La controversia. pruebas de drogas a estudiantes

Existen leyes que permiten realizar pruebas de drogas a estudiantes bajo "causa o sospecha". Más allá de eso, las pruebas de drogas aleatorias para todos los estudiantes son anticonstitucionales. Muchos partidarios de las pruebas de drogas aleatorias creen que el potencial disuasivo que ofrecen sobrepasa las justificaciones legales en su contra. Los objetores de las pruebas aleatorias de drogas a menudousan estas justificaciones legales para defender la privacidad de los estudiantes y en el pasado siempre han ganado con este argumento. Sin embargo, las mareas políticas comienzan a cambiar a medida que la incidencia del abuso de sustancias entre los adolescentespermanece alta de forma alarmante. De este modo, el problema del abuso de drogas en las escuelas prosigue, mientras que la moral y la ética continúan la batalla contra las leyes y la experiencia

La controversia

Las pruebas de drogas en los alumnos de escuelas públicas y privadas han sido largamente debatidas. La controversia parece arraigarse en los principios básicos de la privacidad personal que establece la constitución, y en la pregunta de si los exámenes aleatorios de drogas son en realidad un disuasivo para evitar su uso. En un estudio citado por el "Journal of Drug Education" en 2005, varios grupos de muestra de estudiantes desde el jardín de niños hasta el grado 12 fueron interrogados sobre su opinión acerca de las pruebas aleatorias de drogas para realizar actividades extracurriculares. Los investigadores descubrieron que los estudiantes eran más propensos a defender las pruebas si estaban involucrados en actividades luego de la escuela, y no estaban utilizando drogas y/o alcohol. La mayoría de los estudiantes también creía que las pruebas no deberían afectar la participación en actividades extracurriculares. Sin embargo, los estudiantes de secundaria de nivel superior dudaban acerca de las pruebas obligatorias de drogas como un requisito para realizar actividades extracurriculares. Estos mismos estudiantes se mostraban menos aprehensivos cuando se les sugirió que todos los miembros de la escuela (estudiantes, administrativos, maestros y entrenadores) tenían que someterse a pruebas de drogas. Los resultados parecen indicar que la controversia sobre las pruebas de drogas para los estudiantes en las escuelas existe más por la inherente violación a la privacidad, que por el miedo a ser descubiertos por el abuso de sustancias. La controversia moral, ética y legal sobre las pruebas obligatorias en las escuelas es un argumento válido, muchos legisladores y administradores de escuelas no están seguros de imponer pruebas de drogas porque éstas infringen los derechos individuales de presunción de la inocencia, como así también el derecho de no ser sometido a búsquedas sin justificación ni orden judicial. Entonces, ya que existen tantas protestas en contra de la implementación de las pruebas de drogas aleatorias, ¿por qué el debate? ¿Cuál es el argumento contrario que mantiene este tema entre los principales tratados por las plataformas educativas y constitucionales?

A favor

A pesar de los tremendos y costosos esfuerzos realizados por los programas de prevención de drogas nacionales y locales, la incidencia del uso de sustancias en las escuelas permanece alta. El Dr. Oscar G. Buckstein, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Pittshburg y psiquiatra del Western Psychiatric Institute, afirma que las pruebas aleatorias de drogas están siendo consideradas en las escuelas debido a la desesperación que genera encontrar una solución alternativa. Nada parece estar funcionando: toda la educación y "tácticas del miedo" no parecen afectar estadísticamente al uso de drogas en los adolescentes. Esta desesperación fuerza a las escuelas a tomar decisiones imperativas y a menudo controversiales para enfrentar la sospecha del uso de drogas. El Dr. Buckstein nota que aunque "las pruebas aleatorias de todos los estudiantes son inconstitucionales, la Corte recientemente ha aprobado una decisión, por cinco votos contra cuatro, de que está permitido hacer una prueba de drogas obligatoria para los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares". Ésto ha tenido implicaciones amplias en el futuro de las pruebas aleatorias de drogas en las escuelas, y parece sugerir que existe un cambio en la lógica detrás de las leyes existentes. Los partidarios de estas leyes sienten que los beneficios que las pruebas de drogas pueden aportar (como una reducción en el uso de sustancias y una intervención temprana para los usuarios de drogas identificados) sobrepasan por lejos los potenciales litigios negativos que rodean el problema

En contra

La principal objeción a las pruebas de drogas aleatorias en las escuelas continúa siendo la violación de los derechos constitucionales: las leyes que presumen la inocencia y las leyes que protegen a los individuos de las búsquedas e incautaciones sin orden judicial. Muchos estudiantes sienten que sus libertades civiles están en riesgo si se permiten las pruebas aleatorias de drogas, ya que esto potencialmente abre la puerta para otras formas de vigilancia y monitoreo que infrinjan sus derechos como ciudadanos. Muchos administradores de escuelas piensan del mismo modo: francamente, muchos temen las ramificaciones legales de siquiera intentar implementar pruebas aleatorias de drogas. El resultado sería una tormenta de batallas legales, lo cual le costaría enormemente al distrito, tanto en tiempo y reputación como en recursos financieros. Además, existe poca o ninguna evidencia que valide realmente la efectividad de las pruebas de drogas mencionadas. El Dr. Buckstein observa que como "hasta tiempos recientes la constitucionalidad de las pruebas de drogas aleatorias era incierta, ha habido poco tiempo para implementar estudios sobre su efectividad". Muchos expertos, incluyendo al Dr. Buckstein, piensan que el problema de las pruebas de drogas aleatorias tiene poco que ver con la evidencia empírica de su efectividad para combatir el uso de sustancias, y más que ver con la agenda política. El Dr. Buckstein concluye su artículo aseverando que "el gobierno y los distritos escolares deben continuar enfocándose en las prácticas respaldadas por la evidencia, en lugar de aquellas que generan revuelo político".

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