la marginalidad de ciertas zonas del país donde la ausencia del Estado es alarmante”. Sostienen además que “la presencia de empresas extractivas en zonas campesinas secularmente pobres y excluidas, que muchas veces cometen abusos, amparadas en su enorme poder económico y político, y apoyadas con frecuencia por el aparato estatal, abonan sobre esos factores y contribuyen a la conflictividad”.

Respecto a la región Apurímac, la provincia de Cotabambas registran el mayor número de conflictos en el período, con un total de 37, tan solo en los años pico 2011-2012, representó más del 50% de los enfrentamientos totales entre Apurímac y Cusco.

Respecto a las demandas de los conflictos mineros, se pueden encontrar los siguientes puntos:

• Incumplimiento  de compromisos
• Cambios no consultados por las empresas
• Impactos ambientales negativos
• Reclamos por concesiones mineras
• Reclamos asociados a la minería ilegal/ informal

Se evidencia que prácticamente en todos los casos en donde se viene desarrollando un proyecto minero, en cualquiera de sus fases, existe un acuerdo empresa-comunidad, fruto de una negociación. También, los reclamos por cambios inconsultos son en el fondo temores a afectaciones que las empresas pueden ocasionar y al incumplimiento de los acuerdos ya pactados.

Muchos de los cambios realizados en el proyecto en curso más grande en este corredor minero (Las Bambas) han sido particularmente significativos –venta de la mina por Glencore a MMG sin comunicación adecuada con la población, exclusión de las comunidades campesinas del fideicomiso creado, cambio del proyecto del mineroducto para el traslado del mineral por carretera, traslado de la planta de tratamiento de molibdeno que se construiría en Espinar a Las Bambas, cambio de las exigencias normativas y modificación de los EIA originales, entre otros–, evidenciando un descuido y desinterés significativos del gobierno nacional.

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