Crisis De La Descentralizacion

Quiero empezar la redacción de estas líneas haciendo mención a lo advertido por

Julio Cotler en el cuaderno número 15 de la PNUD; en el que afirma que el problema de “la descentralización es el mayor peligro que tiene el Perú" ante la poca preparación de las autoridades elegidas en las regiones . Y es que lo advertido por COTLER en la actualidad deja de ser una predicción para convertirse en la penosa realidad que atraviesa el país.

Observemos, en primer lugar, que la descentralización en nuestro país está estrechamente ligada con el proceso de regionalización mediante el cual se busca lograr la conformación de regiones como divisiones políticas del país. No se necesita ser un tratadista de Semiótica o Semiología para aceptar que términos como "regionalización", "regionalismo", "regional" (que, obviamente, puede predicarse del Gobierno, de la Administración, etc.) y "región" forman una estructura semántica originada en esta última expresión.

De un modo semejante puede advertirse claramente, que el Derecho político, o Derecho constitucional, muestra que existen diversos enfoques y conceptos de la Regionalización, como -por ejemplo- los que en seguida pasamos a mencionar. El Derecho inglés visualiza la Regionalización bajo el aspecto de devolución ("devolution"), entendiendo confesadamente que se trata de restituirle o reintegrarle a la Región o a la localidad los derechos que anteriormente gozó. El Derecho norteamericano, por su parte, enfoca la Regionalización en base a los conceptos de "local self-government", bajo los cuales -como sabemos- se cobija una amplia gama de entes públicos. El Constitucionalismo clásico admite dos clases de Regionalización (en lo que, por lo demás, recoge la clasificación bimembre-tradicional): la administrativa y la política .

El tema de la descentralización ha sido ampliamente discutido y se ha avanzado mucho en lo que a teoría se refiere, sin embargo, no se puede decir lo mismo acerca del tema de la funcionalidad o el propósito de la descentralización, éste trabajo parte bajo la premisa de que la función principal de un proceso de descentralización es procurar el desarrollo regional, en tal sentido considero que no se ha logrado cumplir con el propósito de dicho proceso, esto ya que no se ha establecido una relación entre el proceso y su objetivo, así como el tratamiento de los diferentes aspectos que intervienen en dicho proceso.

Algunos autores utilizan el enfoque de la provisión de bienes públicos , para explicar de forma singular la función de la descentralización y sus diversas manifestaciones. Este enfoque parte de la función del rol del estado como proveedor y distribuidor de bienes públicos (seguridad ciudadana, salud, educación, servicios básicos, etc.) y las transferencias que este pudiera realizar están referidas a la provisión y/o distribución de bienes públicos. Lamentablemente en nuestro país en la mayoría de casos por no decirlo casi en todos, lo mencionado con anterioridad no se ha cumplido; observándose así claramente una crisis extendida por todo el país; basta con observar la realidad para corroborar lo dicho; cada vez hay más inseguridad ciudadana, los servicios de educación, salud, etc. Solo son de buena calidad en algunos lugares próximos a los centros que reúnen el poder económico, político, administrativo y además comercial coincidiendo así con el eje teórico de la teoría Centro - Periferia .

La problemática para el análisis de este tema en la actualidad se ha agudizado y es que cada vez son más los reportes de casos de corrupción de las autoridades que al final son las principales encargadas de hacer funcionar el modelo de descentralización; así por ejemplo el diario la republica señala que mayoría de presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos actos de corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre otros .

Las cifras reflejan una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en procesos de licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas privadas.

La lista es encabezada por el presidente

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