EL ACCESO A LA JUSTICIA EN TIEMPOS DEL COVID-19

EL ACCESO A LA JUSTICIA EN TIEMPOS DEL COVID-19

Un tema de mucho interés a razón del panorama de pandemia que estamos viviendo, que involucra a las personas que acuden a los órganos jurisdiccionales para que éstos se pronuncien justamente respecto de un hecho de su interés. Y no solo involucra a dichas personas; sino, como veremos más adelante, involucra más que simplemente a esas personas.

Esta pandemia no solo ha presentado un reto en torno a la salud para las personas, sino también otro reto no menos importante que ello, del cuál hablaremos, que es el desafío que representa esta pandemia a las personas involucradas en torno al sistema judicial. Sistema judicial que antes de la pandemia ya presentaba un reto enorme para dichas personas.

Poniendo de lado las críticas al sistema judicial antes y durante la pandemia, me enfocaré en todo lo respecto desde el punto de vista económico del Derecho.

Una externalidad negativa que salta a la vista principalmente en el sistema judicial en este contexto de pandemia es que la mayoría de los casos judiciales son o serán inevitablemente diferidos, en otros casos paralizados, generando injusticia o perjuicios para algunos. Esos algunos que, de no haber pandemia, no hubieran tenido estos problemas o perjuicios.

Dicha externalidad negativa plantea un reto para el Estado, el de que acudan a los órganos jurisdiccionales para evitar se prolongue un daño a estos y consecuentemente y posiblemente se contagien de covid-19, por lo tanto, tendrían una sociedad con muchos más infectados, o hacer algo que haga que sigan avanzando los casos sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.

Ante ello el Estado optó, como muchos otros Estados por las audiencias virtuales. Eligió ello porque representaba un costo de transacción menor al de que asistan presencialmente y consecuentemente contagiarse, con lo que el costo de transacción sería muchísimo más alto debido a que el Estado tendría que ocupar más camas en sus hospitales, posiblemente estén asegurados en el SIS, reduciendo la inversión en el Perú al ser un país con más contagios; por mencionar algunas consecuencias; consecuencias que desde el enfoque económico acarrearían un costo de transacción más alto al Estado. Y no solo al Estado, sino a las personas, abogados que tendrían que asumir un costo de transacción más alto. Es por ello que, ante este problema, el Estado intervino decidiendo que las audiencias deberán ser virtuales.

Un factor a tener en cuenta en el enfoque económico es que los costos y costas de un proceso se han visto reducidos, y también la información que se aporta en una audiencia también, porque de por si el hecho de no estar presente genera un crecimiento en la asimetría informativa de las partes.

Una conclusión al problema planteado sería que el uso de las audiencia virtuales es algo óptimo desde el punto de vista económico para todos los operadores jurídicos y personas en torno al sistema de justicia.

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