Expropiaciones De Tierras: ¿casos Aislados O Política De Estado?

En los últimos años, el gobierno venezolano ha emprendido un camino largo de medidas arbitrarias que se han convertido en atropellos a la ciudadanía del país, bajo la premisa de asegurar condiciones óptimas para el Estado y mejorar la calidad de vida de los venezolanos. La expropiación, ha sido una de las más repetidas en todos los estados de Venezuela, y las que se refieren al sector agrario, aún más.

Lucía Sosa

Las expropiaciones de tierras en el país pasaron de ser casos aislados a convertirse en una política de Estado emprendida por el Gobierno Nacional, que deja a su paso sinsabores y consecuencias irreversibles: el declive del sector agropecuario nacional. El Fundo San Luis, ubicado en Calabozo, estado Guárico, es muestra de la irresponsabilidad e inconsistencia del Gobierno al llevar a cabo estas medidas.

ARADO

El comienzo

El 3 de diciembre de 2008, nueve personas invadieron 100 hectáreas por la parte de la finca más lejana de la casa, vivienda principal de Rolando Sosa y Jeannette Montoya de Sosa, rompieron cercas y metieron un tractor a trabajar. Los afectados indican haber solicitado ayuda inmediata de las autoridades de Poliguárico. “Fuimos citadas las dos partes a la prefectura y allí los invasores, cuando las autoridades les informan que cometieron un delito penado en el Código Penal en su Art. 471, acceden a salir de nuestros predios y firman una caución, donde se comprometieron a respetar los linderos”, aclara Montoya. Informa que los ciudadanos que estaban presentes en el lugar, se instalaron pegados a una cerca donde armaron una carpa, a la espera de poder tomar posesión de sus tierras, “denunciadas al Instituto Nacional de Tierras (INTI) por ellos”.

El desarrollo de los hechos

Desde ese día, según manifiesta la pareja Sosa, comenzó el hostigamiento de los invasores a los animales que permanecían en el Fundo San Luis, trabajadores y hasta a ellos mismos. Animales golpeados víctimas de disparos, hasta agresión personal a Rolando Sosa. “Cuando mi esposo le reclamó su entrada a la finca a robar nuestra madera, el invasor se le vino encima con un machete a agredirlo”, revela Montoya. Todas estas incursiones de quienes estaban ocupando la tierra de manera ilegal, fueron impedidas o neutralizadas por la Guardia Nacional, según consta en una denuncia de fecha 3 de febrero de 2009, ante la Fiscalía del Ministerio Público que realizaron los dueños del predio.

La afectada señala que “el día 19 de febrero del mismo año, al enterarnos en la publicación del diario local La Antena de una denuncia del 12 de febrero pasado, asistimos al INTI, acompañados de nuestro abogado Luis Bello, pedimos copia certificada del expediente y que se nos permitiera su revisión a los fines de ejercer nuestro derecho a la defensa y el respeto al debido proceso, el cual se nos negó”, por lo cual asegura haber ejercido sus alegatos a ciegas, es decir, sin tener la oportunidad de revisar las actuaciones efectuadas por la institución antes mencionada. Luego, el 4 de marzo acudieron de nuevo a la oficina regional del INTI y aseveran haber entregado toda la documentación, acompañada de una inspección ocular donde constaba que la finca estaba productiva.

El 26 de mayo de 2009, la ciudadana comentó que se encontraban inspeccionando la cerca que habría sido reparada en su totalidad por ellos, “pues los invasores la rompían constantemente provocando el extravío de reses”, y en ese momento se topan con funcionarios del INTI, que entraron a sus predios por donde entraban los invasores, rompiendo cercas. Puntualizó que les reclamaron, debido que el Fundo tiene su entrada principal y ellos les respondieron entregando una notificación donde declaraban 100 hectáreas ociosas. “Pedimos una medida de protección a los animales y a la actividad agropecuaria ante el Tribunal Superior Agrario, quedando a la espera de la inspección del mismo, la cual se nos negó”, dijo.

La presencia del gobernador William Lara

Por un anuncio, el 2 de octubre a tempranas horas de la mañana, en una radio comunitaria se declaró que iban al fundo a quitarles las 103 hectáreas que le quedaban a la familia Sosa del anterior procedimiento. Hizo acto de presencia la máxima autoridad regional para ese momento, el ciudadano William Lara, hoy fallecido, con el actual alcalde del municipio Francisco de Miranda, Porfirio Fajardo, acompañados por el director del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), Jorge Sánchez, junto al asesor legal de este ministerio, Luis Carrizales, el hoy diputado electo del estado Guárico, por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Jesús Cepeda Villavicencio, también el coordinador nacional del frente Ezequiel Zamora, José Bolaño; el coordinador regional del INTI Fernando Colmenares y el diputado al Consejo Legislativo Ramón Barreto. “De esto nos enteramos por una llamada de un amigo que nos alertó de lo que sucedería, disponiéndonos a sacar de la finca lo que consideramos más valioso, mautes, pertenencias personales etc.”, expone Montoya. A las 10am de ese día se presentaron las autoridades antes mencionadas, acompañadas de la fuerza pública, Policía municipal, Policía regional y Guardia Nacional, donde se les leyó el acta que “nos arrancó de nuestra justa y legítima posesión las hectáreas que quedaban en nuestro poder por causa de rescate de tierras por utilidad pública”, de esto hay la evidencia del video donde se muestra la actuación del ciudadano gobernador Lara, recalca.

La apropiación

Desde ese viernes se dispusieron a rastrear reiteradamente la finca, acabando los pastizales, agrega Sosa, lo que trajo como consecuencia la muerte por inanición de varios animales, el uso de esos predios para actos proselitistas del PSUV, también la pretensión del asesor legal del MPPAT Luis Carrizales que “pretendió llevarse el abono acumulado a lo largo de 26 años de actividad pecuaria, argumentando la medida cautelar sobre las tierras, a lo que me opuse, recordándoles que los delitos de lesa humanidad no prescriben y que ellos atentaban contra nuestro derecho a la propiedad privada”, narra la denunciante.

Desde ese día, confiesan, ha sido un largo peregrinar por los medios de comunicación nacionales, quienes les han ayudado a no dejar que el caso San Luis sea olvidado, pues “desde ese triste 2 de octubre, se nos dijo que se haría un inventario para reconocernos nuestras posesiones, animales e infraestructura y hasta los momentos, después de disponer de las instalaciones que nos pertenecen, animales y material agrícola no nos han pagado ni un centavo de esto, a pesar de que se hizo un avalúo de todo, para la justa, oportuna y debida indemnización”, denuncia.

El 28 de mayo de 2010, tuvieron la audiencia correspondiente

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