La ciudadanía y la Administración Pública

Los ciudadanos y la Administración Pública

1. Los derechos de los ciudadanos

LOS CIUDADANOS DEBEN CONOCER SUS DERECHOS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Ésta –debido a su poder- puede verse superior al ciudadano, al cual debe servir. Es por ello importante que todos los ciudadanos sean conscientes de sus derechos frente a los poderes públicos.

En estos últimos años, tanto la Administración central como las autonómicas, han redactado unas normativas para garantizar la calidad de los servicios, la atención y el trato que se ha de dar a los ciudadanos.

Estas normas no son declaraciones de buenas intenciones, sino normas legales cuya vulneración por parte de la administración puede ser recurrida por los ciudadanos.

Así el artículo 9 de la Constitución dice:

“Corresponde a los poderes públicos … facilitar la participación de los ciudadanos en la vida pública, económica, social y cultural”.

Vemos que la Constitución obliga a los poderes públicos a fomentar la participación de los ciudadanos en los distintos ámbitos de la sociedad, a través del derecho de PARTICIPACIÓN. Este derecho se concreta en la realidad en diversos supuestos como:

• Derechos de asociación

• Derecho de reunión y manifestación

• Derecho a votar y ser elegido

• Derecho a formar partidos políticos

Asimismo:

• (Art. 20) Se reconocen y protegen los derechos a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

• (Art. 23) Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de sus representantes.

• (Art. 29) Todos los españoles tendrán el derecho de petición, individual o colectiva, por escrito, en forma y con los efectos que determine la ley.

• (Art. 51) Los poderes públicos fomentarán la información y educación a los consumidores y usuarios.

• LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Art. 54)

- Garantiza la defensa de los ciudadanos frente a actuaciones de la administración pública que sean incorrectas y/o irregulares.

- Es designado por las Cortes Generales

- Ha de rendir cuenta ante éllas. Ha de presentar anualmente un balance de todas sus actuaciones.

- No está sujeto a mandato imperativo alguno. Quiere decir que NO recibe ninguna orden de ninguna de las administraciones públicas.

- Actúa con total autonomía

- Goza de inviolabilidad e inmunidad.

- Su cargo dura 5 años.

• (Art. 35) de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Acerca de los derechos que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con

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