Delincuencia

Pocos fenómenos traen consigo una alteración más aguda de la convivencia que el fenómeno delincuencial y, especialmente dentro de la delincuencia, la cometida por menores de edad. Ante estos supuestos la sociedad se siente en ocasiones inerme, impotente e indefensa.

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La delincuencia juvenil es además una característica de sociedades que han alcanzado un cierto nivel de prosperidad y, según análisis autorizados, más habitual en los países anglosajones y nórdicos que en los euro mediterráneos y en las naciones en vías de desarrollo.

Las estadísticas registradas en materia de delincuencia de menores señalan que, año tras año, aumenta la participación y utilización de menores en actividades delictivas; la prevención, y no la represión, es la mejor estrategia para reducir a niveles de normalidad la delincuencia juvenil.

Estas alarmantes cifras, no desaparecerán con la creación de nuevos centros reclusorios, ni con el aumento de penas sino, por el contrario, a través de los programas en todos los sectores, tendientes a integrar a la sociedad, a quienes por factores geográficos, ecológicos, sociales, económicos, se han marginado de los valores de nuestro entorno.

En el nuevo código, pasamos de una ley protectora del menor en situación irregular a un texto en el que se brinda una protección integral a todos los menores de edad; se amplía la cobertura y se constituye como norma rectora de la ley el derecho a la felicidad de todos los menores. No sólo nos interesaremos en ellos cuando estén en aprietos, sino en todo momento, en busca de su sana integración a los modelos comportamentales adoptados por la sociedad. El Estado participa al garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, obligando a que dichos entes territoriales adopten las partidas presupuestales suficientes.

...