Jornada Internacional:divercidad Cultural

Jornadas Internacionales: Diversidad cultural, derecho y socialismo del siglo XXI

Venezuela 07, 08 y 09 de noviembre de 2007

Conclusiones

Mesa 1. Pluralismo jurídico y diversidad cultural. Igualdad y diferencia en el socialismo del siglo XXI

Se presentó un consenso en relación con los avances de la legislación venezolana, específicamente al reconocimiento de la diversidad cultural, y los derechos de los pueblos indígenas como base de la reestructuración política del estado.

Entre los avances destaca, que la esfera pública está abierta a la participación, representación y toma de decisión de los pueblos indígenas.

Así mismo se observa que la legislación venezolana busca romper con una tradición convencional del Derecho Latinoamericano que pretende ordenar los aspectos culturales de un país a través de una cultura nacional hegemónica. En contrapunto a esta tradición, la Legislación Venezolana establece principio de igualdad, entre las diversas culturas que coexisten en el espacio nacional.

Se consideró que si el Proyecto Socialista del Siglo XXI logra ampliar su horizonte político, y cobijar el tema de la diversidad cultural, podría establecer una conexión entre la pluralidad socio-cultural y la búsqueda de igualdad como un principio de justicia social.

La articulación de la diversidad cultural con la perspectiva de la igualdad como principio de justicia social, implica una agenda política donde lo intercultural se exprese como diálogo entre iguales, más allá de una reforma jurídica, comprometiéndonos con un proceso de transformación socio-cultural. En este sentido, es necesario abrir una amplia discusión, en torno a las implicaciones de la diversidad cultural en el país. Por su parte el estado debe implementar políticas públicas dirigidas a transformar el sentido común y las relaciones que normalizan la exclusión y la discriminación de algunos sectores sociales. Por otra parte se plantea que la discusión en relación con el tratamiento de lo político de la diversidad cultural, puede contribuir a la redefinición de la geometría del poder en Venezuela. El reconocimiento de las instituciones tradicionales indígenas y la gestación del poder público en las mismas, daría pie a discutir las relaciones tradicionales de dominación y la posibilidad del ejercicio del gobierno público popular en sus regiones.

Se identifica una incongruencia en entre la dimensión política del reconocimiento constitucional y la falta de una base territorial donde asentar el ejercicio de autodeterminación reconocido por el derecho internacional a los pueblos indígenas.

Mesa 2. Justicia Indígena y justicia estatal. Los otros caminos para solucionar conflictos.

La pluralidad jurídica en América Latina, es una realidad constitucionalmente reconocida estableciéndose como reto fundamental para toda la sociedad pluricultural latinoamericana, pero sobre todo para los abogados, jueces, magistrados, superar las cargas ideológicas de dominación, que bajo el escudo del positivismo jurídico, impiden avanzar a estados más incluyentes.

Los llamados programas de acceso a la justicia como mediación, conciliación (mecanismo de solución de disputas), son medios para dar salida a las desavenencias que se presentan en los grupos humanos. Estos programas se deben mirar con beneficio de inventario, sobre todo porque pueden traer impactos muy negativos sobre algunos pueblos indígenas, cuando no se privilegian los principios de políticas de reconocimiento que se orientan al fortalecimiento étnico y cultural de los pueblos indígenas.

Estos mecanismos están siendo promocionados en la región por distintas agencias de cooperación, en el sentido de ganar eficacia y eficiencia en los sistemas judiciales (descongestión por un lado y acceso a la justicia por el otro) pero nada tienen que ver con el derecho consuetudinario.

Existe un desconocimiento bastante notable de los funcionarios públicos latinoamericanos sobre los principios y normatividad del Convenio 169 y del derecho consuetudinario en particular.

Los desarrollos legales son bastantes precarios a pesar del exacerbado positivismo, los parlamentos o congresos prefieren no legislar y dar vía libre a la jurisprudencia y a la doctrina para que desde el escenario del poder judicial, se resuelva este complejo asunto

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