Contabilidad Gubernamental

Órganos del estado

La estructura del sistema de gobierno de la República Dominicana está compuesta por tres poderes principales: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

Poder Legislativo

Dentro de la jerarquía constitucional, el Legislativo constituye el primer poder del Estado. Está representado por el Senado de la República o Cámara Alta y por la Cámara de Diputados o Cámara Baja.

El Senado lo conforman 32 legisladores, que representan a las 31 provincias del país y al Distrito Nacional. Por su parte, la Cámara de Diputados está conformada por 150 congresistas. Lo primordial del organismo bicameral, que se denomina Congreso Nacional, es legislar a favor de los diferentes sectores de la nación.

El Poder Legislativo tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes, que luego de ser aprobadas las envía al Poder Ejecutivo, a los fines de promulgarlas. Asimismo, se encarga de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral y a los miembros de la Cámara de Cuentas. La ratificación de los acuerdos internacionales y contratos nacionales que el Poder Ejecutivo contrae con organismos extranjeros también corresponde al Poder Legislativo. En este Poder se encuentran representados los principales partidos políticos de la nación.

Poder Ejecutivo

La Constitución establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo. El Presidente podrá optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República.

El Presidente de la República es el jefe de la administración pública y el jefe supremo de todas las fuerzas armadas de la República y de los cuerpos policiales. El artículo 55 de la Constitución establece los deberes del Presidente, entre los que figuran la designación de funcionarios de Estado, la promulgación de leyes, la reglamentación de las aduanas y el velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.

Poder Judicial

El tercer poder del Estado es, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la institución encargada de administrar justicia, a través de sus órganos especiales y jerárquicos llamados tribunales. Su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hallan establecidos en las normas o leyes. El conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial.

La estructura básica del Poder Judicial se rige por La Constitución Política (artículos 63 al 77) y por la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley No. 821 del 21 de noviembre de 1927 y sus modificaciones). Regulan su funcionamiento leyes especiales: el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Criminal, el Código de Trabajo, el Código Tributario, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley de Procedimiento de Casación, La Ley de Registro de Tierras, la Ley No. 327-98 de Carrera Judicial y la Ley No. 46-97 de Autonomía presupuestaria del Poder Legislativo y Judicial.

El Poder Judicial es independiente de los demás Poderes del Estado. Goza de autonomía administrativa y presupuestaria, pero el monto de su presupuesto es asignado anualmente por el Poder Legislativo mediante la Ley de Gastos Públicos.

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que se rige por la Ley 169 del 2 de agosto de 1997, y que está presidido por el Presidente de la República. En ausencia de éste, será presidido por el Vicepresidente de la República, y a falta de ambos, por el Procurador General de la República. Los jueces elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura son inamovibles.

Organismo consultivo

La Constitución de 2010 establece en el artículo 251 el Consejo Económico y Social (CES) como “órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral”. Tiene como principal función la promoción de la concertación social como “un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social.”

El CES surge con el Decreto 1142-04, del 9 de septiembre de 2004, siendo derogado posteriormente por el Decreto 13-05, del 25 de enero de 2005, que crean e integran el Consejo Económico y Social. En estos decretos se establecieron como funciones del Consejo: (i) emitir consultas a solicitud del Presidente de la Republica o por iniciativa propia, sobre anteproyectos de leyes, decretos o resoluciones emitidas por cualquier organismo del Estado; (ii) propiciar la creación de espacios y fórmulas de entendimiento entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, en procura de impulsar las reformas necesarias para garantizar el desarrollo sostenido y la equidad social; (iii) conocer, si lo entiende pertinente, de otras solicitudes de consultas o estudios que le requiera cualquier institución del Estado, relacionadas con la problematica económica y social; (iv) elaborar anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año una memoria en la que se expongan sus consideraciones sobre la situación socioeconómica de la nación, que deberá presentar al Poder Ejecutivo; (v) conocer de cualquier otro asunto que no sea de la competencia de la Comision Ejecutiva, las comisiones de trabajo o el Presidente; (vi) aprobar las medidas relacionadas con el régimen de organización interna que le sea sometido por la Comision Ejecutiva; y (vii) elegir entre sus miembros, los integrantes de las distintas comisiones de trabajo permanentes y constituir cualquier otra comision que tenga caracter temporal.

La composición del Consejo es sumamente variada, precisamente por su naturaleza como espacio de concertación. Se conforma con los representantes de distintas instituciones y sectores del país: Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Central de Trabajadores Unitaria (CTU), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Central General de Trabajadores (CGT), Confederación del Episcopado Dominicano, Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE), Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Asociación Dominicana de Exportadores, Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Asociación de Empresas Industriales de Haina, Federación de Asociaciones Industriales (FAI), Asociación para el Desarrollo, Inc.

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