Juicio De Amparo

.- PROTECCION DEL JUICIO DE AMPARO

En términos del artículo 103 Constitucional, el Juicio de Amparo procede contra leyes o actos de cualquier autoridad que violen garantías individuales (fracción I) asimismo, procede contra leyes o actos de autoridad federal que invadan el campo competencial de las autoridades locales (fracción II) y por ultimo prospera contra leyes o actos de autoridades estatales o del Distrito Federal que invadan el ámbito competencial de las autoridades federales (fracción III).

Pareciera ser que la procedencia del amparo es muy reducida, sin embargo, por el contenido de la garantía de legalidad prevista por los artículos 14 y 16 constitucionales, el amparo es sumamente amplio, procediendo contra cualquier acto de autoridad que atente contra el orden constitucional o contra el orden legal, puesto que cuando una autoridad estatal se aparta de la aplicación exacta de la ley en materia penal o no se ciñe a los cánones jurídicos, a la interpretación válida de la ley (jurisprudencia) y a falta de éstas a los principios generales del derecho (materias civil, administrativa y laboral), puede promoverse demanda de amparo, atacando esas violaciones, con lo que se da una procedencia mayor al juicio de garantías, haciéndolo un medio de control, tanto de la constitucionalidad, como de la legalidad.

Para que el amparo proceda, se requiere necesariamente, que un acto de autoridad lesione a un gobernado en su esfera de derechos (patrimonio).

Constitucionalmente (art. 103), el amparo procede contra leyes o actos de autoridad que:

Violen garantías individuales, independientemente de cual garantía sea la controvertida.

Importen la interpolación de la competencia entre las autoridades federales con las estatales o las del Distrito Federal, sin importar si la invasión de competencias deviene de actos de autoridad federal o de una autoridad estatal o del Distrito Federal.

Asimismo el amparo procede a instancia de parte agraviada.

De lo anterior, se aprecia que el juicio de amparo, tiende a proteger la esfera jurídica de los gobernados contra los actos de autoridad que ataquen las garantías individuales o que importen la invasión de competencias entre autoridades federales y estatales o distritales.

El amparo tutela el orden constitucional, al orillar a las autoridades públicas a hacer lo que la ley suprema les exige, anulando los actos que sean contraventores del texto de esa norma.

El juicio de amparo es un medio de defensa de la constitución y del orden legal mexicano, haciendo imperante el estado de derecho en México, en la inteligencia de que independientemente de que este juicio propenda a anular actos contraventores de las garantías individuales, es un autentico medio de control de la constitución.

EXTENCIÓN PROTECTORA DEL JUICIO DE AMPARO

El juicio de amparo protege inicialmente al gobernado contra actos de autoridad que vulneren las garantías individuales consagradas constitucionalmente a favor de toda persona. Por tanto el amparo procede exclusivamente contra actos de autoridad

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