Los 8 Cuestiones De Enlace

Los 8 cuestionamientos de Enlace

El Colectivo por una Educación Intercultural realizó un estudio del instrumento nacional de evaluación llamada Enlace, tanto del resultado de los reactivos 2009 como de la observación directa de diversos grupos de alumnos en cuatro escuelas del estado de Chiapas.

Sus conclusiones son que la prueba Enlace les parece cuestionable en 8 niveles:

-Por su propósito “universalista”, que consiste en aplicar de forma estandarizada la misma lógica de evaluación a todos los estudiantes del país, sin consideración de su diversidad social, lingüística y cultural.

-Por su principio metodológico, que consiste en presentar a los estudiantes, de forma escrita, reactivos y diversas opciones de respuestas, de las que sólo hay que escoger la “buena”. Este procedimiento valora un solo tipo de inteligencia –académica, abstracta y discursiva- y promueve más la adivinanza, que las respuestas reflexivas y argumentadas.

-Por su forma de presentación, la cual, además de estar enunciada exclusivamente en español, padece de falta de claridad y coherencia.

-Por el contexto de referencia de los reactivos, de los cuales muchos se quedan ajenos a la experiencia cotidiana y al campo de conocimiento de la mayor parte de los niños y niñas mexicanos, y especialmente de los niños y niñas indígenas y/o viviendo en un contexto rural.

-Por la visión del mundo, el modelo de sociedad, los valores o antivalores que los reactivos van transmitiendo de forma implícita o explícita, algunos constituyendo una apología del consumismo, del individualismo y de la competitividad “occidentales” y un insulto a la identidad y dignidad de los pueblos mexicanos.

-Por sus modalidades de aplicación en las escuelas, muchas veces realizadas por personal no preparado, y en tiempos y condiciones no controladas.

-Por el modo de comunicar los resultados de la prueba a los padres de familia, mediante un formato burocrático que genera un sentimiento de incomprensión, humillación e incapacidad.

-Por su ineficiencia en cuanto a una mejora del sistema educativo con base en los resultados de la prueba.

En el marco del día internacional de la lengua materna en el año 2010, el maestro tseltal acompañado de un centenar de personas procedentes de distintas partes del país y del mundo arrancó en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas la “Campaña contra la Discriminación en la Educación que se ofrece a los Pueblos Originarios”.

En el inicio de esta Campaña que fue presentada en distintas partes del país como Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Oaxaca, Yucatán y la ciudad de México, participaron decenas de organizaciones; en la presentación los maestros de la escuelita del Porvenir en San Juan Cancuc con apenas 401 alumnos y alumnas explicaron la discriminación que se hace a la niñez indígena con este tipo de pruebas.

Lo que más llamó la atención de esta Campaña es su capacidad de convocatoria, al evento realizado en el Centro Cultural Tierra Adentro llegaron maestros bilingües de Oaxaca, estudiantes y académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), del Centro de Estudios de México y Centroamérica(Cesmeca), de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, delegaciones sindicales, representantes de derechos humanos, la Red Nacional Incidencia Civil en la Educación, la organización Melel Xojobal, la dirección de educación indígena de Oaxaca, Bachillerato Intercultural Bilingüe Tatei Yurienaka Iyarieya, Agencia Municipal de San Miguel Huaixtita, Dirección de Educación Indigena de Chiapas y Michoacán, Servicios del pueblo Mixe, Coalición Ciudadana por la Educación A.C. Veracruz, Bachillerato Técnico Bivalente “Bartolomé de las Casas” de Guaquitepec, Fundación Yirtrak A.C., entre otra decena de organizaciones.

¿Discriminación en la prueba Enlace?

En la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación se sostuvo que se entenderá por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

El convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo se establece que los Estados adoptarán medidas para garantizar a los miembros de pueblos indígenas la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles.

El Convenio manifiesta de manera específica sobre el tema que el mejoramiento de los servicios y programas educativos deben ser prioritarios en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan los pueblos indígenas.

Para los organizadores y organizadoras de esta Campaña que inició en 2010, la principal forma de discriminación de los pueblos indígenas ha sido la tendencia a usar la escuela como un instrumento privilegiado para promover la asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural, político y social de la nación.

“Desde una perspectiva homogeneizadora, los pueblos indígenas fueron identificados como una de las principales causas de atraso social y económica de la sociedad mexicana” explicaron las organizaciones que se adhirieron a esta Campaña nacional.

La discriminación institucional tienen como uno de sus efectos más perversos la estigmatización de los miembros de pueblos indígenas bajo la premisa de ofrecer servicios que persiguen “civilizar”, “compensar”, “modernizar”, “integrar” a los pueblos indígenas a la cultura nacional.

La discriminación hacia los pueblos indígenas no sólo se da en el ambiente de las instituciones educativas sino también en las de salud y justicia.

Otro aspecto que permite apreciar la discriminación institucional es palpable en la inversión de infraestructura y presupuesto de operación. Las escuelas indígenas cuentan con servicios precarios, siempre inferiores a los del resto de las escuelas. Asimismo, la inversión en salarios, administración y gestión escolar, formación de profesores o recursos para la enseñanza son los más bajos del sistema educativo nacional.

El Convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas a contar con instituciones propias de los pueblos indígenas para atender las prioridades educativas, y la obligación del Estado de comprometer recursos económicos necesarios para esta tarea.

El artículo 2º constitucional, al referirse a la educación de los pueblos indígenas, reconoce que es necesario preservar

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