Rectoria Del Estado De Miguel De Lamadrid

"MES: DICIEMBRE"

El plan de gobierno del nuevo régimen para el sexenio 1982-1988 es una versión renovada del proyecto nacional de modernización: mayor racionalización administrativa mediante la determinación clara de las competencias de los diferentes sectores económicos, y mecanismos específicos para elevar el nivel de democratización y para la distribución de la riqueza. Una de las primeras preocupaciones de la nueva administración fue fundamentar el plan en el nivel jurídico, con el fin de definir conceptos, responsabilidades institucionales y la obligatoriedad de algunos principios.

Una de las reformas más controvertidas fue la que se refiere a la rectoría económica del Estado y a la economía mixta. El 4 de diciembre, el Presidente envió al Congreso una iniciativa de reformas a los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución. Esta iniciativa establece un sistema de planeación del desarrollo cuyo mecanismo se tipifica en la Ley de Planeación; fija las bases para el desarrollo rural integral y una mejor justicia agraria; precisa la definición de las áreas reservadas exclusivamente al Estado y la función y desempeño de las instituciones, organismos descentralizados y empresas de participación estatal, y define la economía mixta como principio del desarrollo económico mexicano.

En realidad, la modificación de la ley pretendía reconocerle explícitamente al Estado una responsabilidad que ya de hecho tenía y que consiste en conducir el desarrollo nacional propiciando que éste sea equilibrado, integral y justo.

Estas reformas y adiciones, junto con las principales atribuciones en materia económica que se encuentran en otros artículos de la Constitución, dotan al Estado mexicano de las bases constitucionales para la modernización de la legislación de prácticamente todos los aspectos de la actividad económica. En lo que concierne a la economía mixta, se establece la concurrencia de los sectores público, social y privado a los propósitos generales del desarrollo nacional, incorporando todas aquellas formas de actividad económica que contribuyen al desarrollo de la nación. Además, en el artículo 25, se hace explícita la definición de sector social como el conjunto de empresas cuya propiedad no es privada ni estatal, sino de los trabajadores, esto es, cooperativas, ejidos, empresas sindicales, etcétera.

En el artículo 26 se establece que el mecanismo para regir la economía será la planeación democrática. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se reconocía la necesidad de dar cauce a una creciente organización y participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida nacional. La ley transformada establece un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, cuyos objetivos concretos son la elaboración de un plan nacional y de programas sectoriales. Se faculta al Ejecutivo para señalar los procedimientos para el funcionamiento del sistema.

Adicionalmente, el Congreso discutió y aprobó la iniciativa para establecer la Ley de Planeación, reglamentaria del nuevo texto del artículo 26 constitucional. En ella se establece la obligación para el gobierno de hacer consultas permanentes entre los diversos grupos sociales, tomando la opinión de las organizaciones civiles y políticas, así como de los particulares.

...