Reforma De La Ley Del Menor

REFORMA DE LA LEY DEL MENOR

Ante el anuncio de una nueva reforma de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, se suceden argumentos que, por un lado, solicitan el endurecimiento y modificación de aspectos sustanciales del proceso que emana de la norma y, por otro, se alzan voces que exigen atender de forma prioritaria el interés superior del menor. En este punto, nos encontramos con posturas divergentes que animan a reflexionar sobre el debate social que la noticia plantea.

Dicha Ley ha cumplido diez años desde su entrada en vigor, y ello no ha impedido que haya sido objeto de varias revisiones. Cada vez que ha sucedido un trágico suceso relacionado con menores infractores, la sociedad ha clamado justicia en busca de cambios. En ese sentido, no hay que olvidar que ésta norma se ha visto modificada en tres ocasiones, dos de ellas incluso antes de su entrada en vigor.

Acordar consensos en un tema tan convulso y delicado no es tarea fácil, y más cuando partimos de la necesidad de coordinar elementos complejos como son, primar el interés superior del menor, el ajuste escrupuloso de los poderes al Estado de Derecho y, por supuesto, la escucha activa de las demandas sociales que en momentos concretos, siempre coincidentes con hechos trágicos en los que se ven implicados menores de edad, se activan en busca de justicia.

Es más que comprensible que cuando ocurren hechos de estas características el clamor popular sea tal que se busque de manera urgente un recurso que permita dar respuesta inmediata y eficaz a lo sucedido. Los ánimos se caldean justificadamente, la sociedad brama justicia y seguridad, para que no vuelvan a ocurrir historias de tanto dolor e indignación; ahora bien, si atendemos a la voluntad de la ley, hemos de asegurar el efectivo cumplimiento de la medida impuesta, una vez se haya determinado el autor o autores materiales de tales hechos. Ello ha de hacerse por los cauces establecidos legalmente, y buscando atender al sentido claro de la norma que exige el cumplimiento de la medida, el resarcimiento de los daños ocasionados a la víctima y la reeducación y reinserción del menor infractor.

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