CONSTITUCIÓN DE 1980 LIBERTAD DE EMPRESA EN CHILE

CONSTITUCIÓN DE 1980

LIBERTAD DE EMPRESA EN CHILE

2022

INTRODUCCIÓN

La Constitución, en el artículo 19 nº 21, asegura que toda persona tiene el derecho a realizar cualquier tipo de actividad económica que no sea contraria a la moral, siempre respetando las limitaciones establecidas en la ley, como aquellas basadas en la seguridad nacional u orden público.

Lo cual destaca la posibilidad de competir en igualdad con otros agentes económicos, dentro de este objetivo se pretendía fortalecer la libertad económica, por estas consideraciones, y por el hecho de que en nuestro país la garantía del libre desenvolvimiento de actividades económicas ha sido vulnerada en años anteriores.

CONCEPTO

Es una norma que otorga al sector privado el más amplio mandato para llevar a cabo otras restricciones especiales. Las regulaciones para cualquier tipo de actividad comercial distinta de la que se muestran limitan abusivamente la capacidad de los estados para desarrollarlas, reduciéndolas a agentes subordinados de la iniciativa privada.

No obstante, el desarrollo de procesos económicos como la privatización de los servicios públicos, la concentración económica y la globalización ha llevado a prácticas comerciales depredadoras en el propio mercado, en el que las instituciones estatales tienen poca o ninguna capacidad de intervención. Las acciones que tienen, son producto de su conceptualización como estados dependientes, divorciados casi en su totalidad del proceso económico. Esto lleva a cuestionar la eficiencia y eficacia de este modelo estatal, ya que la capacidad de autorregulación del mercado ya no es suficiente para dar respuesta a los nuevos requerimientos que impone el propio modelo económico.

En esta perspectiva, parece necesario reformular el plan de nuestra Constitución económica, redefiendo el papel de algunos órganos del Estado en la generación de mercados transparentes y eficientes que asignen adecuadamente los bienes en la economía.

CONCLUSIONES

En composición, el ejercicio del poder de dirección y disciplina, solo puede llevarse a cabo de forma regular y lógica, sin que pueda admitirse algún grado de discriminación o práctica ilimitada, ya que el diseño constitucional de la libertad de empresa es incompatible con la arbitrariedad.

El rol que se entrega al sector privado y al mercado dan cuenta de un enfoque institucional en el que el Estado carece de protagonismo, salvo para garantizar las libertades económicas reconocidas a los ciudadanos. La nueva realidad económica, que imponen el desarrollo y la globalización de los mercados, exige que los poderes públicos asuman un rol más activo en el resguardo de estos, lo que implica un rediseño del papel de nuestra constitución económica, reconfigurando el rol del Estado como verdadero poder regulador.

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