¿CUÁL ES LA EFICACIA DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA FRENTE A LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PREVENTIVA?

 ¿CUÁL ES LA EFICACIA DEL PRINCIPIO DE INOCENCIA FRENTE A LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PREVENTIVA?

Presentado por:

SINDY LORENA CALDERON

A:

MARIA VICTORIA SANTANA

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FACULTAD DE DERECHO

TEORIA DEL DERECHO I

IX SEMESTRE

MEDELLIN

2015

Introducción

La presunción de inocencia consagrada en el articulo Superior, establece que cualquier persona es esencialmente inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad mediante sentencia judicial, teniendo en cuenta que este proceso, debe de contar con todas las garantías procesales.

 Por ello a la luz del principio de inocencia si no se logra demostrar la culpabilidad de la persona, esta no puede ser tratada como tal, y por tanto hay que absolver al acusado. Este derecho de presunción de inocencia lo tiene la persona desde el inicio de la investigación o acción penal, hasta la sentencia, la cual determinará su culpabilidad.

Este trabajo habla sobre el principio inocencia, la manera como ha sido vulnerado este principio, sus conceptos y significados que el término como tal engloba, con el objetivo de establecer un concepto claro sobre la eficacia  de este principio frente a la imposición de una medida de aseguramiento preventiva.

Se analiza entonces la normatividad vigente en nuestro país, la normatividad vigente en nuestro país, tal como la Constitución Política de Colombia, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal, y Tratados Internacionales.

El principio de inocencia constituye unos de los preceptos más importantes del derecho penal, constituyéndose así uno de los derechos fundamentales del hombre al igual que la vida, la libertad, la dignidad humana, la igualdad, entre otros. Se hace hincapié que principios rectores se ven afectados cuando se quebranta el principio de inocencia, esto a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Antecedentes Históricos

Para algunos tratadistas el origen del principio de inocencia, data de la Revolución Francesa de 1879, con la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Este principio de inocencia o también llamado presunción de inocencia nace como aquella garantía para aquellas personas que tenían un carácter de procesado o inculpado de un tipo penal o un hecho delictivo.  Dicha garantía se encontraba descrita en el artículo 9, el cual consagraba que “se presumen inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley”.

Con la norma anteriormente descrita se buscaba limitar al Estado como ente castigador, tratar a los involucrados en un proceso como culpable, sin hasta tener un juicio, y ser declarado como tal.  Entonces, este principio de inocencia nace como una protección de los desbordes represivos de la práctica común, la presunción se constituyó, en un medio de limitación para los excesos policiales y judiciales, fortaleciendo así la idea de que toda acusación que se le haga a un imputado, tiene que estar fundada en unos medios de pruebas fehacientes que no dejen dudas de la culpabilidad de esta persona.

Así las cosas, tal manifestación  fue la respuesta al régimen inquisitivo que existía antes de la Revolución Francesa, con un solo fin, el de impedir que las personas eran juzgadas o investigadas en procesos judiciales fueran tratadas como verdaderos culpables de ese delito que se les inculpaba, constituyendo de esta manera un avance con respecto a los abusos cometidos por parte de las autoridades administrativas,  fortaleciendo la presunción de inocencia de un acusado o de un inculpado, la cual únicamente puede ser desvirtuada o controvertida por medio de pruebas contundentes que le implique en la comisión  del delito que se le acusa, pruebas que  debían ser aportadas por los órganos competentes para acusar. Esta figura perdura hasta la actualidad pues es el Estado el obligado a aportar las pruebas necesarias para tener un juicio valorativo pleno de la culpabilidad del investigado, demostrando entonces que la persona es culpable, lo que implica que el ciudadano no está en la obligación de probar su inocencia.

Hacia principios del siglo XX surgieron diversas corrientes, principalmente doctrinas que rechazaban en forma absoluta la existencia de tal principio a favor del imputado, por ejemplo en Italia, autores como Garófalo consideraban que el principio aminoraba la acción acusadora del Estado, ya que constituía un impedimento para la eficacia de las imposiciones de las sanciones para las personas imputadas especialmente en materia de prisión preventiva, en donde se privilegiaba la libertad de los imputados, pues esto constituiría un peligro para la seguridad del Estado y una vulneración a la víctima del delito.

Aunque los doctrinarios italianos negaron tajantemente la eficacia y validez del principio de inocencia, con el paso del tiempo han considerado que este en realidad no es perjudicial para la seguridad del Estado, así las cosas, se consagró en la Constitución Italiana de 1949, en su artículo 2 que no se considera culpable al imputado hasta que un juez lo considere culpable mediante sentencia.  Otro ejemplo de consagración del principio de inocencia es la Constitución Española de 1978 la cual vio necesidad de consagrar los derechos y libertades fundamentales, establecidos en el título I, el "derecho a la presunción de inocencia".

Gracias a estos antecedentes en Colombia se vio la necesidad de consagración  de este principio, y de las convenciones internacionales sobre derechos y libertades fundamentales. Se pasará entonces, a estudiar el caso colombiano.

Principio de Inocencia en Colombia

Con la Constitución de 1886, el principio de inocencia no se consagró ningún principio, ni garantía constitucional para la protección de esta presunción, esto gracias a que Colombia era un país netamente legalista, donde el poder de coercibilidad, obligatoriedad y generalidad era impuesto por la ley, textos que eran beneficiosos para las autoridades encargadas de aplicar el peso de la ley, tanto así que se permitía la captura administrativa, la cual consistía en que la Policía podía capturar a un ciudadano, sin necesidad de orden judicial. Entonces, el principio de inocencia no tenía eficacia material, pues la ley ni la Constitución en ningún momento consagraban los principios, ni garantías de esta presunción, lo anterior no quiere decir, que en Colombia no hubiere consagración legal de este principio, solo que esta era incipiente, y no garantista

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