Dictadura. "Proceso de Reorganización Nacional"

El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compusieran el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional".

 No pretendían sólo reemplazar a un gobierno, proscribir al peronismo o quebrar el orden democrático. Sus objetivos eran de más largo alcance e incluían el abandono del modelo industrialista iniciado décadas atrás, el disciplinamiento social y la eliminación física de todo aquel que se opusiera en su camino.

Se puso en marcha un plan ordenado y sistemático para el logro de los objetivos propuestos. Como consecuencia de ello, se profundizó el espiral de violencia que se había iniciado años atrás, ya que la dictadura no dudó en someter a la sociedad toda a dos formas de violencia: la violencia del Estado y la del libre mercado.

El régimen legal constitucional vigente fue modificado, ya que desapareció la división de poderes, al tiempo que se acumulaba todo el poder en la Junta de Comandantes, que no sólo tenía funciones ejecutivas sino también legislativas, porque todos los jueces fueron declarados en comisión, y los que eligieron permanecer en sus cargos debieron jurar fidelidad a las “Actas y Objetivos del Proceso de Reorganización Nacional”, que en los hechos reemplazó a la Constitución Nacional.

El Congreso Nacional fue disuelto, al igual que las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes municipales. La dictadura también suprimió los derechos civiles y las libertades públicas, anulando las garantías constitucionales.

El Proceso tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva del Terrorismo de Estado. Esta política incluyó una estricta censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística. Se llevó a cabo una sistemática labor de censura, en la cual se quemaron cientos de miles de libros. Así pues, de editoriales como el Centro Editor de América Latina se quemaron 1.500.000 de ejemplares, y de Eudeba unos 90.000. Los medios de comunicación al igual qu las manifestaciones artísticas fueron vigiladas. A partir de entonces y durante siete largos años, la violencia represiva del Estado silenció cualquier tipo de opinión o información considerada como peligrosa por el gobierno.

También fueron suspendidas las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, disolviéndose la CGT y la CGE. Fue suspendido el derecho a huelga, penándolo con 10 años de cárcel. Claramente se trataba de acallar todas aquellas voces que se levantaban en defensa de sus propios interese, y que se veían directamente perjudicados por la nueva política económica.

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