Ciudadanos Frente A La Ley

Las promesas de moralización de la vida pública durante las campañas electorales suelen ser muy atractivas porque al personificar en otros —generalmente políticos y funcionarios— la corrupción, los ciudadanos evaden el hecho de que ellos también son parte activa, y, en muchas ocasiones, deliberada y consciente del problema.

Una encuesta muy reciente levantada en la zona metropolitana de Monterrey reveló, por ejemplo, que el 59% de la población cree que es “normal” la corrupción; el 60% calcula que es “poco o nada” posible acabar con ella; el 45% sabe que alguien de su familia ha cometido actos de corrupción y el 55% conoce a alguien que ha incurrido en ellos. Aunque la mayor incidencia reportada tiene que ver con el sector público, las áreas fiscales y de compras de las empresas son igualmente un foco creciente de corrupción.

Datos como estos, desde luego, se repiten en el resto del país, y la percepción internacional de que México es un país corrupto, como lo sugieren algunas mediciones, sigue siendo bastante acentuada.

El problema, por tanto, tiene al menos dos partes. Una se refiere ciertamente al comportamiento del aparato público tanto entre los funcionarios como al laberinto legal, reglamentario y de sistemas que atenaza la gestión, que se convierte en el principal incentivo para “aceitar” las cosas con dinero.

Pero el otro es que la corrupción ha obtenido una especie de legitimación social porque la ciudadanía siente que sin ella no podría procesar su interacción con el sector público, pero además, y esto es mucho peor, porque en los últimos años parece tolerarla como un estilo válido de vida y de ascenso social y económico.

Muchos ciudadanos saben, con evidencia más o menos concluyente, de conductas gubernamentales escandalosamente corruptas y, salvo contadísimas excepciones, no las denuncian por temor, por complicidad o sencillamente porque asumen que es “normal” que las haya.

Ese razonamiento explica en cierto modo que el mexicano no condene la corrupción porque crea en la legalidad como un valor superior o la internalice en su vida cotidiana como código de conducta, sino porque no participa de sus rendimientos y ventajas, porque no se siente beneficiario de las rentas obtenidas por ese camino.

Más aún: mientras que en otros países hay una sanción comunitaria y vecinal incluso de los corruptos, en México se olvida rápidamente lo que hicieron, se les reincorpora a la vida social, se les brinda un perdón expreso como si nada hubiera pasado, y, en la peor de las consecuencias, se vuelven casos a emular. He escuchado, en este sentido, que en las siguientes horas a la detención de un conocido narcotraficante, se vendieron algo así como 40 mil playeras como la que vestía cuando fue presentado por la policía.

Este es un mecanismo suicida porque

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