Consecuencias Paro Agrario

Las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio (TLC) han aparecido como una de las causas centrales que impulsaron a los campesinos del país a reconocerse como actores y a poner su agenda ante el Estado y la sociedad colombiana. Si bien este componente del modelo agrario, los TLC, ha sido un factor desestructurante de la producción y la economía campesina, no podemos olvidar que el modelo agrario del país se hace cada vez más concentrador y excluyente.

Dicha exclusión no ha sido solo social y económica, sino que ha estado acompañada de un despojo violento de bienes comunales y propiedades de pequeños y medianos campesinos. Este despojo ha dejado más de 4 millones de desplazados y, la contraparte, alrededor de 6.7 millones de ha. de tierras expropiadas o abandonadas que han incrementado la concentración de la tierra. El informe general del grupo de Memoria Histórica (2013) afirma que:

Todos los informes ilustran la gradual convergencia entre la guerra y el problema agrario (despojos violentos, concentración ociosa de la tierra, usos inadecuados, colonizaciones y titulaciones fallidas). Pero a los viejos problemas se suman otros nuevos, que muestran las dinámicas inauguradas por el narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes, (P. 21).

Los informes ilustraron las violentas y fraudulentas acciones de las élites y de los poderes regionales y nacionales para impedir que se concretaran los esfuerzos institucionales, promovidos por el mismo Estado, en aras de redistribuir o transformar los patrones inequitativos e improductivos sobre la tierra. A las reformas agrarias y a los intentos por democratizar la tenencia de tierras o de restituir a quienes han sido despojados, tanto en el pasado como en el presente, se han opuesto de manera fraudulenta los sectores que han fundado en la tierra su poder económico y político, por medio de artilugios jurídicos y métodos violentos, incluyendo el asesinato de dirigentes y la persecución a quienes integran las organizaciones campesinas. (P. 22)

La cara complementaria de este despojo ha sido ha sido una política que ha priorizado lo que las elites llaman competitividad, más que la equidad. Como afirma Cecilia Montaño[1], ex ministra de Agricultura, haciendo un balance del programa Agro Ingreso Seguro (AIS) en el periodo del ex presidente Álvaro Uribe, “del 85% de los recursos públicos que se le asignaron a este programa, 48% fueron para la competitividad, 16% para adecuación de tierras, 10% para ciencia y tecnología y 9% para apoyos directos… El tema de equidad solo recibe el 15% de los recursos ejecutados: 6% para acceso a tierras y 6% para subsidios de vivienda”.

Pero más indignante fue la política de entregar de manera directa los recursos a familias que concentran grandes cantidades de tierra en el país. Mientras en 2007, como ayuda por las consecuencias de la ola invernal, un campesino de Boyacá recibía menos de 100 mil pesos, algunos hasta menos de 10 mil (Vea la lista de los beneficiarios de Boyacá aquí)[2] -en

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