Crisis en el espacio publico en Barranquilla

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Actividad No.2 - Radicación de trabajo individual

Enfoques sobre lo Público

Por: Robert Remon Benítez

Agosto de 2017

Crisis por invasión del espacio Público en Barranquilla.

El espacio público es un requisito necesario para la existencia de cualquier sociedad, está conformado por aquellos lugares de disfrute común donde nos reunimos con los demás para compartir opiniones y realizar intercambios, los cuales hacen posible que establezcamos vínculos y relaciones con otras personas, sitios como plazas y parques son lugares importantes para el esparcimiento de jóvenes y diversión de nuestros niños, las calles y aceras para la adecuada movilidad de peatones y vehículos, y en general todos aquellos lugares de uso público, es por esto que el Estado debe encargarse de proveer y garantizar los espacios necesarios para estos fines y regular su uso para el beneficio de todos los ciudadanos.

Existen factores que inciden de forma negativa en el uso del espacio público en la ciudad, situaciones como el desempleo y el flujo de población desplazada por la violencia han obligado a muchas de estas personas a utilizar el espacio público como su lugar de trabajo, el fenómeno de las ventas ambulantes y estacionarias parece ser la problemática que representa mayor dificultad para la administración.

Recientemente se abrió de nuevo el debate acerca del papel que juega el gobierno local en la defensa del espacio público sin atentar contra el trabajo digno, sin embargo, este no hace parte de una discusión donde tiene que medirse la jerarquía de derechos y deberes, tampoco un test donde se resuelva qué prevalece más, por el contrario, debe analizarse desde la garantía de cada uno de ellos, porque es posible hacerlo. (https://www.traslacoladelarata.com/2016/07/21/espacio-publico-vs-derecho-al-trabajo/)

A esta problemática confluyen entonces el interés particular y el general enmarcados dentro de la realidad socioeconómica en que se encuentra el país, y el Estado, en el desarrollo de ese papel proveedor y garantista del espacio público cuenta con amparo constitucional, es por esto que las conductas orientadas a proteger el espacio público tienen el carácter de legítimas, sin embargo existen limitaciones en cuanto a las medidas para su recuperación, estas deben guardar respeto por los derechos fundamentales de quienes puedan resultar perjudicados por esas actuaciones, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones cuando afirma: “…emerge en esta problemática una tensión que se genera por un lado, en el deber de las autoridades estatales de proteger la integridad del espacio público cuya destinación es el uso común y prevalece frente al interés particular y, por el otro, en la concreción del derecho constitucional al trabajo de las personas que como consecuencia de su estado de marginalidad y exclusión del mercado laboral  tienen como única opción para satisfacer sus necesidades básicas dedicarse a actividades comerciales informales, que desarrollan en aquel.” (Ver Sentencia T- 053 de enero 24 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil)

Desarrollo del cuestionario

1) ¿Cómo se evidencian los conceptos de opinión pública y esfera pública?

La esfera pública constituye básicamente el espacio político que la sociedad ocupa cuando tematiza y debate acerca de asuntos de interés público y ejerce presión sobre quienes adoptan decisiones acerca de ellos con el respaldo de la ley o de la autoridad. Interpela, por tanto, al sistema político como también a la administración pública. En general, todos los enfoques autodenominados “neo-públicos” coinciden en reconocer la importancia de la participación ciudadana en la administración pública. (¿Qué ha pasado con lo público en los últimos 30 años? Balance y perspectivas – Nuria Cunill Grau)

En la problemática planteada se evidencia el concepto de esfera pública en el sentido de que tanto los ciudadanos afectados por las conductas orientadas a la recuperación del espacio público como la ciudadanía en general que se ve afectada por la invasión de estos espacios, lejos de estar en conflicto, la generalidad de este segundo grupo se solidariza con el primero (al punto de intervenir a favor de los trabajadores informales al entorpecer y muchas veces evitar que se lleven a cabo estos operativos de desalojo y/o recuperación) puesto que coinciden en que los planes o políticas de recuperación del espacio público que ejecuten las autoridades, que implique desalojos y limitación de derechos, deben contemplar medidas alternativas que protejan a estas personas a fin de hacer menos traumática la aplicación de tales programas, garantizándoles el derecho al trabajo mediante políticas públicas de reubicación y formalización económica. La opinión generalizada (opinión pública) respecto a este tema es que está bien que la administración pretenda recuperar el espacio público, de hecho, tiene el deber y amparo constitucional para hacerlo, pero que eso no puede establecer, como ha venido ocurriendo, una violación al derecho al trabajo y a la vida en condiciones dignas de estas personas.

De acuerdo a lo anterior, como resultado de esa presión que ejerce la sociedad en la búsqueda de soluciones a estas situaciones de interés público, y como reacción a las deficiencias estatales en materia de políticas públicas efectivas e integrales, las partes interesadas a través de mecanismos judiciales como acciones de tutela y acciones de grupo han ganado terreno, vía jurisprudencia, en el camino a lograr la concreción a los ideales formados en la esfera pública y manifestados a través de la opinión pública; ejemplo de ello lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-607 del 21 de septiembre de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio: “…Puntualmente, las actuaciones para recuperar el espacio público deben: (i) proteger a los vendedores ambulantes en atención a su situación de vulnerabilidad; (ii) realizar el contenido del derecho fundamental al debido proceso; (iii) garantizar el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes a través del principio de confianza legítima; y, (iv) adoptar e implementar políticas públicas de recuperación del espacio público y reintegración social, y económica de personas en situación en estado de vulnerabilidad potencialmente afectadas por dichos proyectos, a partir de estudios sociales de reinserción.”

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