ENSAYO RESOLUCIÓN 9.70 COLOMBIA

En Colombia hace 2 años entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el cual prometía muchos beneficios para los colombianos como por ejemplo la creación de nuevos empleos y el aumento de las exportaciones, lo cual suponía un crecimiento económico para el país. Estados Unidos exigía muchos requisitos para la firma de este tratado, dentro de los cuales estaba cumplir con unos estándares de calidad para los productos cosechados y fabricados en el país. Por este motivo, se creó la Resolución 9.70 de 2010 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el cual se encarga de controlar la producción, el almacenamiento, la comercialización y la transferencia de semillas en el país.

La resolución 9.70 define que en el país solo pueden ser comercializadas aquellas semillas “legales” que sean certificadas por el ICA con el supuesto de mejorar la calidad y la higiene de las semillas cultivadas, sin embargo, lo que en verdad buscaba esta resolución era monopolizar el mercado de semillas, cediéndole el control absoluto a las transnacionales como Syngenta, Du Pont y Monsanto que poseen el 47% del mercado de semillas en todo el mundo y que además venden otros productos para el cultivo de sus semillas como los abonos y tratamientos requeridos como los pesticidas.

Las consecuencias de esta resolución han afectado en gran medida a los agricultores y a los pequeños y medianos campesinos que constituyen el 60% de los colombianos. Una de las poblaciones más afectadas fue Campoalegre, Huila conocida como “La capital arrocera del Huila”, ya que les prohibieron comercializar los cultivos de arroz criollo y continuar con la tradición que tenían de guardar parte de las mejores semillas cosechadas para ser reutilizadas en próximos cultivos. La 9.70 considera que al reutilizarlas, se están violando los derechos de autor de la empresa productora, obligando así a los agricultores a tener que comprar semillas nuevas cada vez que siembren.

Se puede observar en el documental 9.70 de Victoria Solano, cómo el estado atenta contra la dignidad de los campesinos y agricultores, ya que además de prohibirles hacer lo que toda una vida habían hecho, iban a ser judicializados por no cumplir con los requisitos que el ICA exigía para comercializar las semillas. Además de esto, se botaron más de 100 toneladas de sacos de arroz que habían cultivado los campesinos con semillas re-utilizadas, sabiendo que hay gente muriéndose de hambre en el país.

Uno de los aspectos más preocupantes de este asunto, es que el ICA advertía que el fin de la resolución, era el control fitosanitario para garantizar que los agricultores tuvieran semillas de excelente calidad. Sin embargo, se denunciaron casos de contaminación de semillas certificadas que generaron grandes pérdidas a los agricultores, y no había herramientas legales que obligaran a los productores o vendedores de estas semillas a responder.

Se puede evidenciar “lo político” en el documental, cuando los campesinos y agricultores al estar regidos bajo una democracia, reclaman los derechos que tienen ante el estado de ser asesorados por un abogado. El abogado se encarga de defenderlos, con el argumento de que en ningún momento hubo una socialización por parte del ICA o de Fedearroz acerca de la nueva resolución que iban a imponerles y que por lo tanto el error fue del mismo estado.

Todos sabemos que la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los representarán en el manejo del país. Esta escogencia se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben actuar según lo indique nuestra Constitución Política de 1991 y las leyes, procurando siempre lo mejor para el país; sin embargo, en el municipio de Campoalegre, este dirigente encargado de velar por el bienestar de todos los habitantes no lo hizo de buena manera.

La alcaldesa de Campoalegre, debió ser la encargada de comunicarles a los campesinos y agricultores acerca de la nueva resolución, pues ella al ser la representante más importante del municipio en cuanto a la política, tiene el deber de velar por el bienestar y los intereses de sus conciudadanos e impulsar políticas locales para mejorar su calidad de vida; pero no fue así pues al no comunicarles esta información los afectó de gran manera, no solo económicamente al prohibirles continuar con su manera de trabajar que venía desde hace muchos años sino que lo más preocupante es que los perjudicaría judicialmente si no cumplían a cabalidad lo que esta resolución dice acerca de la siembra de semillas certificadas, además de que no podrían almacenarlas y guardar una parte de las semillas de la cosecha para una próxima siembra como comúnmente lo hacían ya que esto sería considerado como violación a los derechos de autor de los fabricantes; es decir, a estos campesinos y agricultores que han trabajado toda su vida humildemente , esforzándose por conseguir el pan de cada día para sus familias, ahora serian tildados de delincuentes por el hecho de incumplir esta nueva ley impuesta por el gobierno para la entrada en vigencia del TLC en nuestro país.

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