Ley de responsabilidad social en radio y televisión

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión

Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (RESORTE) Es el nombre de la Ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela Vigente desde el 7 de diciembre de 2004, cuyo objeto es el de establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, sus relacionados, los productores nacionales independientes y los usuarios en el proceso de difusión y recepción de mensajes, fomentando el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses, a los fines de procurar la justicia social y de contribuir a la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la educación, la cultura, la salud pública, y el desarrollo social y económico de la Nación, de conf[[Archivo:ormidad con las normas y principios constitucionales, de l]]a legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Entre otras cosas, esta ley obliga a todos los prestadores de servicio de radio y televisión a transmitir obligatoriamente los mensajes y alocuciones que el Ejecutivo Nacional considere necesarios. También deben transmitir de manera gratuita y obligatoria mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público seleccionados por el Ejecutivo Nacional, los cuales no deben exceder los quince minutos diarios.

Tlc

Si recordamos los compromisos de

Venezuela con los objetivos de la

CAN de promover el desarrollo equilibrado y armonio de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente del nivel de vida de sus habitantes, nos cuestionamos cuales de todos estos fines serán salvaguardados?, que tan comprometidos están cada uno de sus miembros con estos objetivos?. La normativa aplicable en caso de denun-cia de un país miembro solo permite amortiguar los impactos negativos en los aspectos comerciales; pero lo exime de responsabilidades con el objetivo principal que es el de desarrollo económico, término que va más allá de crecimiento de la economía. Esto nos incita a cuestionarnos sobre el papel o el desempeño que se le esta dando a la estrategia comercial dentro de una estrategia de desarrollo general. Aclarando la definición de desarrollo económico:

“Representa la transformación de una sociedad, el movimiento de formas tradicionales (de relaciones; de formas de pensar; de formas de abordar la salud y la educa-ción; de procesos de producción) a formas más modernas. A diferencia de las sociedades tradicionales que aceptan el “statuquo”, las sociedades modernas

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