Crisis En La Habana

Crisis en La Habana

PORTADA Al secuestrar dos policías las FARC refuerzan el creciente escepticismo que rodea la negociación y les dan munición a Uribe y a los críticos del proceso.

En medio del creciente pesimismo que rodea las negociaciones de paz en La Habana, el secuestro de dos patrulleros de la Policía por parte de las Farc en el Valle del Cauca no podía haber llegado en peor momento. El hecho, que llevó a las partes a quebrantar por primera vez su acuerdo básico de no trasladar la guerra a la mesa de negociaciones y a los micrófonos, se ha convertido en la primera crisis seria que enfrenta el proceso y, de paso, le dio buena munición a los detractores. Es, sin duda, un campanazo para ambas partes: de no manejar con tino sus profundas diferencias, gobierno y guerrilla pueden acabar descarrilando la negociación aun antes de que esta produzca sus primeros resultados.

Para nadie es un secreto que las conversaciones en La Habana entre el gobierno y las Farc despiertan cada vez menos entusiasmo entre la opinión pública y se han convertido en el caballo de batalla de la oposición que lidera el ex presidente Álvaro Uribe contra Juan Manuel Santos. Para un proceso que necesita mostrar resultados pronto, la caída en manos de la columna Gabriel Galvis de las Farc, el pasado 25 de enero, de los patrulleros de la Policía Víctor Alfonso González y Cristian Camilo Yate, fue un repentino apretón al tubo de oxígeno que alimenta la negociación.

Como un nervio desnudo, lo ocurrido con los policías tocó la fibra de un país que se vio de golpe devuelto a los tiempos, no muy distantes, en que las Farc mantuvieron durante años a uniformados y civiles encadenados en la selva, para presionar su intercambio por guerrilleros presos. Por eso, al secuestro de los uniformados, de la semana pasada se le dio vasto despliegue. A partir de ahí, la crisis escaló.

Escalada

Cuatro días después, las Farc publicaron un comunicado “Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra, y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo”, decía, reiterando las propuestas de intercambio humanitario y de buscar un acuerdo para humanizar la confrontación. Además, el comunicado insistió en que las Farc habían abandonado las “retenciones de carácter económico”, aunque declaraban que seguía vigente la célebre ley 002, anunciada por el Mono Jojoy para extorsionar empresarios.

“Un secuestro es un secuestro”, dijo al día siguiente un severo Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, rompiendo por primera vez el silencio que él y sus compañeros habían adoptado hasta entonces como mantra de las negociaciones. Dijo que acciones como esa “atenta(n) contra el proceso” y que si las Farc no quieren terminar el conflicto, “que nos lo digan de una vez, para no hacerle perder el tiempo al gobierno y a los colombianos”.

Al otro día, cuando se instaló la quinta ronda de las negociaciones, Iván Márquez acusó al gobierno de buscar “un ‘florero de Llorente’ para romper la mesa”. Reiteró que lo acordado es no discutir en esta asuntos de la guerra, como lo ha hecho la guerrilla “frente a los bombardeos (…) contra nuestros campamentos en tregua unilateral”. Y remató, en obvia alusión a los dos policías que “resulta insensato que mientras se hacen declaraciones de escalar la guerra se eleven quejas por las consecuencias que esta desata”.

De la Calle salió al poco tiempo a decir que las únicas leyes que imperan en Colombia son las del Estado y que “las Farc no pueden dictar leyes, menos para encubrir propósitos extorsivos”, en referencia a la ‘ley 002’. Y ratificó que el gobierno ni se dejará presionar a un cese al fuego bilateral, ni discutirá la ‘regularización’ del conflicto.

En los días siguientes otras voces se sumaron. “Yo no hablo con bandidos”, dijo el ministro de Defensa. “O negocian con sinceridad o serán responsables del final de los diálogos” espetó el ministro de Interior. E intervino el presidente Santos: “Si las Farc creen que con secuestros van a presionar el cese al fuego, se equivocan”. Y añadió: “Las fuerzas armadas conocen muy bien la orden clave y perentoria: con todo contra esta organización”.

Para complicar aún más este tenso cuadro, la escalada no fue solo verbal, fue también militar. El día que se reanudaban las negociaciones, las Farc mataron en una emboscada a cuatro soldados en Policarpa, Nariño, y los militares les atribuyeron el secuestro de tres civiles en Piamonte, Cauca, pronto liberados en medio de un gran operativo militar. Al día siguiente, los militares y la Policía anunciaron la muerte, en un bombardeo, de Jacobo Arango, jefe del frente 5 de las Farc, y otros cinco guerrilleros (un jefe de frente no caía hace casi ocho meses). Horas después, tres miembros de la Policía Fiscal y Aduanera morían abaleados en una carretera en Carraipía, La Guajira, presuntamente a manos del frente 59 de esa guerrilla.

La nota más alta la puso, en la tarde del viernes primero de febrero, el más recalcitrante opositor al proceso, Álvaro Uribe, quien envió a sus 1,7 millones de seguidores un trino con la foto de los policías ensangrentados tirados en el pavimento, y

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