Informe Anual Sobre Trata de Personas 2011

Informe Anual Sobre Trata de Personas 2011

27 de junio de 2011

A continuación les presentamos una traducción extraoficial del décimo Informe Anual sobre la Trata de Personas (sección Guatemala), publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

GUATEMALA (Nivel 2)

Guatemala es un país fuente, de tránsito y destino para hombres, mujeres y niños, víctimas de la trata de personas, específicamente con fines de servidumbre sexual y trabajos forzados. Mujeres y niños guatemaltecos se encuentran en condiciones de prostitución forzada dentro del país, así como en México y los Estados Unidos. Niños de Guatemala y de otros países de Centroamérica se encuentran en condiciones de explotación sexual comercial, particularmente en la ciudad de Guatemala y en las fronteras de Guatemala con Honduras y México. Hombres, mujeres y niños guatemaltecos son sometidos a trabajos forzados dentro del país, a menudo en la agricultura o el servicio doméstico, y en particular cerca de la frontera con México y en la región del altiplano. Hombres, mujeres y niños guatemaltecos también se encuentran en condiciones de trabajo forzado en México y los Estados Unidos en la agricultura y la industria del vestuario. Los indígenas guatemaltecos son particularmente vulnerables a la explotación laboral. En la zona fronteriza con México, niños guatemaltecos son explotados para la mendicidad forzada en las calles y el trabajo forzado en los vertederos municipales. Guatemala es un país destino para la prostitución infantil forzada de mujeres y niñas de El Salvador, Honduras, Colombia y Nicaragua. Los migrantes de países centroamericanos transitan a través de Guatemala en ruta a México y los Estados Unidos; algunos pueden convertirse en víctimas de la trata de personas. El turismo sexual infantil es un problema frecuente en ciertas zonas turísticas, tales como La Antigua, Puerto Barrios y los alrededores del Lago de Atitlán; los turistas sexuales infantiles principalmente provienen de Canadá, Alemania, España y los Estados Unidos. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales y funcionarios del gobierno, las redes del crimen organizado siguen involucradas en algunos casos de la trata de personas.

El Gobierno de Guatemala no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Durante el período del informe, las autoridades guatemaltecas mantuvieron los esfuerzos para el cumplimiento de la ley contra la trata e inauguraron un albergue especializado para víctimas de la trata de adultos. Las autoridades guatemaltecas continúan colaborando con la sociedad civil para desarrollar e implementar protocolos sobre la protección de las víctimas y aumentar los fondos para la secretaría responsable de la coordinación de los esfuerzos gubernamentales contra la trata. Las unidades de investigación, sin embargo, seguían siendo financiadas insuficientemente, muchos jueces y funcionarios para el cumplimiento de la ley estaban informados insuficientemente sobre la trata de personas y la complicidad oficial seguía obstaculizando los esfuerzos contra la trata.

Recomendaciones para Guatemala:

•Implementar vigorosamente la ley contra la trata de personas y los estatutos que prohíben el turismo sexual infantil;

•Continuar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de la trata, especialmente en los casos donde se sospecha de trabajos forzados y de servidumbre doméstica, así como condenar y castigar a los delincuentes de la trata, incluyendo a los funcionarios públicos que sean cómplices en la trata;

•Mejorar la disponibilidad de servicios especializados para las víctimas en todo el país, incluyendo los que puedan ser ofrecidos a través de alianzas con la sociedad civil;

•Dirigir entrenamientos contra la trata para jueces locales, policías, oficiales de inmigración y otros funcionarios del gobierno y aumentar los fondos para los esfuerzos contra la trata, particularmente para las unidades fiscales y policiales del país.

PROSECUCIÓN

El gobierno aumentó los esfuerzos en el cumplimiento de la ley contra la trata durante el año. El Artículo 202 del Código Penal guatemalteco, que entró en vigor a principios de 2009, prohíbe el transporte, el traslado, la retención, el hospedaje o la recepción de personas con propósitos de explotación, incluyendo la prostitución forzada, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la mendicidad, la esclavitud, las adopciones ilegales o el matrimonio forzado, además de otros propósitos prohibidos. Las penas previstas en el Artículo 202 son de ocho a 18 años de prisión; bajo circunstancias agravantes, tales como cuando el crimen involucra secuestro, amenazas, violencia, armas o a un funcionario público, las penas incrementarán un tercio. Estas penas son suficientemente severas y proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. Varios casos de la trata, sin embargo, continúan siendo procesados bajo otros estatutos, tales como "corrupción de menores", que conllevan sentencias menores. El gobierno mantuvo una pequeña unidad de fiscales para investigar y procesar los casos de la trata de personas; no obstante, más de la mitad de las investigaciones de esta unidad estuvo enfocada en las adopciones ilegales, las cuales no corresponden a la definición internacional de la trata de personas. Esta unidad sólo tenía tres fiscales y carecía de fondos y personal suficientes. Durante el período que cubre este informe, las autoridades lograron 10 condenas por delitos de la trata de personas, dos de las cuales fueron acusadas bajo la ley contra la trata de personas; las otras convicciones se lograron bajo los estatutos relacionados con el proxenetismo de niños y el empleo de niños en trabajos que arriesgan su integridad y salud. Las sentencias oscilan entre los tres y los cinco años de prisión; todos los condenados por delitos de la trata apelaron y algunos salieron en libertad bajo fianza. En comparación, durante el año anterior el Gobierno de Guatemala informó sobre siete condenas por delitos de la trata de personas, uno de los cuales fue relacionado con trabajo forzado.

La policía y los fiscales contra la trata padecieron falta de financiamiento, recursos humanos y capacitación. Se informó que algunos jueces desestimaron casos de la trata o absolvieron a delincuentes debido a la falta de entendimiento del crimen. Informes creíbles de organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales y varios funcionarios del gobierno continuaron indicando que funcionarios públicos corruptos impidieron los esfuerzos para el cumplimiento de la ley contra la trata y facilitaron la actividad

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