El VIII Plan De La Nación

El VIII Plan de la Nación (1990-1994) emerge dentro de una grave situación económica y presionado por el esperado refinanciamiento de la deuda externa, donde el gobierno promueve un cambio en la orientación política económica del Estado, el cual fue denominado “El Gran Viraje”, que pretendía modificar el modelo sustitutivo por uno de economía de mercado, y de esta forma acompañar las tendencias de la globalización y las liberalizaciones de las economías mundiales, minimizando el tamaño e intervención del estado dando prioridad a la actividad privada.

En medio de un proceso que por un lado procuraba la descentralización del sistema político nacional, particularmente con las elecciones de Gobernadores y Alcaldes por primera vez en la historia democrática Venezolana, pero que por otro lado lejos de estimular el desarrollo local tendía lógicamente a someter la economía nacional a la competencia internacional.

Adicionalmente se presenta un Plan paralelo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que priorizaban una estrategia económica de mediano plazo y una macroeconómica para 1989 , de esta forma se veía fuertemente marcada la injerencia de los intereses foráneos en la política nacional, que trajo como consecuencia los acontecimientos de explosión social del 27 de febrero de 1989 conocidos como “El Caracazo”, las rebeliones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, y la destitución posterior del Presidente Carlos Andrés Pérez, que marcaron el colapso del sistema político representativo vigente a partir de los sucesos del 23 de enero de 1958.

Durante el período de 1989 a 1994 la pobreza en Venezuela pasó de 44% a 53%, mientras que la pobreza extrema pasó de 20% a 27% , con una tasa promedio interanual de inflación de 48,28%, claras consecuencias de que las políticas establecidas en el Plan de la Nación para este período entraban en completa contradicción con sus propios planteamientos que afirmaba que de no incorporarse a la economía de libre mercado sería condenar a los venezolanos al desempleo y la pobreza.

A razón de los acontecimientos que se vivían a escala mundial, y bajo una fuerte crisis económica, política y social que estaba sumergido el país el nuevo gobierno para el período presidencial 1989 – 2004 presidido por Carlos Andrés Pérez que daba continuidad en el poder a su partido Acción Democrática por quien lo precedió el Ex-Presidente Jaime Lusinchi, y que por tanto repetía la hegemonía del bipartidismo adeco-copeyano que había gobernado en los 30 años anteriores.

El VIII Plan de la Nación (1990-1994) conocido como “El Gran Viraje” modificó el modelo de desarrollo Venezolano hasta ese momento orientado por las influencias de la CEPAL basado en el proteccionismo de las economías nacionales, por tanto una apertura hacia la economía de libre mercado es la base fundamental del nuevo planteamiento para la nación, con una influencia de la Perestroika, con las ideas de Mijail Gorbachov, de lo que debería ocurrir para una transición económica, política y social en la Unión Soviética (URSS) y en el resto del mundo; que destacaba en sus aspectos que El Comité de Planificación Estatal cambiará la inspección diaria del trabajo por la autorregulación empresarial.

Los planteamientos fundamentales para justificar el nuevo rumbo a emprender, estaban basados en el agotamiento del modelo de desarrollo sustitutivo que al respecto en la presentación al Congreso Nacional se indicaba que:

“Durante la vigencia del modelo sustitutivo el país experimentó un vigoroso proceso de crecimiento, el cual estuvo ligado en buena medida a los lineamientos centrales de la política económica expresados en los distintos planes de desarrollo. Sin embargo, la instrumentación de esos planes no logró resolver problemas tales como excesiva dependencia de la industria petrolera y el crecimiento económico rápido pero desordenado, lo cual derivó finalmente en el surgimiento de grandes desequilibrios económicos, financieros y desajustes sociales y culturales durante la década de los años ochenta”.

Al respecto otro argumento sobre el cual se sentaban las bases del nuevo plan se refería a los logros del pasado expresado en los siguientes términos:

“Venezuela tiene hoy una democracia muy sólida. Esto no ha sido producto de la casualidad sino de la toma de conciencia por parte de nuestra dirigencia de la necesidad de reducir las tensiones sociales, erradicar la violencia y buscar los acuerdos que den una mayor legitimidad al sistema”.

Esto terminaba siendo por tanto un síntoma de la desconexión de la praxis de la planificación y la realidad nacional; puesto que, aunque el Plan fue presentado en 1990, apenas a menos de un año el 27 de febrero de 1989, el estallido social ocurrido mostró las debilidades del sistema político actual y de la gravedad y agudeza de la crisis del modelo vigente hasta la fecha.

Hay una insistencia permanente en juzgar la intervención estatal en la economía, por lo que al respecto se indica que:

“La bonanza financiera fue acompañada por un desordenado crecimiento del sector público, así como la ampliación de la intervención del Estado en la actividad económica del país. La complejidad de la intervención estatal contribuyó a la pérdida de eficiencia en la economía y en la gestión del Estado. Hoy se tiene la convicción de que con los recursos que dispuso el sector público se pudo haber obtenido un producto social mucho mayor del que se ha logrado”

La justificación del plan preveía lo que ocurriría si no se modificaba el modelo, argumentaba que los costos de inacción serían mayores y golpearían a los más débiles con mayor fuerza, más adelante esta predicción vería unos resultados muy diferentes, pues como consecuencia de la aplicación del plan se incrementaría la pobreza y pobreza extrema, con unos márgenes de inflación que alcanzaron sus límites más altos de la historia venezolana hasta ese momento, superiores al 80% y promediando más de 48% en su tasa interanual.

En el VIII Plan de la nación se visualizó la crisis como una oportunidad planteando como circunstancias favorables del momento: la sólida base petrolera y de otros recursos naturales, el contexto internacional con rasgos positivos que facilitaba la integración regional y mundial, el plantel industrial moderno con capacidad para mejorar y competir, la amplia infraestructura de apoyo a la producción distribuida en todas las regiones, el desarrollo del potencial humano del país y de cambios en los valores socio-culturales y el consenso social básico y presiones por mejorar el sistema democrático; a lo que se referían era a una conciencia colectiva que reconoce la necesidad del gran viraje, pero no definía a quiénes se refería en términos concretos.

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