CRIMEN ORGANIZADO GUATEMALA

Historia

La agitación de Guatemala y sus pronunciados problemas de violencia, crimen e impunidad tienen sus raíces en un estado históricamente débil, periodos prolongados de gobierno militar o injerencia de las fuerzas militares en la política, y una profunda desigualdad económica, social y cultural. El país más grande de Centroamérica ha tenido durante mucho tiempo una de las distribuciones de recursos y capital más desiguales del mundo, concentrando la riqueza en las manos de una pequeña élite. La población indígena, la cual representa el 41 por ciento de Guatemala seg[un el último censo, ha sido sistemáticamente marginalizada desde la época colonial. La independencia de Guatemala de España en 1821, y su subsiguiente fundación como república, no mejoraron la situación de las comunidades indígenas de base rural, las cuales fueron excluidas del gobierno, la educación y otros servicios sociales. Separados por la geografía, la cultura y los 24 diferentes idiomas que hablan entre ellos, estos grupos indígenas han tenido dificultad formando un movimiento político cohesionado así como han enfrentado años de represión por parte de las fuerzas militares y policiales de Guatemala.

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En efecto, durante gran parte de su historia, el régimen político de Guatemala fue similar al apartheid en Sudáfrica. Las élites blancas buscaron mantener los patrones de control de los medios de producción económica, establecidos por largo tiempo, en detrimento de la mayoría de la población, incluyendo grandes grupos de indígenas. Paradójicamente, estos mismos intereses de la élite han tratado de mantener el estado débil, en términos de su capacidad para ejercer control sobre sus riquezas. Mientras que Guatemala ha tenido algunas instituciones fuertes, en particular la militar, nunca se establecieron un gobierno central y un estado fuerte. El gobierno está permanentemente endeudado, en parte por su incapacidad para recaudar impuestos, en parte por el desinterés de la élite económica de reformar el impuesto y los códigos legales que rigen sobre sus intereses.

Durante el último cuarto de siglo, Guatemala ha visto el cambio y la modernización política e institucional, incluyendo el retorno a la democracia después de un largo periodo de régimen militar, y la promulgación de una nueva constitución en 1985. Pero el patrón del cual el gobierno sirve como herramienta para promover los intereses privados, en vez del bien público, ha sido difícil de romper. Las disputas más visibles en Guatemala se han centrado en las áreas rurales en donde las luchas por la tierra y los conflictos laborales sentaron las bases para los movimientos políticos de resistencia y el conflicto armado interno, que empezó en 1960, cuando un pequeño grupo de jóvenes oficiales militares se rebelaron en contra del gobierno militar, pero fueron repelidos. Declarando la corrupción del gobierno, los oficiales escaparon al campo y las montañas y comenzaron una insurgencia.

La guerra civil que duró 36 años, que siguió a la insurrección de 1960, llevó a la formación de varias organizaciones guerrilleras de izquierda. Pero estos grupos no pudieron ganar una fuerza significativa. En su lugar, el ejército de Guatemala utilizó la sublevación de los rebeldes como un pretexto para extender su poder e influencia sobre el estado corrupto e incompetente. Parte de la estrategia militar incluyó la creación de grupos de milicia civil. Conocidas como Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), estos grupos fueron usados para controlar y reprimir las grandes poblaciones rurales que formaron el núcleo de los grupos de izquierda. La lucha dejó aproximadamente 200,000 personas muertas o desaparecidas, y más de un millón de guatemaltecos desplazados, la mayoría de ellos de poblaciones rurales indígenas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico –(CEH), una comisión de la verdad de las Naciones Unidas que empezó a trabajar en 1997 después de la firma de los acuerdos finales de paz entre el Gobierno y los insurgentes, encontró que el Gobierno y las PAC fueron los responsables de la gran mayoría de estas muertes, “desapariciones” y desplazamientos.

A lo largo de la guerra, las organizaciones criminales – incluyendo pequeñas bandas de traficantes de personas, traficantes de drogas, y contrabandistas -- operaron en una relativa clandestinidad . La mayoría de ellas eran operaciones familiares que emergieron cerca de los cruces fronterizos, puertos o en las despobladas selvas en el norte del país. Eran una preocupación secundaria y a menudo proporcionaron servicios a todas las partes en el conflicto, especialmente cuando los oficiales militares y las unidades de policía se involucraron más profundamente en el crimen organizado. Estos actores estatales empezaron en esquemas de corrupción menores. Pronto, incursionaron en el tráfico de drogas. A principios de 1980, había cientos, sino miles, de pistas de aterrizaje clandestinas, la mayoría de ellas en la provincia norteña de Petén. Las fuerzas de seguridad del estado a menudo facilitaron la llegada y el paso del contrabando y los narcóticos ilegales que en su mayoría iban hacia el norte, hacia Estados Unidos. Oficiales del ejército y la policía también empezaron a controlar las grandes redes de tráfico de armas en la región.Estas redes suministraban armas a todos los grupos armados ilegales en la región, incluyendo los grupos rebeldes de Guatemala y El Salvador.

El proceso de paz entre el gobierno y la coalición de grupos rebeldes, conocida como Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), no resolvió ninguno de los temas centrales que dividían a esta nación. Los acuerdos actuales estaban vinculados a un referendo constitucional, el cual no pasó. La nueva fuerza de policía incluyó 11,000 miembros de la antigua policía. El ejército, que se redujo a 44,000 y después a 31,000 tropas, fue llamado para ayudar a la policía con las cuestiones de derecho y orden interno. Pero con poco entrenamiento y un mandato limitado, el ejército no pudo controlar la tasa de criminalidad que estaba aumentando. Si unimos esto con las masivas repatriaciones de inmigrantes centroamericanos que provenían de los Estados Unidos, incluyendo cientos de criminales y miembros de bandas. Guatemala, junto con sus vecinos, de repente enfrenta una crisis que quizá es peor que cualquier momento durante la guerra civil.

Aprovechandose de una población hambrienta y dividida, y de un estado débil y corrupto, los principales grupos criminales operando en Guatemala participan en un gran número de actividades ilícitas. La más perjudicial es el tráfico de drogas. Los grupos que controlan este comercio son popularmente conocidos como transportistas. Ellos son

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