Resolucion 960

Los alcances de la resolución 970 se traducen en la exigencia por parte del ICA que nuestros campesinos siembren sólo semillas que han sido certificadas, las cuales deberán comprar a las transnacionales, de esta forma más de 3´.500.000 familias campesinas colombianas se verán obligadas a dejar de lado una práctica ancestral como lo es la reutilización de las semillas nativas, que consiste en tomar la mejor parte de la cosecha y utilizarlas en la próxima siembra; protegiendo y privilegiando de esta forma los “derechos” de autor de las empresas que producen las semillas pues se considera que cuando el campesino las reutiliza está violándolos.

Las semillas certificadas son genéticamente modificadas (transgénicas), pueden valer dos o tres veces más que una nativa y según la resolución sólo pueden usarse en una sola cosecha, además la famosa certificación no es siempre sinónimo de garantía, dado que frecuentemente los campesinos reportan ante el ICA quejas por la mala calidad de las semillas que han sido certificadas, sin encontrar alguna solución o respaldo económico por parte de la entidad o la empresa obtentora de la semilla, además existen estudios que demuestran que las semillas nativas igualan o superan a las certificadas en calidad, salubridad y rendimiento.

El negocio de patentar las semillas es tan redondo que se ha convertido en el tercero más rentable a nivel mundial. Actualmente el 82% de las semillas comercializadas en el mundo están patentadas, diez empresas manejan el 77% del mercado global, de estas, las transnacionales criminales Monsanto, Dupont y Sygenta manejan el 47% del total del mercado y en nuestro país, de todas las semillas certificadas sólo el 8% han sido registradas por empresas colombianas.

La resolución 970 estipula que puede ser penalizado y judicializado el uso de semillas criollas que sean “similarmente confundibles” con una protegida legalmente, por lo cual se podría llegar a criminalizar a los agricultores que posean semillas nativas parecidas a las que son propiedad de las empresas obtentoras, según lo estipulado las penas oscilan entre 4 a 8 años de prisión y multas de 26.6 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Desde el 2010 el ICA viene intimidando y reprimiendo a los campesinos que por desconocimiento de la norma o en defensa de una tradición ancestral continúan usando semillas no certificadas en sus cultivos o reutilizando las mismas, tal como sucedió en el 2011 en Campo Alegre-Huila, donde 20 familias fueron víctimas de atropellos por parte de funcionarios del ICA y de agentes del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) durante la incautación de un lote de 77.000 kilos de semillas de arroz, los cuales posteriormente fueron desechados en un relleno sanitario argumentando que no eran aptas para el consumo humano, pese a que según un estudio de la Universidad Nacional si lo eran. Aunque el ICA se niegue a reconocerlo,

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