Garantias Constitucionales; Reforma Energetica

“LA REFORMA ENERGÉTICA”

INTRODUCCIÓN

La reforma energética se centra en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la entrada de la iniciativa privada al sector energético.

El artículo 25 nos habla acerca del fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza. De igual forma protege la actividad económica que realizan los particulares. La modificación a este artículo es para dar mayor autonomía e independencia a Pemex, y que pueda tomar sus propias decisiones de desarrollo.

El artículo 27 habla acerca de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, que originalmente corresponden a la nación, también corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, así como todos los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria. Los Estados Unidos y el Distrito Federal lo mismo que los municipios y toda la República, tendrán capacidad para adquirir y poseer los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.

Hay restricción para todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal, esto fue desde el primero de diciembre de 1876 hasta la fecha.

La intención es quitarle al artículo 27 la prohibición de realizar contratos con la iniciativa privada, y sólo dejar la restricción para concesiones.

Por otra parte el artículo 28 explica acerca de la prohibición de monopolios, los estancos y las excenciones de impuestos conforme lo fija la ley. La ley castigará todo acaparamiento que tenga por objeto obtener el alza de los precios, también fijará bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional. El Estado tiene un banco central que es autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, cuyo objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

El Estado puede en caso de interés general concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan.

Lo que se busca es modificar el apartado 28 constitucional para establecer que la petroquímica básica tendrá el carácter de "área prioritaria" y no "estratégica", pues actualmente en el caso de la primera se permite participación de "los sectores social y privado”.

CONTENIDO

La reforma energética es urgente en México; la demanda de energía crece más rápidamente que el Producto Interno Bruto (PIB) y hasta ahora las dos terceras partes de la generación de energía se han logrado quemando hidrocarburos, es decir, recursos naturales no renovables. Desgraciadamente las reservas de petróleo probadas se han reducido a la mitad, porque el descubrimiento de nuevos yacimientos ha sido insuficiente para compensar la producción; se ha llegado a calcular que de seguir al mismo ritmo, la extracción de los hidrocarburos y la demanda de ellos para el consumo interno y para la exportación, las reservas se agotarán en unos 13 años.

Obviamente este plazo se puede alargar en la medida en que se descubran nuevos yacimientos, pero las exploraciones en tierra firme y en aguas someras han dado escasos resultados; se ha publicado en la prensa que los nuevos mantos descubiertos alcanzan apenas para compensar una tercera parte de la caída de la producción de Cantarell.

Los técnicos consideran que en aguas territoriales mexicanas del Golfo de México se encuentran reservas enormes de unos 50 mil o 60 mil millones de barriles, pero desafortunadamente éstas se hallan a unos dos mil metros por abajo del fondo del mar y Pemex carece de los recursos financieros y técnicos para emprender la exploración y la perforación de este tipo de pozos.

Pemex podría tener los recursos económicos necesarios si el gobierno le diera un tratamiento fiscal igual al de cualquier empresa industrial, pero esto no es posible en el mediano plazo, porque la hacienda pública depende en más de 30% de sus ingresos de las ministraciones que recibe de Pemex y si éstas se redujeran al nivel normal habría que sustituirlas por otros impuestos de los cuales el más lógico, técnico y viable sería la homologación del IVA; sin embargo, esta solución parece políticamente imposible por la cerrada oposición

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