Indigenas

Con mayor o menor contundencia, explícitamente o con la omisión total del tema, las constituciones venezolanas que precedieron a la actual (1.999) revelan el escarnio, las privaciones y la total exclusión que padecieron nuestros pueblos originarios después de la conquista española. Aunque ahora suene inverosímil, los descendientes directos de los pueblos que habitaban el territorio venezolano antes de la llegada de los españoles, en 1498, eran denominados "salvajes", "no reducidos", "indígenas no civilizados" o "ciudadanos pasivos" en los textos constitucionales. En otros casos, simplemente no eran mencionados.

No fue sino hasta la Constitución de 1.947 que se suprimieron tales términos para referirse a los ciudadanos indígenas. Un ideal independentista frustrado

La primera Constitución de la República, promulgada en 1.811, da cuenta de las intenciones que tuvieron los promotores de la Independencia por reivindicar a los pueblos indígenas. Allí se les reconoce por primera vez la condición de ciudadanos y "hombres iguales a todos los de su especie", así como la prohibición de emplearlos en "servicios involuntarios a tenientes o curas". En esta primera Carta Magna también se expresa la necesidad de repartirles "las tierras que les estaban concedidas" y que habitaban para ese entonces.

Sin embargo, este ideal se esfumó con la caída de la primera República. Ya para la siguiente Constitución, en 1.819, los indígenas pasaron a formar parte de los "ciudadanos pasivos", que, entre otras limitaciones sociales, no gozaban del derecho al sufragio. Tierras arrebatadas "legalmente"

A partir de 1.858, las constituciones comenzaron a hacer mención de los territorios habitados por nuestros pueblos originarios, denominándoles "regiones despobladas o habitadas por indígenas no civilizados", y declarándolas tierras dependientes del Ejecutivo bajo "régimen especial". Así, todas las etnias comenzaron a perder "legalmente" derechos sobre sus propios territorios, toda vez que era la misma Constitución del país la que les confería ese carácter de dependencia con el Estado.

Después de esta disposición, ninguna Constitución, hasta 1.999, se pronunció sobre el tema de las tierras que habitaban los indígenas venezolanos, ni remitió la creación de una ley especial para atender el problema. Más de 140 años después, la Carta Magna de 1.999, un proyecto impulsado por el presidente Hugo Chávez, dedicó un capítulo especial a los derechos de estos pueblos, entre ellos, el reconocimiento de "los derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan" (artículo 119 de la Constitución vigente).

Además, fueron creadas la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001) y la Ley Orgánica de Pueblos

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