REFORMAS DE PENA NIETO

INTRODUCCIÓN

El Congreso de la Unión concretó este año una serie de reformas constitucionales y legales que, en algunos casos, llevaban años sin discutirse plenamente en el Poder Legislativo y en otros se trató de promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto. Energía, educación, telecomunicaciones, política, hacendario y financiero, fueron los principales temas que predominaron en la agenda del Congreso de la Unión este año, el primero de gobierno de Peña Nieto. A lo largo del 2013, ambas Cámaras se enfocaron en llevar a cabo cambios a la Constitución Política. Aunque en algunos casos falta que se concrete su aplicación en leyes secundarias, los expertos consideran que se trata de un año histórico por la cantidad y calidad de los asuntos tratados

La presencia de un significativo número de propuestas legislativas que plantean cambios de mayor o menor profundidad a las normas sobre trabajo en México, permiten advertir que el tema es de importancia definitiva en el ámbito parlamentario y simultáneamente será materia de examen y discusión en el resto de los foros nacionales.

La Reforma Constitucional en Materia de Energía aprobada por el Congreso de la Unión permitirá dar un paso decidido rumbo a la modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar a las empresas públicas dedicadas a los hidrocarburos y a la electricidad. Al hacerlo, se propone mantener la rectoría del Estado y ratificar que la propiedad de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo seguirá siendo de la Nación. Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán dotados de mayor autonomía y de un nuevo carácter como empresas productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas. Esta reforma surge del estudio y valoración de los elementos de las distintas iniciativas presentadas por los partidos políticos representados en el Congreso. Estas propuestas fueron enriquecidas

ANTECEDENTES DE LA REFORMA LABORAL

México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por mejorar sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia los trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales han sido precursores o protagonistas del cambio político. Así ocurrió con las huelgas de Cananea y Río Blanco que anticiparon el movimiento revolucionario de 1910 y el nacimiento del derecho del trabajo que fue concebido por el Constituyente de Querétaro en 1917. El constitucionalismo social fue resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz y heroica de la clase trabajadora por el respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza, a lo largo de muchas décadas. Con la creación del artículo 123 constitucional se materializó la existencia de un derecho del trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución.

Un derecho protector de la clase trabajadora sustentado en principios básicos e irrenunciables: la concepción del trabajo como un derecho y un deber sociales, la libertad e igualdad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos que la Constitución y las leyes otorgan y la estabilidad en el empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de las luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de perfil democrático.

El derecho del trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales. Está constituido por un mínimo de garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, susceptibles de ser mejoradas, nunca reducidas o negadas, a través de contratación individual o colectiva.

Derechos colectivos y libertad sindical

El derecho colectivo del trabajo -integrado por la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga- constituye en la actualidad el instrumento mediante el cual la clase trabajadora puede lograr el establecimiento de condiciones laborales que le permitan elevar su calidad de vida y tener acceso a la justicia social. En atención a ello, un postulado básico para los legisladores proponentes es la eliminación del corporativismo sindical, que fomenta relaciones autoritarias y de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los del Estado. En estas circunstancias, se requiere dar paso a organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia estatal o de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada conforme a la ley reglamentaria. Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la clase trabajadora, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical.

Fijación de los salarios mínimos

Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el salario de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del artículo 123 vigente, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y promover la educación obligatoria de los hijos.

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la fórmula de su integración resulta muy interesante: "los representantes de los trabajadores integrarán esta autoridad del trabajo". Sin embargo, los resultados no son alentadores: hoy en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en nada han beneficiado a los trabajadores.

Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en dónde están los patrones más voraces y explotadores de México informó que la iniciativa de reforma laboral que presentará el PRI fue pactada entre este partido y de los hombres ricos de México. Señala en un boletín difundido por el CCE “Esta reforma más que generar empleos dará certeza jurídica a las empresas en la regulación con el trabajador”.

Las ilegales bolsa de trabajo conocidas como outsourcing que cobran por conseguir trabajo, serán legalizadas con la reforma pactada entre los patrones con Peña Nieto y el PRI. La actual ley prohíbe el cobro por conseguir trabajo, (artículos 539-D y 539-II) pero durante años estas empresas aprovechando el desempleo, la necesidad de conseguir trabajo y que las autoridades se hacen de la vista gorda, cobran una comisión a los patrones para garantizarles impunidad, ya que en caso de conflicto laboral ellas contribuyen con documentos para que el trabajador no pueda reclamar

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