Iniciativa De Ley

INICIATIVA DE LEY FEDERAL QUE ESTABLEZCA LA PENA DE MUERTE EN CONTRA DE SECUESTRADORES QUE COMENTAN EL ILICITO DE HOMICIDIO CALIFICADO.

12 DE ABRIL DEL 2012

Los suscritos diputados federales Natziely Quintana Vargas, Casandra Segura Olmedo, Dulce María Parra Leyva, Jenifer Robles Alcaraz, Elizabeth Rodríguez Rodríguez, Marvic Alejandro Robles Valenzuela, Flavio Javier Tapia Guzmán, Hugo Rentería Morales, Heriberto David Silerio Iglesias, Alonso Rentería León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, Del Honorable Congreso de la Unión;con fundamento en los artículos 71 Fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; presentó a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de Ley Federal de Pena De Muerte En Contra De Secuestradores Que Cometan El Ilícito De Homicidio Calificado, donde se reformara el Articulo 14 en su párrafo 1ro, 18 en sus párrafos 2do, 3ro y 8vo, y se reforma el 1er párrafo y se adiciona la fracción II, Enciso b y Fracción III al Articulo 22 de La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos para regular los supuestos en los que seria aplicada la pena de muerte que los responsables de la comisión del delito de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado en los términos que prevea la legislación penal que resulte aplicable, bajo el tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La elaboración de un proyecto de iniciativa de ley, es una necesidad de regulación social para los efectos de un desarrollo sustentable y una optima convivencia entre los miembros que la componen, hoy en día en México y otros países, se ha hecho mas visible el problema de los habitantes que han sufrido las consecuencias de los ilícitos de secuestro y que a su vez viene acompañada muchas veces del ilícito de homicidio calificado como los traumas e inadaptaciones sociales que estas crean en las victimas.

Tomamos como ejemplo el principio de la historia de la pena de muerte fue el impulso de la defensa o de la venganza, es decir, la consecuencia de un ataque injusto. Actualmente la pena de muerte ha pasado a ser considerada como un medio importante con el que puede llegar a contar el estado para preservar la estabilidad social.

Cabe mencionar que podemos tomar como fundamento la pena capital mejor conocida como la pena de muerte, y como la pena fundamental de ser la reacción social jurídicamente organizada contra el delito.

Para que sea la reacción legal que el estado tienen y utiliza contra quien demuestre ser un peligro para la sociedad. Esta pena tendrá un fin específico la justicia y la defensa social. Estos tipos de pena pretenden justificar su utilización por razones de necesidad: De tal forma que justificamos el castigo que se infiere al individuo hasta su muerte. Reiteramos que es necesaria por terrible que sea.

Sostenemos que es inseparable la satisfacción de la llamada de justicia restaurando el orden violado y que la racionalidad de la pena deriva de la acción delictiva; es un justo castigo o retribución, no para disuadir a otros pero si evitar su reincidencia. La muerte es una exigencia de justicia, es un pago por el mal cometido.

Disuadir mediante la intimidación otra idea que constituimos como argumento central que utilizan las personas partidarias de la pena capital. Trata de que por su simple enunciado y su aplicación, intimide o disuada a los delincuentes frente a la advertencia generalizada de perder la vida.

Por la incapacitación argumentados que el delincuente debe morir y de tal modo, quedar incapacitado cual si fungiera como desafectado de la posibilidad de volver a linquir. La incapacidad la decretamos mediante la muerte. Inducimos la idea de que no existen otros medios o penas capaces de impedir a tal grado la reiteración de los delitos graves y olvida la privación de la libertad.

Por razones económicas la argumentación la fincamos en que, desde el punto de vista presupuestario del gobierno de nuestro país gasta el 33% del presupuesto destinado a seguridad y justicia es para el sistema penitenciario. En 2007 el Estado mexicano gastó 5.8 billones de pesos en costos directos para mantener a la población carcelaria en prisión. Se calcula que esa cantidad sólo representa el 36% del costo total pues el Estado no considera los costos de oportunidad, los cuales resultan en 13% para la comunidad por pérdida de trabajo y productividad; 17% para las familias en honorarios para la defensa, tiempo invertido en las visitas al reclusorio más la provisión de comida a los internos y los sobornos a las autoridades carcelarias; 18% para los detenidos en relación a la pérdida de salarios, riesgos para su salud y su seguridad y sobornos al interior del penal, y 16% en costos relacionados con la investigación y el procedimiento penal. Por consiguiente se trata de implementar una pena que además de expedita, es barata y se aplica a delincuentes peligrosos que difícilmente se readaptarían socialmente. Parece argumento frívolo que implica la gran manutención de reclusos a criminales que, además de ser peligrosos para la sociedad, son socialmente inútiles.

Información de distintos países que aplican la pena capital como castigo obligatorio al delincuente aseguran que han disminuido considerablemente los crímenes de este tipo en su país, gracias a contemplarlas en sus legislaciones y tomarla en cuenta como la mejor opción para la estabilidad social.

Compañeros diputados apoyemos la demanda de miles de familias de victimas de nuestro país que han sufrido los estragos de estos delincuentes, esta es la mejor opción frívola pero cabe mencionarse como la mejor ya que la violencia en nuestro país a llegado a niveles incontrolables, a la vez que protegemos la seguridad de las familias mexicanas, nuestra autoridad tiene la obligación moral de proteger a laciudadanía y librarla de las acciones de daño para

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