LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN COLOMBIA DELIA LORENA AROCA ORTIZ

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN COLOMBIA

DELIA LORENA AROCA ORTIZ

COD: 050950332017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE EDUCACIÒN

LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES

IBAGUE

2018

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN COLOMBIA

La constitución del año 1991 en Colombia, trajo consigo el desarrollo de una serie de estamentos jurídicos altamente novedosos, introdujo garantías ciudadanas, una amplia gama de mecanismos de participación y reestructuró la organización de las entidades territoriales en Colombia, en su conformación geográfica, los cambios no fueron sustanciales, no obstante, en las prerrogativas, funciones y las facultades a su cargo, la transformación del andamiaje estructural del país se vio altamente diversificado, dando paso a unas entidades territoriales más fortalecidas y con una capacidad de acción mayor, más aun sí se hacía una comparativa con la estructura y el modelo imperante en la constitución anterior, donde la centralización del Estado reducía el margen de acción institucional de esas entidades territoriales.

Así, es imperioso reconocer que la Constitución del año 1991, es la consecuencia de la beligerancia entre fuerzas políticas y grupos sociales altamente diversos, pues por primera vez existía una representación de todos los grupos sociales por disimiles que fuesen sus convicciones, que convenían en un gran acuerdo nacional por la unidad del Estado y el fortalecimiento institucional, por tanto, esa pluridiversidad en la participación llevó a tocar temas de vital importancia para reorientar el funcionamiento estatal y con ello dar asiento más profundo a las bases de esa nueva estructura estatal, que buscaba dar cabida a todos y corregir los errores tan costosos para el Estado desde su existencia republicana.

Muchos fueron los temas álgidos que se tocaron alrededor de la constituyente, sin embargo, como lo refiere Estupiñan (2012), la reorientación del modelo estatal y el choque entre centro y periferia en torno a la idea del Estado unitario, fue uno de los temas con mayor convergencia de ideas y que mayor tensión generó, pues ello no solo implicaba de suyo una forma de división geográfica o socio política del Estado, sino más allá, llevaba a la reasignación de recursos, la distribución del poder y la perdida de dominio del centro, para dar espacio a que las regiones fuesen propietarias de su propio rumbo y su desarrollo fuese orientado por sus propias políticas, es decir, implicaba una autonomía relativa pero nunca antes vista en las regiones.

Por tanto, refulge imperioso a partir de lo que aquí se desarrolla, sustentar la tesis de que, es el título XI, de la Constitución Política de Colombia, que atañe a la organización territorial en Colombia, la que más cambios introdujo al modelo estatal colombiano y que más reformas implicó para el andamiaje institucional del país; pues es indudable la influencia de la reasignación de competencias a los entes territoriales, el cambio de un modelo esquemático del Estado jerarquizado en el nivel central y subsumido a un poder constituido en la capital del país, dando cabida a uno en que las competencias estaban repartidas en todos los niveles y la capacidad de decisión dejó de ser una prerrogativa del orbe central.

De esa manera, un  desarrollo cabal de lo planteado, exige hacer un barrido esquemático y muy genérico de los cambios allí introducidos, pues aunque en la Constituyente de 1991 hubo planteamientos múltiples de como reorientar la organización del Estado colombiano, variando entre federalismo y regionalismo hasta la conformación de una república unitaria, es ésta última la que se adopta y transforma el modelo territorial en Colombia, aunque bien, siguiendo con lo expuesto por Estupiñán (2012), la propuesta de constituirse en república unitaria pero con autonomía de las regiones, fue fuertemente atacada, por el temor de la fragmentación y el protagonismo que pudiesen tener los actores armados ilegales en esos territorios, como consecuencia de la autonomía que habían logrado esas entidades territoriales, ello no era más que un temor infundado y altamente propiciado por los capitales políticos mayoritarios en el nivel central que veían como ello podría ser la pérdida del control económico del país en manos de unos pocos.

Ello como antesala a lo vivido en el proceso para el desarrollo de la propuesta de unidad territorial pero a su vez con independencia relativa, proceso entendido dentro del marco de las nuevas prerrogativas dadas a las entidades territoriales, con el fin de propiciar su desarrollo y enfilar los recursos económicos en pro del fortalecimiento de esas unidades o porciones territoriales, que denominó la Constitución Política de 1991 como entidades territoriales, dentro de las que clasificó a los departamentos, los distritos, los municipios y como innovación sustancial dentro de ese marco de agrupación y reconocimiento de todas las porciones territoriales, agregó a los territorios indígenas, muestra significativa de la apropiación de todos los espacios sociales y de la conformación de los integrantes del territorio colombiano, quedando abierta además la posibilidad de constituir como entidad territorial a las regiones y provincias, es decir, el carácter pluralista que enmarcaba la nueva constitución y que tan amplio desarrollo tuvo en torno a la conformación territorial del Título XI, propugno por dar posibilidad real de participación en la conformación del Estado, a la mayoría de los sectores y a la más amplia gama de estructuras territoriales en pro de la participación de la repartición de los recursos, que aunque aún provienen del centro, es su forma de destinación la que se introdujo como elemento bandera de esa nueva estrategia de desarrollo territorial.

Así, con el desarrollo de esa perspectiva territorial, hasta ahora aquí esbozada y que tanto influyó en la nueva conformación estructural del Estado, traída por la Constitución Política de 1991, se introdujo además una serie de conceptos que marcaron el derrotero de la nueva configuración estatal en el país, pues a su turno, la repartición de esas prerrogativas y la distribución armónica de las competencias, en aras de la gestión de los intereses territoriales, se desarrolló en el marco de la autonomía territorial, elemento por demás característico de esa perspectiva novedosa expuesta, lo que implicó la elección de sus propias autoridades políticas, con la incorporación de la elección de Alcaldes y Gobernadores por voto popular, la potestad para el ejercicio de las competencias que corresponden a cada entidad territorial, la administración de los recursos y el manejo de los tributos a los que correspondía su recolección, al margen de la posibilidad de hacerse participe de las rentas del orden nacional, lo que aseguró mayor recaudación tributaria y con ello, el aumento considerable de los recursos para el cumplimiento de las nuevas facultades que le fueron asignadas y que con anterioridad correspondían al orden nacional, frente a esto, Zuluaga (2011), estableció que el desarrollo de ese nuevo título de la Constitución Política, no trajo solo una repartición de competencias y funciones, mucho menos una esquematización de un nuevo modelo de estructura estatal, sino que más allá, desarrollo los términos cruciales para la identidad constitucional colombiana, pues dio aplicación al término unitario, al de descentralización y autonomía, aporte por demás valioso, que no solo implica una perspectiva de desarrollo territorial, sino que más allá propugna por el cumplimiento de los fines del Estado mediante la materialización de las garantías otorgadas a los ciudadanos y la importancia de su participación en la nueva forma de Estado.

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