Crisis del Transporte Público en Santiago

Crisis del Transporte Público en Santiago

El Gran Santiago ha experimentado transformaciones radicales en los últimos 30 años. Como parte de la centralización económica del país, podemos observar que si en 1990 los habitantes eran 5.190.548, se pronostica que en 2020 la población aumentará a 7.460.708 . Adicionalmente, el área urbana de la Región Metropolitana se cuadruplicará en el mismo periodo.

Lo anterior plantea desafíos constantes al sistema de transporte público en Santiago, ya que implica mover cada vez más pasajeros en rutas más diversas y extensas.

Etapa de Incubación: “Micros amarillas”

Hasta 1990, el transporte público de Santiago no tenía un control acucioso respecto a tarifas, recorridos, cantidad de buses o antigüedad del material, ni tampoco una normativa que pusiera límite a los gases que éstos emitían. Así, en el año 1991, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, comienza una serie de cambios y medidas, cuyo objetivo era ordenar el sistema. Se estructura así, el llamado Nuevo Sistema de Transporte Licitado de Locomoción Colectiva, conocido popularmente como “micros amarillas”, que comienza a operar en 1992, según el decreto 212 de nuestro país.

Para modernizar el transporte público, se inicia un proceso de licitación que incluía una restricción a la antigüedad de los vehículos públicos en el país y un programa de retiro de todos aquellos fabricados con anterioridad a 1973, según la resolución 157 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Los principales objetivos eran reducir la congestión vehicular, combatir la contaminación y contar con un sistema de transporte moderno y regulado.

Pese a que los cambios implementados incrementaron la cobertura de recorridos (sobre todo en la periferia), y a que se logró rebajar la tarifa, esto no fue suficiente. Los problemas de contaminación acústica y atmosférica no cesaron, al igual que la alta congestión, y una deficiencia en el material de los buses se evidenció a lo largo de los años ‘90. Asimismo, el número de accidentes, atropellos y malos tratos por parte de los conductores, comenzó a reflejar un deterioro en el sistema.

Propagación

Con el sistema de micros amarillas, se generó un exceso de autobuses (casi 14 mil) en 1990 lo que, en conjunto al modelo de tarifas— establecidas arbitrariamente por los conductores— y a la inexistencia de un contrato de trabajo— quienes recibían un porcentaje de su salario bajo la modalidad de “boleto cortado”— produjo una alta competencia entre conductores y entre líneas, que compartían recorridos para captar pasajeros. (Briones 2009 41)

La descarnada competitividad generaba una serie accidentes y atropellos por exceso de velocidad que no eran controlados. Además, el 80% de los recorridos circulaba por las principales arterias de la ciudad, lo que generaba alta congestión vehicular y un incremento de la contaminación ambiental y acústica. (Briones 2009 41)

Asimismo, el sistema no contaba con una tarifa integrada, por lo que los transbordos hacia otro bus o metro requerían del pago de una nueva tarifa completa, lo que afectaba directamente al bolsillo de los pasajeros.

Otra dificultad del sistema recayó en el escaso profesionalismo de los conductores, quienes no tenían capacitaciones ni cursos formales que contemplaran las necesidades del usuario y la convivencia con el entorno. (Díaz, Gómez-Lobos y Velasco 6)

Pese a los beneficios de este sistema, es innegable que durante los ‘90 fue muy complejo alcanzar las metas establecidas en primera instancia por el Ministerio de Transportes.

Proceso de Mitigación

De todos estos problemas, que comenzaban a evidenciarse dentro de la sociedad capitalina durante los ‘90, el único que se abordó realmente, durante este periodo, fue el de la contaminación ambiental.

Según el sitio Memoria Chilena, en la década del noventa la presión mediática y de la opinión pública, llevó a que la protección del ambiente y sus recursos formaran parte de los programas y políticas de gobierno de modo permanente.

La alta contaminación que generaban las micros, para ese entonces, se vuelve un problema de imagen, por lo que en 1994 se establece que los buses deben cumplir con la norma ambiental EPA-94 , reforzando el control de la contaminación que emitían.

Sin embargo, esta medida de mitigación solo responde a la dimensión

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