Politiqueria

¿Ganar las elecciones faculta a ignorar la Constitución y los tratados internacionales? Al parecer así se deben entender las reacciones del Presidente de la República ante las posiciones de la Ecuarunari en el tema minero. Y aquí es esencial diseccionar el debate. Una cosa es evaluar ventajas y problemas de la explotación minera. Otra es pretender ignorar la jurisprudencia nacional e internacional que hay sobre este tema, conflictivo en todas partes por su incidencia en el medio ambiente.

El presidente Correa quisiera que todas las comunidades; en particular las indígenas, compartieran su punto de vista. Y como la realidad le es adversa, decidió tomar un atajo que no cambia el fondo del problema pero le da la razón política: como él ganó las elecciones en esas parroquias o en esas provincias, aquellos que allí habitan deben plegarse ante todas sus decisiones. En esa línea, la sociedad tiene que ignorar la Constitución de Montecrisiti. Y el país pasar por alto acuerdos internacionales y la jurisprudencia que obliga al Estado y está por encima de su Constitución...

El Presidente toma así el camino más corto para imponer sus visiones: mostrar su caudal de votos. Lamentablemente la simple suma de votos es, como todo el mundo sabe, tan caprichosa como incierta. Por eso en democracia no basta con tener más votos e inclusive con tener la razón. El poder debe someterse a las reglas consignadas en la Constitución y en los tratados. De su cumplimiento depende que tenga la potestad de obligar a los ciudadanos a hacer lo mismo. Se antoja, entonces, poco adecuada e insostenible la fórmula que el Presidente quiere aplicar para votar la reforma minera, por justificada que le parezca.

El mensaje político para su mayoría parlamentaria es absurdo: convertirse en un bulldozer que ahora tampoco tiene, ante sí, un marco jurídico. Esto, solamente porque tiene 107 votos.

Si el Gobierno cayera en ese juego, tomaría una senda irracional: votaría leyes insostenibles y contrarias al derecho. Así expondría al país al mismo riesgo que otros le heredaron: que pronto o tarde, aquí o afuera, una corte condene al Estado ecuatoriano a multas millonarias y que funcionarios suyos se vean forzados a pagar por el derecho de repetición.

La política -el Presidente sigue intentando ignorarlo- es convencer; no imitar a Atila.

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